Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete de Javier Milei, se presentó voluntariamente en los tribunales para intentar despejar las sospechas por presunto enriquecimiento ilícito. El profesional, especializado en el análisis de este tipo de documentación, aseguró que confundió un cero al consignar una deuda y negó toda intención de ocultar bienes. Sin embargo, la pesquisa avanza sobre múltiples rectificaciones patrimoniales, dinero en efectivo atribuido a una herencia y cambios en los valores de propiedades y vehículos.
En un movimiento estratégico para evitar una citación formal a indagatoria, Francisco Adorni se apersonó de manera voluntaria ante el expediente que lo tiene bajo la lupa judicial y ofreció su explicación respecto de las severas distorsiones detectadas en sus declaraciones patrimoniales. El contador público, hermano del otrora jefe de Gabinete del gobierno libertario, Manuel Adorni, procuró con esta acción adelantarse a cualquier medida de coerción y aportar su relato antes de que el fiscal a cargo profundice nuevas diligencias en la causa que investiga un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En el escrito presentado ante el magistrado, el profesional sostuvo que el origen de la discrepancia más abultada se remonta a un mero desliz administrativo: al momento de informar una deuda, consignó la suma de 130 millones de pesos cuando, en rigor, el monto correcto era de 13 millones. Según su defensa, la incorporación de un cero adicional obedeció a una confusión involuntaria, ajena a toda maniobra deliberada para distorsionar la realidad económica o esconder activos. Con esta postura, el contador busca persuadir a la Justicia de que no hubo dolo ni ánimo de engaño, sino un error material que, de ser aceptado como tal, podría desactivar la hipótesis delictiva que impulsa el proceso.
No obstante, el expediente no se agota en esa única diferencia. La investigación se ha extendido hacia un abanico más amplio de modificaciones que el propio Adorni introdujo en sus presentaciones juradas a lo largo del tiempo. Los pesquisas examinan con lupa las sucesivas rectificaciones que afectaron el valor declarado de inmuebles y automotores, el monto de pasivos, los saldos bancarios, las líneas de crédito e incluso los ingresos atribuidos a su cónyuge. Cada una de esas correcciones suma capas de complejidad al cuadro general, porque revela un patrón de ajustes que, para los investigadores, podría no ser fortuito.
Otro de los capítulos que concita la atención del tribunal es la aparición tardía de dinero en efectivo, justificada por Adorni como producto de una herencia percibida tras el fallecimiento de su padre. Ese argumento guarda un paralelismo llamativo con la versión que su hermano Manuel había esgrimido en público para explicar el origen de una parte significativa de sus propios bienes, lo que añade un matiz familiar a la pesquisa y alimenta las sospechas sobre una eventual estrategia compartida para dar cobertura a fondos de procedencia dudosa.
El perfil profesional del implicado agrega, además, un ingrediente de particular relevancia. Adorni es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y acumula casi veinte años de experiencia en el Consejo de la Magistratura bonaerense, donde entre sus tareas habituales se contaba precisamente el análisis de declaraciones juradas de otros funcionarios. Ese antecedente vuelve inevitable la pregunta que atraviesa el expediente: ¿cómo pudo un especialista de semejante trayectoria cometer un error tan grosero en su propia documentación patrimonial? La paradoja no escapa a los fiscales, que ven en esa supuesta equivocación un elemento más para profundizar la indagatoria.
Con la presentación espontánea, Adorni logró al menos dos cosas: colocar su versión en el expediente antes de que se dispusiera una citación formal y forzar a la Justicia a evaluar sus argumentos con la documentación respaldatoria que anexó a su escrito. Sin embargo, ese gesto no clausura la investigación. El fiscal Marijuán había anticipado la posibilidad de analizar si existió una omisión maliciosa en las declaraciones, de modo que ahora el desafío consiste en sopesar si las explicaciones del contador resultan verosímiles y coherentes con la totalidad de las pruebas recolectadas, o si, por el contrario, persisten indicios suficientes para sostener que hubo un ocultamiento deliberado de bienes.
En este escenario, la principal incógnita que deberá despejar el tribunal es si las múltiples diferencias detectadas —desde el préstamo subdeclarado hasta los ajustes en inmuebles y la incorporación extemporánea de efectivo— pueden encuadrarse en errores administrativos aislados, como sostiene el encartado, o si configuran una conducta sistemática de subregistro patrimonial que merezca una calificación penal. La respuesta a esa pregunta definirá no solo la suerte procesal de Francisco Adorni, sino también el alcance de un caso que, por los vínculos familiares y políticos involucrados, mantiene en vilo a la opinión pública y pone a prueba la credibilidad de quienes, desde el poder, han hecho de la transparencia una bandera.
