Con la morosidad en su pico más alto en veinte años, organizaciones sociales y gremiales confluyen este jueves en el Ministerio de Economía para visibilizar una crisis que, lejos de ser individual, se ha vuelto un fenómeno estructural. Mientras el oficialismo insiste en que se trata de un asunto privado, la oposición acumula proyectos de ley que buscan frenar la sangría financiera, aunque topan con el muro del bloqueo parlamentario libertario.
En una jornada que se perfila como bisagra en la agenda social argentina, miles de personas atravesadas por el flagelo del sobreendeudamiento se congregarán este jueves frente a la sede del Ministerio de Economía, en una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y diversas organizaciones territoriales. El objetivo central es sacar del aislamiento doméstico la angustia de vivir para pagar compromisos financieros y transformarla en una exigencia colectiva que demande respuestas políticas concretas. Desde el ámbito sindical, la central obrera ya anticipó que el plan de acción gremial se intensificará hasta lograr “un giro en el rumbo nacional”, en un contexto donde el Congreso acumula decenas de iniciativas que, sin embargo, permanecen estancadas ante la falta de dictamen en las comisiones controladas por los legisladores libertarios y sus socios estratégicos.
El diagnóstico que atraviesa a los distintos bloques opositores es unánime: el endeudamiento masivo no es un accidente, sino la consecuencia directa de un modelo que privilegió la desregulación financiera y la depreciación persistente de los ingresos. Fuentes parlamentarias señalan que, de las 28 propuestas registradas en la Cámara Baja, el peronismo busca acelerar la construcción de un consenso técnico que permita destrabar una herramienta legal que ofrezca a los deudores un canal efectivo de representación y alivio. La oposición, con crudeza, responsabiliza al presidente Javier Milei por la combinación letal de salarios en caída libre y la liberalización de las tasas de interés, incluida en el decreto 70/2023 —aún vigente—, una norma que, denuncian, fue impulsada por “el lobby inmobiliario” y que apenas no fue derogada por un margen de seis votos.
La contracara del paraíso prometido por el ideario libertario —una sociedad emancipada de la injerencia estatal— se manifiesta hoy en cifras estremecedoras. El experimento desregulatorio, casi tres años después del desembarco de Milei en la Casa Rosada, ha dejado como saldo los índices de morosidad más elevados de las últimas dos décadas. Según el último relevamiento del Banco Central, la mora de los hogares trepó al 12,8 por ciento, mientras que un informe de la consultora Analytica contabiliza 19,8 millones de personas con al menos un compromiso financiero pendiente —abarcando tarjetas de crédito, billeteras virtuales, fintech y mutuales—. De ese universo, cerca de seis millones ya han ingresado en cesación de pagos y soportan a diario la vergüenza y el hostigamiento incesante de los acreedores, un acoso que se extiende como una mancha a sus familiares y círculos de contacto.
La respuesta política, aunque tardía, comenzó a esbozarse desde enero en el bloque Unión por la Patria. Si bien el tema fue incluido en dos sesiones de la Cámara Baja, ninguna de las iniciativas logró ser girada a las comisiones con poder de dictamen por falta de quórum, y el debate quedó circunscrito a la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el diputado Hugo Yasky. “El asunto quedó en un limbo por la coyuntura mediática y el Mundial”, reconoció una fuente legislativa con cierto desencanto. No obstante, en los últimos meses la urgencia del drama financiero se ha impuesto con tal crudeza que otros bloques —Provincias Unidas y la Izquierda— se han sumado a la carrera por presentar proyectos, replicando la dinámica colaborativa que ya había dado frutos durante 2025 con la sanción de leyes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo vetó pero el Congreso logró reponer con los dos tercios necesarios.
En el laborioso proceso de unificación de criterios, el bloque que conduce Germán Martínez avanza en la definición de un “marco conceptual” que permita fusionar las más de veinte iniciativas propias en un único texto viable. Los ejes del debate son dos: primero, delimitar el universo de beneficiarios —si se apunta a los 20 millones que tienen alguna deuda o se acota a los 6 millones que ya están en mora—; segundo, determinar los segmentos específicos a auxiliar, que incluyen desde deudores de tarjetas bancarias hasta quienes recurrieron a créditos informales o billeteras virtuales, pasando por los afectados por tarjetas comerciales no bancarias. Del cruce de estas variables surgirá la letra final del proyecto que la oposición espera aprobar, aunque las fuentes consultadas insisten en que no se busca implementar “un plan platita” sino crear “un mecanismo de mediación extrajudicial” que podría ser gestionado por la Secretaría de Comercio, una estrategia que permitiría esquivar el filtro de la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista Bertie Benegas Lynch. “Lo que proponemos es que un juez pueda intervenir como mediador y examinar el origen y la composición de cada deuda, sin generar costo fiscal ni crear tribunales especiales. Vamos al núcleo del problema”, detalla el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, autor de una de las propuestas más avanzadas.
El escenario parlamentario, sin embargo, se presenta como un campo minado. Las comisiones permanecen bloqueadas por la voluntad de los libertarios, por lo que la oposición planea solicitar un apartamiento del reglamento en la sesión convocada para el próximo 26 de agosto —misma jornada en que el oficialismo pretende tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal—. Ese recurso permitiría emplazar los proyectos de alivio a sus respectivas comisiones, sorteando el obstáculo actual.
Mientras tanto, en la calle, las organizaciones de deudores afinan sus reclamos. Desde Movida Ciudadana, una de las agrupaciones que marchará al mediodía hacia el palacio de Hacienda, la socióloga e investigadora Luci Cavallero exige una ley de emergencia crediticia que instaure un marco integral para el desendeudamiento, regule el accionar del sistema financiero, imponga controles de transparencia y frene las prácticas abusivas. La activista subraya la necesidad de que el Estado recupere su potestad para intervenir en las tasas de interés y diseñe un plan con quitas y condonaciones agresivas, dirigido a familias que se endeudaron para cubrir bienes y servicios esenciales. “Rescatarlas es un acto de justicia económica, no un favor ni un privilegio”, sentencia Cavallero, en una frase que resume el espíritu de una movilización que aspira a romper el silencio impuesto por la vergüenza y la persecución financiera.
El espejo en el que se miran muchas de estas iniciativas es el programa “Desenrola Brasil”, lanzado por Lula en 2023 y vigente hasta mayo de 2024, que permitió a cerca de 15 millones de personas renegociar sus compromisos, incluyendo servicios básicos como electricidad, telefonía y educación, más allá de las deudas bancarias o con tarjetas. Aquella experiencia exitosa alimenta la esperanza de que, en Argentina, también sea posible trocar el ciclo de usura por un horizonte de reparación, siempre que la política se decida a escuchar el clamor que este jueves resonará con fuerza en las puertas del poder económico.
