Martín Pérez, jefe comunal de Río Grande, advirtió que la medida del Gobierno nacional que elimina aranceles para celulares y otros equipos generará un golpe severo a la producción local, profundizando una crisis de empleo y actividad económica en Tierra del Fuego.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, expresó una profunda inquietud frente a la resolución del Poder Ejecutivo nacional de eliminar los gravámenes a la importación de teléfonos móviles, una disposición que se extiende además a televisores y sistemas de climatización. El decreto 333, vigente desde mediados de enero, provocará –según el alerta del mandatario municipal– secuelas inmediatas en el tejido manufacturero de la ciudad.
En declaraciones formuladas, Pérez argumentó que la iniciativa “se inscribe dentro de una estrategia de desarticulación de la industria fueguina que está impulsando la administración de Javier Milei”. Al respecto, subrayó que, contrariamente a rumores sobre ajustes o gestiones para impedir su implementación, “nada de eso llegó a concretarse”.
El jefe comunal enfatizó que la repercusión negativa sobre Río Grande no es un fenómeno reciente, sino que se intensifica con determinaciones de esta índole: “Nuestro parque industrial ha visto desaparecer cerca de dos mil empleos entre el año 2003 y el presente”. A este cuadro, agregó, se suma un contexto económico desfavorable caracterizado por la contracción del consumo en el ámbito nacional, lo que perjudica de lleno a la producción en Tierra del Fuego.
“Nos enfrentamos a un dilema de doble faz: por una parte, la eliminación de la protección para nuestra industria, algo tan necesario y fundamental, y por otra, el derrumbe abrupto de la demanda en todas las urbes del país”, manifestó Pérez. En ese contexto, hizo referencia al cierre de reconocidas firmas comerciales en grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, como síntoma de una realidad generalizada.
Pérez previno, además, que las consecuencias sobrepasan el sector fabril: “Al afectar a la industria electrónica fueguina, se debilita por completo toda la cadena de actividad: el comercio, los servicios de transporte, los emprendedores, todos aquellos que laboran y obtienen su sustento cotidiano”.
Respecto de la entrada de móviles importados sin tributos, el intendente aclaró que se crea una rivalidad desleal, dado que los artículos ensamblados en Tierra del Fuego siguen soportando cargas fiscales domésticas, en tanto que “un dispositivo de una marca estadounidense ingresaría sin costo arancelario alguno”.
Esta circunstancia, según sus palabras, perjudica de manera particular al segmento dedicado a la fabricación de celulares, sector con el cual mantiene un contacto fluido y cuyas empresas muestran una “gran preocupación”. “Nos inquieta lo que ocurrirá cuando deban reanudar sus operaciones en febrero”, afirmó, al mismo tiempo que admitió que, pese a la expectativa de seguir operando con regularidad, la determinación del gobierno central “golpeará de manera inexorable la capacidad productiva de nuestro complejo industrial”.
Pérez vinculó además esta política con una perspectiva más amplia acerca del papel estratégico de la provincia: “Este debate atañe a la soberanía. Para los que habitamos Tierra del Fuego es un asunto vital, aunque en Buenos Aires no siempre se le conceda la debida consideración”.
Para finalizar, propuso que, si la meta fuera abaratar los costos de los dispositivos, hubieran existido caminos alternativos: “Si se busca reducir los valores de los celulares fabricados aquí, debería actuarse sobre incentivos para nuestra industria local, como la eliminación de los impuestos internos”. Según precisó, más de la tercera parte del precio final de un teléfono móvil corresponde a tasas fiscales. “En vez de eso, se optó por la receta más liberal: abrir de par en par las importaciones”, culminó el intendente, previniendo que esta política no solo daña a la industria fueguina, sino también a pequeñas y medianas empresas en todo el territorio nacional, con un efecto directo sobre el empleo.
