Un carguero de BYD arriba a Zárate con 5.500 vehículos libres de aranceles, aprovechando un polémico decreto. El episodio reaviva la tensión entre la apertura comercial y la protección de la industria nacional, en un gobierno que desestima las políticas sectoriales.
Esta noche atracará en el puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires, un buque de la automotriz china BYD transportando aproximadamente 5.500 automóviles eléctricos. A partir de mañana, la filial local iniciará el operativo de desembarco de estas unidades, las cuales ingresarán al país exentas del arancel del 35% gracias al Decreto 49/2023. Esta normativa habilita la entrada anual de 50.000 vehículos eléctricos e híbridos sin gravámenes entre 2026 y 2030.
La regulación presenta una particularidad que expone una contradicción inherente al sector fabril: la mitad del cupo está reservado para las terminales automotrices radicadas en el país, y la otra mitad para importadores sin producción local. Con esta sola operación, BYD acaparará el 20% del total permitido para el año.
La inminente llegada de los vehículos suscitó un agrio intercambio público, aunque conspicuamente ausente de los principales referentes de la industria automotriz argentina. Las declaraciones más resonantes provinieron del diputado de Encuentro Republicano, Miguel Ángel Pichetto, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El legislador, de extensa trayectoria en el peronismo y el macrismo, calificó la adquisición como “una fuga de dólares” y afirmó que “las importaciones aniquilan el trabajo argentino”. Pichetto advirtió sobre la imposibilidad de competir con “una industria subsidiada por el Banco Central de China” y alineó su discurso con la retórica proteccionista del expresidente estadounidense Donald Trump, sugiriendo la necesidad de “frenar a China”.
En réplica, el titular de la cartera económica intentó restar dramatismo al impacto de las importaciones chinas, sosteniendo que “solamente la mitad” del cupo podría ser ocupado por ese origen. No obstante, esta afirmación omite un detalle crucial: las automotrices con plantas en Argentina también pueden importar unidades eléctricas fabricadas en China bajo su propia marca. En teoría, el total de los 50.000 vehículos podría proceder del gigante asiático, dependiendo de las decisiones corporativas.
La doble cara del sector
En este punto se manifiesta la dualidad de la industria. Su participación en este régimen de importación obedece a la necesidad de posicionarse en el incipiente mercado de la electromovilidad, mientras defiende su negocio tradicional de vehículos a combustión. Sin embargo, para el sector, la producción local de autos eléctricos se antoja hoy una utopía.
Aún perduran en la memoria los obstáculos que la propia industria interpuso al proyecto del entonces ministro de Producción, Matías Kulfas, a fines de 2021. Su iniciativa proponía un régimen específico con beneficios fiscales, financiamiento a largo plazo y un marco jurídico estable para impulsar la fabricación nacional de EVs. La falta de consenso interno del sector, sumada a la salida de Kulfas y a la crisis fiscal del gobierno anterior, terminaron por archivarlo.
El plan de Kulfas buscaba emular la estrategia aplicada en Brasil, donde una exención arancelaria similar estuvo atada a un cronograma de reinstalación gradual de los impuestos y sirvió como palanca para atraer inversiones concretas. BYD y su competidor GWM inauguraron fábricas en Bahía y São Paulo, respectivamente, precisamente para evitar futuros aranceles y asegurar precios competitivos. “Allá los cupos se utilizaron como herramienta de política productiva para incentivar la fabricación nacional. Aquí eso no está ocurriendo”, señaló el consultor Alberto Cifuentes.
El divorcio ideológico
El gobierno nacional ha manifestado con claridad su rechazo a las políticas industriales tradicionales. En noviembre pasado, el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, afirmó en un foro académico que “la mejor política industrial es la que no existe”. Esta declaración fue una respuesta directa al reclamo público de Paolo Rocca, CEO de Techint y figura emblemática de la industria local, quien semanas antes había exigido “volver a hacer política industrial”, argumentando que la apertura comercial debía ejercerse con “racionalidad”.
Las palabras de Rocca generaron eco en la Casa Rosada, pero no para reconsiderar posturas, sino para buscar su refutación. Esta semana, el economista Fausto Spotorno, exasesor del presidente Javier Milei, salió al cruce: “Esa realidad no va a volver”, sentenció, equiparando las políticas industriales con un “proteccionismo” que, a su juicio, perjudica al consumidor al encarecer los productos.
La administración actual sostiene un diagnóstico lapidario: considera que la industria local carece de competitividad y ha sobrevivido históricamente gracias a subsidios y resguardos estatales. Su misión, proclama, es terminar con ese paradigma.
Paradójicamente, gran parte del liderazgo industrial ha optado por no confrontar abiertamente con un gobierno que los señala como beneficiarios de prebendas. Ya sea por afinidad ideológica o por una estrategia de no enemistarse con el poder, su silencio público opaca el debate.
Un pilar central de la estrategia oficial es mantener un tipo de cambio bajo, vital para que el Tesoro Nacional pueda adquirir divisas y afrontar compromisos de deuda externa. No obstante, esta misma “dolar barato” erosiona la competitividad industrial: encarece las exportaciones y abarata las importaciones, sometiendo a los productores locales a una competencia asfixiante. Para la visión oficial, esto es parte de un proceso de reordenamiento que, al proveer de bienes más accesibles, colaborará con el control inflacionario, objetivo primordial de la gestión.
Mientras tanto, en la realidad cotidiana, las fábricas continúan cerrando, el empleo industrial se contrae y se disipa un capital de conocimiento y oficio que, una vez perdido, resulta extremadamente difícil de recuperar. La llegada del barco de BYD no es solo un evento logístico; es el símbolo de una encrucijada que definirá el perfil productivo de la Argentina en las próximas décadas.
