El juez Marcelo Gelcich hizo lugar al pedido de la propia cooperativa láctea, que admitió no poder hacer frente a una deuda cercana a los 120 millones de dólares. El fallo confirmó la inviabilidad financiera de la compañía en el mediano plazo y evidenció un deterioro progresivo que se aceleró incluso durante el proceso concursal.
En un fallo que conmueve los cimientos de la industria alimenticia argentina, la Justicia decretó la quiebra de SanCor, la histórica cooperativa láctea, después de que la propia firma solicitara esa medida ante la imposibilidad manifiesta de afrontar sus obligaciones económicas. La resolución, dictada por el magistrado a cargo del expediente, Marcelo Gelcich, puso fin a un extenso período de incertidumbre y crisis que arrastraba la entidad con sede en Sunchales, otrora orgullo de la producción nacional.
El recorrido crítico que desembocó en este desenlace estuvo signado por un pasivo abrumador. Según consta en los documentos judiciales, la cooperativa acumula compromisos financieros por un valor cercano a los 120 millones de dólares, una cifra que resultó insostenible a pesar de los intentos por reordenar las cuentas. El juez sostuvo en su pronunciamiento que el reconocimiento explícito de la propia empresa acerca de su incapacidad de pago equivale, en los hechos, al fracaso del procedimiento preventivo de crisis, allanando el camino hacia la declaración de bancarrota. En este marco, el magistrado calificó la situación como una “quiebra indirecta”, producto de la frustración anticipada y notoria del concurso de acreedores que la compañía había iniciado en febrero del año anterior.
A lo largo del extenso fallo, el titular del juzgado detalló un cuadro de deterioro progresivo que, lejos de detenerse, se profundizó incluso durante la vigencia del propio proceso concursal. La empresa no logró estabilizarse; por el contrario, continuó generando nuevas deudas de manera constante y alarmante. El expediente revela que el pasivo posterior a la presentación en concurso crecía a un ritmo aproximado de 3.000 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos ordinarios resultaban insuficientes para cubrir siquiera los gastos operativos básicos. Ante esta realidad, el magistrado subrayó que no se trataba de una dificultad pasajera o coyuntural. “La empresa no es económicamente viable en el mediano plazo, configurando un escenario de insolvencia que no puede revertirse”, sentenció en uno de los pasajes centrales de su resolución.
La compañía, que durante décadas representó un modelo de cooperativismo exitoso en América Latina, acumula compromisos verificados con más de 1.500 acreedores, en un contexto adverso marcado por la merma sostenida de la producción y la pérdida paulatina de participación en los estantes. El nivel de procesamiento de leche experimentó una caída estrepitosa: de los cerca de 4 millones de litros diarios que se transformaban en sus plantas en épocas de mayor esplendor, se pasó a menos de 500.000 litros por jornada. Paralelamente, la directiva impulsó la enajenación de marcas emblemáticas y el cierre de varias plantas fabriles como una estrategia desesperada para mantener el funcionamiento mínimo, aunque ninguna de esas medidas logró revertir la tendencia negativa. A esos reveses se sumaron decisiones empresariales cuestionadas y planes de financiamiento que nunca llegaron a concretarse, factores que terminaron por cavar más hondo la fosa financiera de una institución que, durante años, fue sinónimo de presencia en la mesa de los hogares argentinos.
