Mientras las negociaciones por la reforma laboral concentran la agenda política, el núcleo económico y legal del Ejecutivo ultima los detalles del decreto que implementa la ley de inocencia fiscal. La medida es considerada la herramienta esencial para atraer divisas informales y generar un repunte en el crédito privado.
En medio de un contexto económico complejo, con una inflación que aún ronda el dos por ciento mensual y un esquema de vencimientos de deuda en dólares que exige atención constante, el equipo económico y legal del Gobierno libertario avanza a contrarreloj en la letra fina del decreto que reglamentará la ley de inocencia fiscal. Esta normativa se erige como el instrumento central para captar los llamados “dólares del colchón” y, según la visión presidencial, constituye la única posibilidad concreta de reactivar el consumo interno durante el presente año.
La redacción del texto se encuentra en manos del Ministerio de Economía, la ARCA –sucesora de la AFIP– y la propia Casa Rosada, con la mirada personal del presidente Javier Milei. El mandatario sostiene la convicción de que la entrada de divisas, ya sea para la adquisición de bienes o para su ingreso al sistema bancario, generará un dinamismo en el crédito privado que terminará por impulsar la demanda. En el marco de una política de ajuste permanente, esta iniciativa se transforma en la llave para que la sociedad perciba una mejora tangible en la actividad económica.
Las expectativas oficiales son ambiciosas. Milei proyecta alcanzar una tasa de inflación del 0,9 por ciento para el mes de agosto, aunque recibe advertencias internas sobre el posible impacto recesivo de una desaceleración tan pronunciada. Hasta el momento, el crecimiento económico medido por el INDEC se sustenta en sectores como la intermediación financiera, los cuales no generan una cantidad significativa de empleo ni tienen un efecto directo en la economía de las mayorías.
La precisión de la reglamentación es fundamental. Desde la lógica gubernamental, cualquier ambigüedad o definición pendiente podría ahuyentar a los tenedores de divisas fuera del sistema. La ley, sancionada el 26 de diciembre y promulgada el 2 de enero, requiere ahora detallar aspectos específicos, como el formato de la declaración jurada simplificada y los mecanismos operativos del régimen. También existen interrogantes respecto al régimen de sanciones. Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó generar certidumbre a través de las redes sociales, prometiendo que la ARCA enviará un recordatorio por un plazo de 10 a 15 días hábiles antes de proceder a una intimación o a la aplicación de multas.
La falta de claridad normativa inicial desató, sin embargo, un tenso cruce entre el ministro y la banca privada. Inmediatamente después de la aprobación de la ley, Caputo cuestionó públicamente a las entidades que solicitaban información adicional a sus clientes, instando a los ciudadanos a recurrir al Banco Nación, donde –aseguró– se cumpliría estrictamente con lo dispuesto, limitando el requisito a la acreditación de la adhesión al régimen simplificado.
El potencial que el Gobierno atribuye a esta medida es considerable. Según estimaciones del INDEC, existen en el país aproximadamente 253.919 millones de dólares no declarados. La administración de Milei deposa todas sus esperanzas en que una porción significativa de esa masa de ahorro informal ingrese al circuito formal, proporcionando el oxígeno necesario para mover la economía tras dos años consecutivos de ajuste en los hogares. El éxito de este decreto podría definir el rumbo de la actividad en los próximos meses.
