Martín Pérez responsabiliza a la política de arancel cero del Gobierno nacional de acelerar una crisis terminal en la ciudad. Con miles de empleos evaporados y un futuro económico sombrío, describe una comunidad al borde del colapso.
La Voz de una Ciudad en Emergencia
El jefe comunal de Río Grande, Martín Pérez, elevó hoy un dramático llamado de atención, sosteniendo que la decisión de la administración nacional de suprimir los gravámenes a las importaciones de tecnología está desangrando el corazón productivo de la Tierra del Fuego. Desde su perspectiva, esta política no representa una mera modificación fiscal, sino el inicio de un proceso de desindustrialización devastador, con secuelas sociales inmediatas y potencialmente irreversibles.
Con tono grave, Pérez expuso que la medida, concebida como un dogma ideológico lejos de cualquier análisis técnico o consulta territorial, está liquidando los cimientos de una economía local que históricamente se erigió sobre el empleo fabril formal. “No hablamos de estadísticas frías, sino de miles de vecinos que ven desaparecer su sustento”, manifestó el mandatario, proyectando la pérdida de entre dos mil y dos mil quinientos puestos de trabajo adicionales, en una ciudad que ya soporta la destrucción de más de dos mil en el último bienio.
El diagnóstico del intendente es crudo y abarca múltiples dimensiones del descalabro. Señaló que la promesa original de abaratar los productos electrónicos para los consumidores nunca se materializó, invalidando el principal argumento público de la apertura indiscriminada. En su lugar, aseguró, sólo se consiguió minar la competitividad de la industria radicada en la isla, sin generar inversiones genuinas ni agregar valor a la economía nacional.
“Lo que se está desguazando no es una simple línea de producción”, advirtió Pérez al referirse al régimen industrial fueguino, con cinco décadas de historia y un peso geopolítico estratégico. “Es toda una estructura que sostiene la vida comunitaria. Cuando la fábrica se detiene, el comercio, los servicios y la logística entran en recesión”, explicó, pintando un cuadro de efecto dominó que ya se observa en las calles.
La crisis se ve agravada por un contexto nacional de consumo deprimido y por el abandono flagrante de la obra pública por parte del Estado nacional. Pérez enumeró más de una decena de proyectos congelados, incluyendo planes habitacionales esenciales, evidenciando una retirada estatal que deja a los municipios en total desamparo. Iniciativas clave para el futuro, como la construcción de un puerto impulsada por capitales privados, también permanecen estancadas, cerrando cualquier ventana de oportunidad en el corto plazo.
Frente a este panorama desolador, el intendente confirmó la activación de recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) para modernizar el parque industrial, pero fue enfático en aclarar que se trata de fondos generados por las propias empresas fueguinas, y no de una asistencia o un gesto de benevolencia del gobierno central.
En su llamado final, Pérez instó a la unidad para defender el modelo productivo local, marcando una clara distancia filosófica con las políticas de ajuste extremo. “Rechazamos la lógica de la motosierra que todo lo tala. Nuestra apuesta es por un Estado presente, que defienda el fruto del trabajo y no abandone a su gente a la deriva”, concluyó, dejando planteado un desafío político de magnitud mientras Río Grande lucha por su propia supervivencia económica.
