Un empresario del sector tecnológico alertó sobre el cierre de fábricas y la competencia desleal, mientras sindicatos y referentes del sector privado coinciden en su rechazo a los cambios impulsados por el oficialismo en materia de trabajo.
El panorama industrial argentino enfrenta una crisis multifacética, según advirtió el empresario Alejandro Schvartz, director de Visuar S.A., fabricante autorizado de Samsung en el país. En una entrevista radial, el ejecutivo pintó un cuadro preocupante, donde la retracción del consumo interno y un mercado cada vez más abierto a productos importados están asfixiando a la producción nacional.
Schvartz centró sus críticas en la fuerte competencia internacional, señalando a las importaciones provenientes de Asia como un factor central. «Resulta imposible rivalizar con China», afirmó, detallando que este escenario está forzando a numerosas compañías a cerrar sus instalaciones o a reconvertirse en importadoras. Para el titular de la firma tecnológica, la falta de apoyo estatal en forma de créditos productivos profundiza esta asimetría, poniendo en riesgo la sostenibilidad de toda una cadena industrial.
Pero el malestar del sector no se limita a la política comercial. El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei también recibió duras objeciones. Schvartz, aunque admitió que podría revisarse el régimen de indemnizaciones para las pymes, calificó varios aspectos de la iniciativa como «absurdos». En particular, cuestionó la flexibilización de la jornada de trabajo y la fragmentación de las vacaciones, argumentando que mecanismos como el banco de horas podrían terminar perjudicando a los trabajadores. En su visión, la reforma no generará el empleo que promete, ya que la creación de puestos bajo la legislación actual sigue siendo una realidad.
Esta posición encuentra eco en el movimiento sindical, que está coordinando acciones para oponerse frontalmente a la iniciativa. Líderes gremiales como Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (aceiteros) y Abel Furlán (metalúrgicos) se reunieron para trazar una estrategia conjunta de resistencia. Desde su perspectiva, la propuesta oficial representa una «contrarreforma» que amenaza derechos históricos, por lo que consideran que solo la protesta callejera y la huelga son respuestas efectivas.
Aguiar fue contundente al desestimar la posibilidad de negociar ajustes parciales al texto. «No se puede ser ingenuo y creer que con retoques menores se va a detener un ataque inédito contra todos los derechos laborales», sostuvo, rechazando además la premisa oficial de que los cambios son necesarios para modernizar el mercado de trabajo. Para los sindicalistas, la iniciativa oficial contiene elementos inaceptables y debe ser rechazada en su integralidad.
Así, mientras el gobierno acelera las negociaciones políticas para conseguir los votos en el Congreso, se consolida un frente crítico heterogéneo que une a industriales y sindicalistas. Ambos sectores, desde ópticas distintas, perciben en las políticas actuales una amenaza para el empleo local y las condiciones de trabajo, configurando un escenario de tensión que promete intensificar el debate público en las próximas semanas.
