Durante el segundo año de la administración de Javier Milei, el fuerte incremento en las facturas de luz, gas y agua consolidó una transferencia de ingresos hacia las empresas proveedoras, mientras la calidad de los servicios no mejora y el poder adquisitivo de los hogares se contrae.
Cierre del Segundo Año de Gestión: Ganadores y Perdedores en la Política Tarifaria
El segundo período de la gestión presidencial de Javier Milei consolida un escenario de marcadas desigualdades en el ámbito de los servicios públicos. Las compañías proveedoras de electricidad, gas y agua emergen como las principales beneficiarias de un reordenamiento económico que, mediante la dolarización de costos, la devaluación inicial y la eliminación de subsidios, impulsó alzas sustanciales en las facturas y en la rentabilidad del sector.
Según cifras del Instituto Argentina Grande (IAG), los precios de los servicios públicos acumularon un aumento del 461% en comparación con noviembre de 2023, superando ampliamente el incremento del índice minorista, que se ubicó en un 259% en el mismo lapso. Este desacople en la evolución de precios configuró un esquema de transferencia de ingresos a favor de las empresas reguladas, con consecuencias directas sobre el costo de vida de la población.
Mayor Carga para los Usuarios
La reducción de los subsidios estatales profundizó el ajuste sobre los consumidores. De acuerdo con el último Reporte de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), las erogaciones del Estado para cubrir parte de los costos energéticos cayeron un 43% en términos reales durante 2025. Como resultado, la cobertura promedio de las boletas alcanzó apenas el 45% en el caso del gas y el 62% en el de la electricidad.
Este peso recayó con mayor intensidad sobre los sectores de clase media, que ya habían absorbido incrementos graduales en las facturas debido a la segmentación implementada en la gestión anterior. Los datos del IAG revelan que, en diciembre de 2025, los usuarios de este segmento pagaron una tarifa eléctrica un 1244% más alta que en noviembre de 2023. A esto se suma un nuevo recorte en los beneficiarios de subsidios, que a partir de enero excluirá a hogares con vehículos de menos de tres años, tres o más propiedades, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.
Brecha entre Precios e Ingresos
La disparidad entre el aumento de las tarifas y la evolución de los salarios evidencia un deterioro sostenido del poder adquisitivo. Mientras los precios de los servicios se dispararon, los ingresos laborales acumularon una suba del 252%, por debajo incluso de mediciones de inflación más conservadoras. Esta brecha confirma el impacto regresivo de la política tarifaria, que afecta especialmente a los estratos medios y bajos.
Calidad del Servicio en Entredicho
Pese al fuerte incremento en la rentabilidad de las empresas, la calidad de las prestaciones no ha mostrado mejoras acordes. El apagón del 15 de enero, que dejó sin suministro eléctrico a alrededor de 800.000 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, expuso nuevamente las fragilidades estructurales del sistema. Este contraste entre tarifas elevadas y servicios deficientes refleja un modelo que traslada costos a los usuarios sin exigir inversiones ni mejoras sustantivas.
El Caso de AySA: “Saneamiento” Previa a la Privatización
Un ejemplo emblemático de esta dinámica se observa en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Si bien su situación contable mejoró desde el cambio de gestión –según el IAG, cerraría 2025 con un déficit reducido–, esto se logró mediante una drástica reducción de gastos, en particular en inversiones de capital. Las obras de agua y cloacas se encuentran paralizadas, y los gastos en salarios cayeron en términos reales, combinados con despidos y retiros voluntarios.
Los ingresos de la empresa también cambiaron su composición: las transferencias del Estado nacional cayeron de manera casi absoluta, compensadas por un aumento del 133% en los ingresos tarifarios en términos reales. Esta operatoria de “saneamiento” contable previa a una eventual privatización replica el patrón observado en la década de 1990, cuando el Estado absorbió pasivos, recortó inversiones y ajustó costos para hacer atractivas las empresas al capital privado, sin que ello se tradujera en una expansión sostenida del servicio o en mejoras infraestructurales.
Inversiones en Cero
Las cifras oficiales muestran un abandono progresivo de las obras de infraestructura. Mientras en 2020 se ejecutaron 279 obras, en 2021 llegaron a 447 y en 2022 a 387, para caer a 194 en 2023. Según el IAG, las inversiones fueron nulas durante 2024 y 2025, a pesar de los significativos incrementos tarifarios. Actualmente, la cobertura de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires alcanza solo el 63%, y la de agua potable, el 83%.
Conclusión
El panorama que emerge tras dos años de gestión evidencia una constante en los modelos de corte neoliberal: una transferencia de ingresos desde los hogares hacia las empresas, a través de tarifas elevadas, acompañada de una escasa inversión en infraestructura y un deterioro palpable en la calidad del servicio. Los cortes e interrupciones recurrentes son la postal de un sistema que prioriza el balance financiero de las proveedoras sobre el acceso digno y estable a los servicios públicos.
