Un análisis académico estima que la iniciativa oficial tendría un impacto de hasta el 1,5% del PBI, un monto equivalente al total del superávit proyectado para este año. La reducción del impuesto a las ganancias, clave en la polémica, afectaría severamente los recursos coparticipables y profundizaría las asimetrías políticas entre las jurisdicciones.
Un exhaustivo estudio sobre las implicancias fiscales de la propuesta de Reforma Laboral, elaborado por los investigadores Martín Burgos, Alejandra Vivas, Eric Rosenberg y Raúl Sánchez, proyecta una carga para las cuentas públicas que podría alcanzar el uno y medio por ciento del Producto Bruto Interno. Esta cifra, según destacan los autores, absorbería por completo el superávit total contemplado en el proyecto presupuestario oficial sancionado por el Congreso Nacional para el corriente año.
El documento subraya que uno de los componentes centrales de este impacto lo constituye “la reducción del impuesto a las ganancias, la cual, según nuestra propia estimación, tendrá un costo de 0,36 puntos del PBI, equivalente a aproximadamente 2330 millones de dólares”. Dado el carácter coparticipable de este tributo, su disminución repercute de manera directa y automática en los recursos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reciben el 56,66% de lo recaudado. Esta mecánica explica la firme resistencia y el profundo cuestionamiento que este aspecto de la normativa genera entre una amplia mayoría de los representantes provinciales.
En términos concretos, el perjuicio para las arcas de las jurisdicciones se cuantifica, según distintas fuentes, en magnitudes billonarias. El informe académico recoge estimaciones que van desde los 1,7 billones de pesos, citando al diputado Guillermo Michel, hasta los 3,2 billones de pesos, de acuerdo con cálculos de la asociación gremial de la agencia recaudadora. El trabajo detalla las pérdidas específicas para cada distrito: la Provincia de Buenos Aires sufriría una merma de 397.258 millones de pesos, Santa Fe de 161.673 millones y Córdoba de 160.628 millones.
No obstante, el impacto fiscal dista de ser homogéneo y se ve matizado por la dinámica política. Los investigadores advierten que provincias bajo administraciones opositoras al gobierno nacional, como Buenos Aires –gobernada por Axel Kicillof–, carecen prácticamente de margen para esperar compensaciones mediante partidas discrecionales del Ejecutivo, tales como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta situación también se extiende a los gobernadores de Formosa, La Rioja y Tierra del Fuego, cuyas jurisdicciones enfrentarían pérdidas sustanciales sin perspectivas de paliativos.
En contraste, territorios conducidos por mandatarios alineados con La Libertad Avanza, como Córdoba y Santa Fe, podrían ver relativizada la pérdida de recursos. Esta lógica de contrapartida política quedó en evidencia durante la negociación del Presupuesto en diciembre pasado, cuando la administración nacional incrementó en un cincuenta por ciento la distribución de ATN, destinando unos 66.500 millones de pesos a seis gobernadores aliados para consolidar el respaldo legislativo a sus iniciativas. Entre los beneficiarios de esas transferencias de fin de año se encontraron las provincias de Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta.
La conclusión general del análisis presentado por Burgos, Vivas, Rosenberg y Sánchez es que el proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional constituye una estrategia de “devaluación fiscal en favor del sector empleador”. Esta maniobra, sostienen, se ejecuta a expensas de una significativa contracción en la recaudación tributaria –con un perjuicio agravado para las provincias consideradas no colaboracionistas– y del financiamiento del sistema de seguridad social, configurando un escenario de profundas consecuencias para la cohesión fiscal federal y la equidad territorial.
