En vísperas de las sesiones extraordinarias, el oficialismo negocia con aliados y gobernadores para asegurar la aprobación del proyecto, aunque admiten que el recorte al Impuesto a las Ganancias para empresas genera fuerte resistencias provinciales y podría poner en riesgo la ley.
A pocos días del comienzo de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno Nacional ultima los pormenores de su estrategia legislativa, concentrando sus esfuerzos en la aprobación de la Reforma Laboral. Sin embargo, el camino hacia la sanción se presenta escabroso, con desacuerdos internos y presiones externas que obligan al oficialismo a considerar modificaciones en el texto original. Fuentes cercanas a la mesa política confirmaron que, si bien existen disposición a introducir ajustes, se mantiene un hermetismo absoluto sobre qué artículos específicos podrían ser alterados.
Desde Balcarce 50 expresan confianza en contar con los números necesarios en ambas Cámaras para impulsar el núcleo de la reforma. No obstante, reconocen que el capítulo tributario —específicamente la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades— complica el panorama. Esta medida, que impactaría directamente la recaudación de las provincias, ha despertado el rechazo de varios gobernadores, incluso de aquellos alineados con el gobierno nacional. “Es paradójico: estamos proponiendo alivios fiscales para el sector privado, pero encuentran resistencia en quienes priorizan la caja provincial”, explicó un referente libertario en condición de anonimato.
Las conversaciones se desarrollan de manera semanal entre los actores clave, con el objetivo de hallar fórmulas que concilien los intereses de los aliados y permitan avanzar tanto con la reforma laboral como con los cambios impositivos impulsados por el ministro Luis Caputo. La firmeza en la postura oficial respecto al tributo podría, según admiten en privado, comprometer la sanción integral de la ley. “Es imprescindible llegar a un entendimiento con las provincias; de lo contrario, ese punto quedaría excluido. Haremos lo humanamente posible para evitarlo”, señaló una voz involucrada en las tratativas.
En el interior del esquema negociador, se dirige una crítica hacia los gobernadores oficialistas, a quienes acusan de exigir contrapartidas sin comprometerse con la reducción del aparato estatal. Simultáneamente, detectan un clima de desconfianza en las promesas del Ejecutivo. “No revelaremos detalles que puedan obstruir el diálogo. Solo podemos adelantar que la primera parte de la iniciativa se mantendrá intacta; cualquier cambio será en aspectos no sustantivos”, afirmó un integrante del oficialismo.
La postura no es uniforme dentro del gobierno. Algunos sectores se muestran menos flexibles y resisten ceder ante las presiones provinciales. A pesar de ello, es un hecho ampliamente conocido que habrá ajustes durante el tratamiento en el recinto —que iniciará en el Senado—, siempre que no se altere el espíritu de la norma.
Otro tema que divide aguas es el futuro de las disposiciones sobre discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, contenidas en un capítulo que quedó fuera de la ley de Presupuesto 2025. El ala más intransigente que acompaña al Presidente insiste en retomar cada uno de esos puntos, mientras que los negociadores moderados advierten sobre la falta de respaldo parlamentario y recomiendan eludir aquellos temas que generan controversia. “No tenemos los votos. Hasta los aliados se oponen. No tiene sentido forzar una batalla que no se puede ganar; es preferible dejarlo pasar”, confesaron.
El período extraordinario se presenta favorable para el Poder Ejecutivo en términos de coordinación. Con los roles claramente definidos, Patricia Bullrich conduce la articulación en el Senado, Martín Menem en Diputados y Diego Santilli mantiene el diálogo con los gobernadores, bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Todas las definiciones de carácter económico cuentan con la venia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participa de manera regular en las reuniones junto al asesor presidencial Santiago Caputo y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. “La mesa está ordenada y cada uno tiene su función; cualquier desvío sería contraproducente”, bromeó un miembro del equipo.
Con el inicio inminente de las extraordinarias, el oficialismo busca aprovechar el ajustado calendario de febrero. Incluso planea tratar en la Cámara de Diputados, la próxima semana, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Un legislador libertario aseguró que, de lograr la aprobación, el tratado entraría en vigencia pese a los obstáculos del Parlamento Europeo, y afirmó que Brasil y Paraguay también avanzarán en su ratificación.
