Un análisis del diputado Guillermo Michel estima que la rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, incluida en el proyecto oficial, reduciría los ingresos provinciales en 1,7 billones de pesos durante 2026. Ante la firme negativa del Ministerio de Economía a modificar este punto, los gobernadores aliados evalúan formar un bloque unificado para exigir compensaciones a cambio de su apoyo político.
La estrategia política del Gobierno nacional para asegurar la aprobación de su emblemática reforma laboral se encuentra ante un obstáculo de considerable magnitud. En el corazón de las tensiones se ubica la decisión oficial de mantener, contra varios reclamos, una reducción del Impuesto a las Ganancias aplicable a las grandes empresas, una medida que según estudios especializados generaría un fuerte desfinanciamiento en las arcas de las provincias. Esta postura inflexible, emanada del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, no solo ha encendido las alarmas en gobernaciones opositoras, sino que también ha sembrado dudas y resistencias entre mandatarios provinciales considerados aliados del oficialismo.
La dimensión del impacto fiscal es clave para entender la profundidad del desacuerdo. Un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel proyecta que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, la recaudación nacional por este concepto sufriría una merma de 3,1 billones de pesos durante el presente año, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto. De ese total, más de la mitad, unos 1,7 billones de pesos, correspondería directamente a las provincias, las cuales dejarían de percibir esos recursos a través del sistema de coparticipación federal.
Esta pérdida se traduce en un promedio mensual de 144.000 millones de pesos que no ingresarían a las tesorerías provinciales, un golpe severo en un contexto económico ya complejo. El efecto, sin embargo, no sería uniforme en todo el territorio. Las jurisdicciones de mayor peso económico cargarían con la parte más sustancial del ajuste: la provincia de Buenos Aires encabezaría el listado con una pérdida estimada en 366.557 millones de pesos anuales, seguida por Santa Fe (148.698 millones) y Córdoba (145.240 millones). Otras provincias como Chaco, Entre Ríos y Tucumán enfrentarían descensos que superan los 79.000 millones de pesos cada una.
Frente a este escenario, la negociación política ha entrado en una fase crítica. El ministro del Interior, Diego Santilli, ha sido el encargado de recorrer el país para recabar apoyos, obteniendo hasta el momento el compromiso de cinco gobernadores. No obstante, el respaldo de varios mandatarios aliados está explícitamente condicionado a la obtención de mecanismos de compensación financiera que contrarresten el esperado vaciamiento de sus arcas. «Esto nos golpearía muchísimo fiscalmente… Por eso buscamos alternativas, compensaciones para no seguir resignando fondos», explicó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras reunirse con Santilli.
La presión provincial ha logrado que el propio Gobierno admita la posibilidad de introducir cambios en el articulado de la reforma laboral para facilitar su aprobación en el Congreso. Sin embargo, desde el núcleo duro del oficialismo se aspira a «blindar» específicamente el artículo que modifica el Impuesto a las Ganancias, considerado un pilar de la propuesta económica. Esta resistencia a ceder en el punto neurálgico del conflicto ha llevado a que incluso fuentes libertarias involucradas en las tratativas califiquen la situación como «difícil», reconociendo que la obstinación podría poner en riesgo la sanción misma de la ley.
La disputa trasciende el ámbito puramente fiscal y se instala en la filosofía misma de la reforma. Los críticos, entre los que se cuentan más de quinientos intendentes de todo el país, argumentan que el proyecto representa un retroceso histórico en los derechos laborales. A esta oposición se suma la advertencia técnica de que el beneficio de la reducción impositiva estaría extraordinariamente concentrado. Según el análisis de Michel, apenas 144 grandes empresas, que representan solo el 0.1% del total de contribuyentes, explican el 56% de la recaudación del impuesto y serían las principales beneficiarias de la medida. «Una decisión de política fiscal donde el Estado decide destinar un beneficio de manera concentrada a 144 sociedades… requiere de un análisis profundo», reclamó el legislador.
Con el inicio inminente de las sesiones extraordinarias en el Senado, donde los legisladores responden más directamente a los mandatarios provinciales, la pulseada entra en su etapa decisiva. Los gobernadores, ante la negativa oficial a eliminar la rebaja de Ganancias, analizan ahora abandonar las negociaciones individuales y constituir un frente común. Su estrategia sería canjear el indispensable respaldo político al proyecto oficial por transferencias de recursos concretas que aseguren la viabilidad financiera de sus administraciones. El desenlace de esta tensa negociación no solo definirá el destino de la reforma laboral, sino que también delineará los nuevos términos de la siempre compleja relación fiscal entre la Nación y las provincias.
