Un andamiaje legal erigido por los gobiernos de facto, coronado por la Ley de Entidades Financieras, remodeló para siempre la economía argentina. Cerca de 470 normas de aquel período oscuro aún rigen, sosteniendo un sistema que privilegió la especulación sobre la producción y consolidó al poder financiero como eje del poder real.
La arquitectura legal de la última dictadura militar, construida sobre más de dos mil decretos con fuerza de ley, dejó una herencia imborrable en la estructura económica nacional. Este proceso de legalización de lo ilegítimo, iniciado bajo el gobierno de Juan Carlos Onganía con la figura del «Decreto-Ley», encontró su máxima expresión durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. El régimen no solo profundizó este mecanismo, sino que eliminó toda atadura nominal al decretar, instalando una farsa legislativa: la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por un miembro de cada fuerza armada, suplantó al Congreso disuelto, custodiando los intereses de una minoría.
En este marco, la piedra angular del nuevo orden económico fue colocada el 21 de febrero de 1977, con la sanción de la Ley de Entidades Financieras (21.526). Promulgada en el Boletín Oficial y presentada por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz como un instrumento para crear un sistema «apto, solvente y competitivo», su texto fue el producto de un grupo selecto. Técnicos del Banco Central y una comisión asesora honorífica, dominada por banqueros privados como Benedicto Bianchi y Luis María Gotelli, junto a representantes castrenses, dieron forma a la norma.
Lejos de su retórica de regulación y protección al ahorrista, la ley se convirtió en la locomotora de una transformación devastadora. Diseñada bajo la influencia de Adolfo Diz, exdirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, estableció las reglas para una «patria financiera» abierta las 24 horas. Su génesis estuvo íntimamente ligada a un contexto internacional favorable: la llegada masiva de créditos externos, facilitada por la afinidad entre Martínez de Hoz y la poderosa familia Rockefeller, propietaria del Chase Manhattan Bank, inundó al país de dólares que alimentaron la especulación.
La norma convirtió al país en una zona liberada para los capitales golondrina. El artículo 56, que establecía una garantía total estatal a los depósitos privados, generó inicialmente un festín de irresponsabilidad. Entidades financieras menores descubrieron que tomar depósitos a tasas altísimas para luego quebrar era un negocio redondo: el Estado rescataba a los ahorristas y los estafadores fugaban las ganancias. El propio Martínez de Hoz admitiría más tarde que, sin quererlo, se había «garantizado la irresponsabilidad de algunos». La quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) en 1980, que dejó a 250 mil ahorristas en la intemperie, marcó el límite de este esquema y forzó una reforma hacia un régimen de garantía «optativo y oneroso».
Sin embargo, el núcleo duro de la ley sobrevivió y expandió su influencia. Impulsó una feroz extranjerización del sistema bancario, un proceso que se aceleró en la década de 1990. Bajo la gestión de Domingo Cavallo, la bancarización obligatoria de los salarios, impuesta incluso en el calor de la crisis del «corralito» de 2001, consolidó el dominio. Los bancos, pese al descrédito momentáneo, emergieron más fuertes: los créditos al consumo y las tarjetas, con intereses abusivos, desplazaron a la financiación productiva como motor de sus ganancias.
Hoy, casi medio siglo después, el experimento muestra su resultado final: un puñado de grandes bancos extranjeros concentra el 80% del mercado, las entidades públicas se redujeron a la mitad y la especulación sigue primando sobre la industria. La Ley de Entidades Financieras, ese decreto con ropaje de ley nacido en la oscuridad de una comisión no electa, no fue derogada. Permanece vigente, demostrando una verdad incómoda: en la Argentina democrática, la sombra larga de la dictadura y de Martínez de Hoz se proyecta, terca, sobre el corazón del sistema económico.
