En medio de la crisis interna, el presidente viaja por decimoquinta vez a Estados Unidos para participar en una exclusiva gala organizada por condenados y asesores vinculados a operaciones de desinformación. Mientras tanto, su gobierno intenta acallar las críticas con una oficina de respuestas inspirada en el manual de Trump.
El presidente argentino, Javier Milei, se prepara para emprender su decimoquinta travesía aérea hacia los Estados Unidos desde que asumió el cargo. Para un mandatario que ha manifestado públicamente su aversión a volar, la frecuencia de estos desplazamientos contrasta de manera llamativa con la escasa presencia en las regiones afectadas por incendios en la Patagonia o con la atención dedicada a una economía nacional que lucha por recuperar estabilidad. El próximo destino será, una vez más, el exclusivo complejo Mar-a-Lago en Miami, propiedad del expresidente Donald Trump, donde el jefe de Estado argentino será el invitado estelar de la denominada “Gala de la Prosperidad Hispánica”.
El evento, sin embargo, dista de ser un mero acto protocolario. Los organizadores y participantes han despertado suspicacias y cuestionamientos éticos. La gala es coordinada por Tony Delgado, un individuo con antecedentes penales firmes por tráfico de estupefacientes. La conducción estará a cargo del periodista español de extrema derecha Javier Negre, conocido por difundir contenidos falsos de manera recurrente. Pero la figura que concentra mayor controversia es la del lobista estadounidense Roger Stone, asesor político condenado por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y vínculos con operaciones de hackeo de origen ruso. Stone, especialista en tácticas de desinformación, mantiene una influencia notable en círculos cercanos al gobierno argentino, e incluso asesora a grupos de presión interna.
Según versiones difundidas en ámbitos minarquistas, Delgado habría desembolsado alrededor de un millón de dólares para el alquiler de los salones de Mar-a-Lago, con la expectativa de multiplicar esa suma mediante la venta de entradas, cuyos valores oscilan entre diez mil y cien mil dólares por asistente. Este panorama comercial plantea un interrogante inevitable: ¿recibe el presidente algún tipo de remuneración por prestar su imagen y cargo a un evento de naturaleza claramente privada y con semejante nómina de participantes?
La gira se produce en un contexto doméstico crítico. Mientras el gobierno impulsa medidas de ajuste y anuncia recortes presupuestarios, mientras la reforma laboral amenaza con desmantelar protecciones históricas como el Estatuto del Periodista y los incendios forestales arrasan vastas extensiones del territorio, el presidente opta por invertir tiempo y recursos públicos en un espectáculo de lujo junto a figuras cuyos historiales judiciales y políticos generarían, en otras circunstancias, un profundo malestar institucional.
La falta de coherencia entre el discurso oficial y las acciones parece consolidarse como una marca de la administración. Esta semana, mientras intentaba opacar las revelaciones sobre la intervención en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Ejecutivo lanzó una “Oficina de Respuesta Oficial”, una iniciativa inspirada abiertamente en la estrategia de comunicación agresiva y confrontativa utilizada por Donald Trump contra la prensa. Al frente de este organismo fue designado Juan Pablo Carreira, identificado en redes sociales como “Juan Doe”, quien en el pasado publicó un mensaje que hoy resuena con ironía: “Si algún día llego a recibir UN PESO del estado, que me cuelguen de cabeza en el congreso”. La bravata, por ahora, no ha tenido consecuencias prácticas, pero simboliza el tono y las contradicciones que parecen definir esta etapa de la política argentina.
La combinación de viajes frecuentes a escenarios de alto perfil mediático pero dudosa trascendencia diplomática, junto con la elección de socios públicos cada vez más cuestionables, configura un rompecabezas que la oposición y amplios sectores de la sociedad civil observan con creciente alarma. La pregunta que flota en el ambiente es simple y a la vez compleja: ¿a quién sirve, en definitiva, esta presidencia?
