El Gobierno de Milei intentó desacreditar la nueva metodología del INDEC, pero documentos y reuniones revelan que el proceso contó con aval técnico internacional y advertencias reiteradas del FMI. La manipulación estadística tensó la relación con el organismo crediticio y alejó al país de los mercados.
La operación política del Gobierno de Javier Milei para cuestionar la nueva fórmula de medición de inflación —que se negó a implementar— se desploma ante la contundencia de las pruebas. La evidencia exhibe un proceso técnico, respaldado por organismos internacionales, que fue sistemáticamente ignorado por la administración actual. La creación del nuevo Índice de Precios al Consumidor se inició en 2017, avanzó durante la gestión de Alberto Fernández bajo la dirección de Marco Lavagna y, desde 2021, fue supervisado y modelado por el propio Fondo Monetario Internacional.
El organismo multilateral advirtió en múltiples oportunidades sobre los problemas que acarrearía omitir la actualización metodológica. En una instancia crucial, incluso vinculó el desembolso de fondos para el rescate del programa económico al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los cuales figuraba expresamente la adopción del nuevo indicador. En este contexto, con una misión del FMI actualmente en Buenos Aires, la cuestión central es cómo reaccionará la entidad que lidera Kristalina Georgieva ante la intervención política en las estadísticas oficiales. Una intervención que se produjo a pesar de que el Fondo no solo fue parte del desarrollo técnico, sino que también alertó sobre las consecuencias de medir incorrectamente los precios.
A lo largo de este período, el FMI no fue la única entidad que notificó al Presidente y al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la disponibilidad de los trabajos para una medición precisa. El propio Lavagna organizó, durante los últimos cuatro años, encuentros con representantes empresariales, cámaras sectoriales, organismos públicos e incluso con altos ejecutivos del banco estadounidense JP Morgan para detallar los pormenores de la nueva metodología. Este último punto reviste especial sensibilidad, dado que JP Morgan es responsable de elaborar el Índice de Riesgo País, un barómetro clave en el cual el Gobierno confiaba para recuperar el acceso a los mercados crediticios. Todas estas reuniones eran de conocimiento de la Casa Rosada.
La génesis del nuevo índice se remonta a 2017, con la elaboración de una canasta basada en consumos hogareños que reemplazaría la vigente desde 2004 —la misma que Milei insiste en utilizar—. La primera versión del IPC actualizado estuvo finalizada a fines de 2023, como resultado de un trabajo iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri y continuado luego por la administración de Fernández. Los técnicos del INDEC indicaron que podía publicarse a comienzos de 2024, pero el Gobierno la rechazó en medio del estallido de las tarifas. Posteriormente, una versión aún más depurada, con período de referencia anual y un sistema de relevamiento digital, estuvo disponible a principios de 2025. Tampoco fue aceptada.
Este rechazo persistente contrasta con una serie de hechos que robustecieron y validaron el nuevo indicador, desmintiendo la teoría oficial sobre su supuesta inviabilidad. La vinculación de Lavagna con el FMI en esta materia comenzó en febrero de 2020, cuando dialogó con Trevor Alleyne, entonces representante del organismo en Argentina. Los trabajos técnicos conjuntos se intensificaron en noviembre de 2023, con reuniones donde Brian Graf, autor del manual de recomendaciones estadísticas del FMI, pidió concretamente la aplicación del nuevo IPC. Este manual, de 500 páginas y avalado por la OCDE, el Banco Mundial, Eurostat y Naciones Unidas, establece pautas internacionales para la elaboración de índices confiables.
Entre sus directrices figura la necesidad de que precios y cantidades reflejen el año de referencia de la canasta de gastos, razón por la cual se tomaron datos de 2017 para abandonar la obsoleta base de 2004. Otras recomendaciones incorporadas en la metodología censurada incluyen no considerar precios en oferta ni productos ausentes en góndola al momento del relevamiento.
La presión del FMI fue constante. En sus informes de staff, el organismo exigió la actualización del IPC como condición para acceder a desembolsos, estableciendo plazos escritos en abril de 2024, febrero de 2025 y, finalmente, febrero de 2026. Todos estos compromisos fueron incumplidos. La tensión interna generada por esta resistencia llevó a Lavagna a presentar su renuncia, luego de choques con Pedro Lines, allegado a Caputo, quien obstaculizaba la implementación.
La validación técnica y política del nuevo índice fue amplia. Lavagna sostuvo reuniones desde 2021 con directivos de YPF, cámaras industriales, la Unión Industrial Argentina y, significativamente, con ejecutivos de JP Morgan en octubre de 2024. Este último encuentro buscaba transmitir a los mercados la voluntad de normalizar las estadísticas, un factor crucial para mejorar el Riesgo País y acceder a crédito en condiciones razonables. No es casual que, tras la intervención en el INDEC, este indicador haya vuelto a superar los 500 puntos básicos, reflejando la desconfianza generada.
Incluso dentro del Gobierno existía conciencia de la necesidad del cambio. El 6 de mayo de 2024, Lavagna se reunió con el entonces viceministro de Economía Joaquín Cottani —luego desplazado del gabinete— y con la directora de IPC Georgina Giglio, quien también renunció en 2025. En ese encuentro se analizaron los cambios metodológicos y sus plazos, y Cottani los consideró imprescindibles.
Hoy, según fuentes internas, el nuevo titular del INDEC, Pedro Lines, tiene sobre su escritorio las mediciones de inflación calculadas con ambas fórmulas. La disyuntiva, una vez más, recae en la voluntad política de Javier Milei: optar entre la opacidad de una estadística desactualizada o la transparencia de un indicador con aval técnico internacional, cuya supresión ha alejado al país de la credibilidad económica y de los mercados.
