En vísperas del debate en el Congreso, la movilización sindical toma las calles. La CATT paraliza sectores clave y acusa al oficialismo de promover una ley que precariza el empleo y favorece únicamente al sector empresarial.
La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral proyecta su sombra de conflicto sobre la agenda pública, desatando una nueva jornada de protesta sindical. En sintonía con la marcha convocada por la CGT, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) llevará adelante este miércoles un paro y una movilización masiva hacia el Congreso de la Nación, en rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
El cese de actividades, dispuesto para garantizar la participación de los afiliados, afectará desde el mediodía los servicios aéreo, marítimo, portuario y subterráneo, generando así un impacto significativo en la logística nacional. Los gremios del transporte convergerán en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 13 horas, en una clara demostración de fuerza mientras los legisladores sesionan en períodos extraordinarios.
Desde la conducción de la CATT, el mensaje es contundente y anticipa un pulso duro con el gobierno. En una reciente conferencia de prensa, los representantes sindicales cargaron contra el espíritu del proyecto oficialista, al que acusaron de ser un instrumento que “sólo favorece al sector empresarial”. Según su diagnóstico, la normativa en debate tiene como objetivo principal “precarizar las condiciones laborales, flexibilizar las jornadas, socavar la estabilidad en el puesto de trabajo y desmantelar progresivamente el sistema de protección social”.
Esta crítica encuentra eco en otros sectores del movimiento obrero organizado. Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), se sumó al coro de voces disidentes, afirmando de manera taxativa que la propuesta gubernamental “no sirve” para el propósito declarado de generar empleo genuino, sino que, por el contrario, lo degradaría.
La jornada de protesta se perfila como un punto de inflexión en la tensión social. Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de modernizar la legislación para reactivar la economía, el sindicalismo responde con movilización y paros, sosteniendo que el costo recaerá exclusivamente sobre los trabajadores. El debate, así, trasciende los recintos parlamentarios y se instala en las calles, configurando un escenario de alta conflictividad en torno al futuro de las relaciones laborales en el país.
