La Justicia investiga la apropiación indebida de dispositivos médicos vitales del Hospital Materno Infantil, hallados operando en un centro de salud privado vinculado a médicos del nosocomio estatal.
En un hecho que ha conmocionado al sistema sanitario salteño, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos Complejos verificó este jueves un desvío irregular de tecnología crítica. Equipamientos neonatales de propiedad del Hospital Público Materno Infantil fueron localizados en pleno funcionamiento dentro de una institución privada, la Clínica del Centro, situada en la céntrica calle Alvarado de la capital provincial.
La investigación judicial, impulsada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, puso al descubierto una compleja trama de intereses. Durante un registro autorizado en la clínica particular, se constató la presencia de seis dispositivos médicos de alto costo destinados a cuidados intensivos neonatales, todos propiedad del hospital público. Los equipos, esenciales para brindar soporte vital, se encontraban activos y asistiendo a recién nacidos internados en el establecimiento privado.
Ante la gravedad del hallazgo y con el imperativo de no comprometer la salud de los lactantes, la magistrada actuante, Claudia Puertas, resolvió una medida cautelar. En lugar de proceder al secuestro inmediato, dispuso un minucioso relevamiento, la identificación de cada equipo y el nombramiento de un depositario judicial provisional, responsabilidad que recayó en un administrador del centro.
La denuncia original fue presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil, Esteban Rusinek, quien alegó la sustracción ilegítima de bienes del patrimonio estatal. Según las pesquisas, parte de este equipamiento habría sido entregado originalmente en régimen de comodato a través de una licitación, modalidad que parece haber sido vulnerada.
El entramado se complica al analizar los vínculos entre las instituciones. La Clínica del Centro, que forma parte de la Red IMAC –cuyos titulares deslindan responsabilidades–, alberga en su interior a la empresa Neofenix SRL. Esta firma es la prestadora del servicio de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología en el lugar. Los registros oficiales revelan que entre sus fundadores, inscriptos en 2014, figura un médico de planta del propio Hospital Materno Infantil, asignado específicamente al área de Gestión de Neonatología, lo que configura un aparente conflicto de intereses.
El Ministerio Público Fiscal de Salta destacó que la dirección societaria de Neofenix coincide con la dirección física de la clínica privada. El inmueble, que anteriormente operaba bajo la denominación Clínica La Merced, ha sido reasignado a un nuevo grupo empresario que, según los datos, también gestiona servicios para afiliados de PAMI.
La Secretaría de Salud Pública provincial admitió que estas irregularidades no son recientes. Las sospechas y las gestiones administrativas para clarificar el paradero del equipamiento se iniciaron hace más de dos años, llegando incluso a ser denunciadas internamente por personal del hospital público. Las autoridades sanitarias confirmaron que los dispositivos se encontraban bajo la figura legal de comodato, un préstamo de uso que claramente fue transgredido al ser trasladados a un ámbito privado.
Este caso, que expone una grave fisura en la administración de recursos sanitarios públicos, sigue bajo una exhaustiva investigación. Las actuaciones judiciales buscan ahora determinar las responsabilidades penales y administrativas por una maniobra que puso en jaque la transparencia y pudo haber afectado la capacidad operativa del principal centro materno-infantil de la provincia.
