El juez federal Sebastián Casanello identificó a los presuntos jefes de una organización dedicada a defraudar al Estado mediante adjudicaciones fraudulentas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Embargos por billones de pesos y detalles de lujos financiados con dinero corrupto exposan la magnitud del esquema.
En un fallo de vastas repercusiones, la Justicia Federal delineó los contornos de una compleja organización ilícita que, al amparo de funciones públicas, habría drenado fondos del Estado mediante un sistema de adjudicaciones directas fraudulentas en el área de salud. El magistrado Sebastián Casanello colocó en la cúpula del entramado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Pablo Spagnuolo; al antiguo responsable de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini; al operador y empresario Miguel Ángel Calvete; y a Pablo Atchabahian, quien también ocupó el cargo de Garbellini durante la administración anterior. Todos ellos fueron procesados, en su condición de presuntos dirigentes, por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación agravada contra la administración nacional.
La investigación demostró, en el caso específico de Spagnuolo, la comisión de cohecho, al verificarse que recibió pagos ilegales de Calvete y su círculo. Como medida cautelar, se decretó un embargo sobre los bienes del exfuncionario por la astronómica suma de 202.828.725.464 pesos, la más elevada de la causa. En el extremo opuesto, aunque igualmente millonario, se estableció un embargo de 94.773.204.489 pesos para Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete.
Según la descripción judicial, los acusados fueron situados estratégicamente en puestos claves. Entre los exfuncionarios procesados se encuentran Eduardo Nelio González, anteriormente a cargo de compras en la Dirección de Asistencia a Servicios de Salud y luego titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas; Diego Martín D’Giano, exdirector de Prestaciones Médicas; Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias; y Lorena Di Giorno, quien se desempeñaba en el área de prestaciones de alto costo. Di Giorno y González eran considerados de máxima confianza para Calvete, compartiendo incluso sociedades comerciales con el operador, y también enfrentan cargos por cohecho.
La trama se extiende al núcleo familiar de Calvete. Su hija, Ornella Calvete, fue procesada como integrante de la organización por negociaciones incompatibles y defraudación, a pesar de ser funcionaria en el Ministerio de Economía. El juez revela que, incluso después de asumir sus cargos públicos, visitaba regularmente la oficina de su padre. En una conversación interceptada, la joven aseguraba a un contacto: “Quedate tranquilo porque de Profarma no nos van a cagar, porque es mi viejo”. Profarma, una droguería que no figuraba a nombre de Calvete pero que él manejaba según el fallo, resultó enormemente beneficiada por las adjudicaciones de la ANDIS.
El esquema de desvío se centró en adjudicaciones “especiales” o acotadas, donde la competencia por precios era meramente aparente. Profarma, junto con el laboratorio Génesis, acaparó el 93,11% de estas adjudicaciones entre julio de 2024 y agosto de 2025. Otras dos droguerías, New Farma y Floresta S.A., se alzaron con más del 51% de las licitaciones en 2025 para implantes cocleares y audífonos. Solo las dos primeras empresas facturaron más de 30.000 millones de pesos. Fueron procesados dueños y socios de estas firmas, incluyendo a Andrés Horacio Arnaudo (Génesis), Silvana Vanina Escudero y Patricio Rama (New Farma), y Alejandro Gastón Acosta (Floresta).
La estructura operativa contaba con colaboradores estrechos de Calvete, como su exchofer y mano derecha Julio César Viera, su secretaria Patricia Canavesio, y su pareja, Guadalupe Muñoz. Un dato crucial lo aporta el caso de Luciana Ferrari, quien, habiendo trabajado en la ANDIS, fue desvinculada del laboratorio Roche durante la investigación. Ferrari poseía una clave para el sistema interno de gestión de prestaciones, desde donde, según el juez, se organizaban adjudicaciones que violaban los requisitos básicos de transparencia, sin publicarse en el portal oficial de compras estatales.
El fallo desmenuza los beneficios ilícitos de Spagnuolo, contradiciendo sus declaraciones judiciales. No solo solicitó cinco millones de pesos en efectivo a Calvete para un viaje a Israel, sino que el empresario también saldó una abultada deuda del funcionario con un mueblero, pagando más de nueve millones de pesos desde la cuenta de una de sus empresas. Estos pagos se suman a la financiación de una costosa ampliación de la galería con parrilla en la vivienda de Spagnuolo. El arquitecto a cargo declaró que recibió pagos parciales en dólares en efectivo, por un total que superaba ampliamente los cincuenta millones de pesos. Para el magistrado, ninguno de estos gastos pudo ser solventado con ingresos lícitos, pintando un cuadro de enriquecimiento ilícito sostenido por el flujo de dinero proveniente de la defraudación al Estado.
