Un fallo de la Cámara Federal declaró nula la decisión del juez Sebastián Casanello que había rechazado de plano un pedido para analizar las grabaciones. La resolución reaviva la estrategia de las defensas para voltear el expediente, en medio del cambio de magistrado que asumirá la subrogancia del juzgado.
En un giro inesperado que amenaza con sacudir los cimientos de una de las causas de corrupción más resonantes del gobierno libertario, la Cámara Federal acaba de asestar un golpe al corazón del expediente que investiga sobreprecios, coimas y direccionamiento de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El tribunal declaró nulo el rechazo liminar dispuesto por el juez Sebastián Casanello ante un planteo de la defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien pretende desacreditar las grabaciones que dieron origen al proceso. Ahora, el magistrado saliente —o quien ocupe su lugar desde este jueves— deberá expedirse sobre la validez de esos registros.
La resolución de la Sala II, firmada por los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, no solo reinstala en la escena judicial el debate sobre la legitimidad de las pruebas, sino que oxigena la ofensiva de los diecinueve procesados que buscan desmoronar la acusación bajo la teoría del “fruto del árbol envenenado”. Si se declara viciado el origen, todo lo construido después corre riesgo de colapsar.
El telón de fondo es tan intrincado como explosivo. Las conversaciones reveladas por el portal Carnaval Stream exhibieron a un Spagnuolo desbocado: hablaba de un ocho por ciento de comisiones repartidas con Eduardo “Lule” Menem, de un tres por ciento destinado a Karina Milei, de un delincuente infiltrado en la gestión macrista que manejaba la caja del organismo, y de advertencias directas al primer mandatario que nunca fueron atendidas. “No corrigieron nada”, se lamentaba la voz atribuida al letrado que supo ser abogado de confianza de Javier Milei.
Frente a semejante material, la postura de Casanello fue quirúrgica pero controvertida: utilizó los audios como disparador de la pesquisa pero se negó a someterlos a pericias cuando las defensas lo exigieron. Sostenía que la denuncia original del abogado Gregorio Dalbón constituía una noticia criminis válida, que no se advertían violaciones a la intimidad ni perjuicios concretos, y que los cuestionamientos se apoyaban en conjeturas. El fiscal Franco Picardi, con delegación en el caso, respaldó esa posición y aportó incluso entrevistas periodísticas donde el propio Spagnuolo aludía a las influencias de Menem en la agencia.
Pero la Cámara entendió otra cosa. Ya en diciembre había ordenado al juzgado investigar el “origen y veracidad” de los registros, así como exponer qué otros elementos respaldaban la instrucción. El incumplimiento de esa directriz derivó ahora en la declaración de nulidad. Los camaristas fueron explícitos: el rechazo de plano al pedido del exfuncionario no se ajustó a lo ordenado. Eduardo Farah, en disidencia, insistió sin embargo en la verosimilitud prima facie de los audios, donde abundan datos concretos sobre personas reales, operatorias específicas, porcentajes de sobornos y modalidades de reparto.
El contexto temporal añade dramatismo procesal. La resolución camaral llegó apenas veinticuatro horas después de que Casanello dictara los procesamientos por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y abandono de deberes. En ese extenso fallo, el magistrado describió una organización que tomó por asalto la Andis para convertirla en una suerte de caja clandestina, en desmedro de las personas con discapacidad que debían ser su razón de ser. Señaló pagos millonarios del empresario Miguel Ángel Calvete —hoy preso por proxenetismo— para financiar un viaje a Israel que nunca ocurrió, la adquisición de mobiliario suntuoso y reformas en la vivienda de Spagnuolo por cincuenta y cinco mil dólares, difíciles de justificar con un sueldo de tres millones de pesos. También los ochenta mil dólares no declarados hallados en su caja de seguridad.
El fallo incluyó menciones inquietantes sobre el ex funcionario macrista Pablo Atchabahian, quien sin ocupar cargo formal se movía con licencia para operar dentro del organismo y hasta sugería contactar a la hermana del presidente para gestionar nombramientos. También quedó bajo la lupa la Droguería Suizo Argentina, donde un ejecutivo apodado el Helvético ejercía influencia decisiva sobre las adjudicaciones. La investigación sobre lavado de activos recién comienza: Casanello anticipó indagatorias para el empresario Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly, y Alan Pocoví, presuntos receptores de transferencias de Calvete. En la agenda del lobista aparecen anotaciones con las siglas KM y referencias al narcotraficante Fred Machado, aunque sin desarrollo procesal todavía.
Lo que viene es una incógnita mayúscula. El juzgado federal número once, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadío, perderá a Casanello como subrogante por decisión propia. El magistrado, que cumplió un extenso período al frente del tribunal, no renovará su mandato. Este jueves se sorteará quién lo sucederá. La postura del nuevo juez respecto al valor de los audios y la necesidad de peritarlos resultará determinante. Aunque el trabajo de la Procuración de Investigaciones Administrativas y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal ha recuperado mensajes borrados, reconstruido vínculos, analizado centenares de expedientes y compulsas, y documentado sobreprecios de hasta dos mil por ciento en medicamentos de alto costo, la sombra del árbol envenenado se proyecta con nitidez.
Las defensas, encabezadas ahora por Mauricio D’Alessandro, celebran la decisión camaral y preparan el terreno para extender la nulidad a toda la causa. Sostienen que un peritaje privado encargado por Spagnuolo dejó abierta la posibilidad de que las grabaciones hayan sido editadas, manipuladas con inteligencia artificial o incluso obtenidas ilegalmente. El informe, admiten sus propios requirentes, no es concluyente, pero siembra duda. Y la duda, en este tablero, puede resultar más devastadora que una prueba concluyente.
Mientras tanto, la Sala II de la Cámara de Casación ya envió una señal clara al rechazar planteos de cosa juzgada que pretendían clausurar el expediente con base en un archivo anterior de 2024. Pero el fallo de la Cámara Federal, con su timing sospechosamente sincronizado, demuestra que la disputa por el origen de los audios recién comienza. La corrupción en la Andis quedó al descubierto. Ahora resta saber si la Justicia permitirá investigarla hasta las últimas consecuencias o si, como tantas veces, un vicio de forma terminará sepultando el fondo del escándalo.
