El operativo de las fuerzas de seguridad se prolongó hasta pasada la medianoche en los alrededores del Parlamento. Organismos de derechos humanos y movimientos sociales cuestionaron la “cacería salvaje” contra los manifestantes. El Gobierno defendió el accionar policial y advirtió que aplicará “todo el peso de la ley” a los responsables de los incidentes.
La plaza de los Dos Congresos se transformó ayer en el escenario de un nuevo capítulo de confrontación entre el oficialismo y los sectores que rechazan el proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei. Lo que comenzó como una movilización mayoritariamente pacífica derivó, con el correr de las horas, en una escalada de violencia que se extendió hasta entrada la madrugada y dejó un saldo provisorio de veintidós personas aprehendidas —veinte de ellas por efectivos de la Policía de la Ciudad y dos adicionales a cargo de fuerzas nacionales—, además de decenas de demorados cuyas cifras exactas aún se desconocen.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular fue una de las primeras organizaciones en alzar la voz. A través de un comunicado, la entidad denunció que al menos diez de los detenidos permanecen alojados “sin causa judicial” en la comisaría del barrio porteño de Barracas y exigió su liberación inmediata. Según pudo reconstruir este medio, el operativo se intensificó una vez que la manifestación comenzó a disolverse, momento en el cual —denunciaron voceros de los manifestantes— se desató una “cacería despiadada” contra quienes aún permanecían en las inmediaciones.
Desde la órbita oficial, en cambio, ofrecieron una versión radicalmente distinta. Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia, donde la magistrada Malena Mercuriali convalidó las detenciones. La misma cartera informó además que tres agentes resultaron lesionados en los enfrentamientos, uno de ellos con un traumatismo de cráneo que derivó en pérdida de conocimiento y su posterior traslado de urgencia al Hospital Italiano.
El listado de los detenidos y las imputaciones que pesan sobre ellos comenzó a circular en los pasillos judiciales pasadas las once de la noche. Julian Catalano, Masilla Francisco, Nicolás Viña y Adrián Jorge Montiel figuran entre aquellos acusados de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que Tripolli, Olvera Marcelo, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale, Sabina Neuman, Leonidas Orquera, Corina González y Félix Américo Maldonado fueron señalados por el delito de incendio y, en algunos casos, otros estragos. El caso de Agustín Sánchez Tomás, en tanto, reviste particular gravedad debido a que sobre él pesaba un pedido de captura vinculado a la Ley de Drogas.
Durante la jornada, la ministra de Seguridad porteña, Alejandra Monteoliva, había anticipado la postura del Ejecutivo local a través de sus redes sociales. “Las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica. Ante cualquier hecho de violencia, nuestras fuerzas van a intervenir”, escribió en la red X, antes de detallar que ya se contabilizaban dos detenidos por agredir al personal y al menos cuatro efectivos heridos —tres de Gendarmería Nacional y uno de la Policía Federal—. Horas más tarde, la funcionaria redobló la apuesta: “No vamos a permitir que los violentos de siempre siembren el caos y el descontrol. Están armados con morteros, molotovs y gomeras con tuercas. Los tenemos identificados y van a pagar las consecuencias. Seguridad y orden”.
En un mensaje posterior, Monteoliva aseguró que su cartera ya había solicitado a la Justicia las autorizaciones necesarias para individualizar a los presuntos agresores mediante el análisis de las imágenes captadas durante el operativo. “Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir a nuestro personal y generar caos”, sostuvo, en una caracterización que fue replicada casi sin variaciones por otros referentes de la coalición gobernante.
El ministro del Interior, Diego Santilli, utilizó su cuenta en la misma plataforma para enviar un mensaje contundente: “Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda”. La exministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich, por su parte, retomó la línea argumental de la “violencia organizada” y compartió un posteo que el propio presidente Javier Milei se encargó de replicar. “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, posteó Bullrich.
El inicio del conflicto se remonta a las primeras horas de la tarde, cuando diversas columnas de gremios, movimientos territoriales y espacios políticos comenzaron a concentrarse en la plaza frente al Palacio Legislativo. La protesta transcurría con normalidad hasta que un contingente de individuos con el rostro cubierto avanzó hacia las vallas de contención ubicadas en el perímetro del Congreso y logró derribar parte del cerco metálico. Testigos presenciales coincidieron en señalar que, a partir de ese momento, la reacción de los efectivos policiales fue “desmedida”. El lanzamiento de gases lacrimógenos, según denunciaron dirigentes presentes, afectó a personas que nada tenían que ver con el derribo de las barreras y que permanecían a varios metros de distancia.
En respuesta a la avanzada de los manifestantes más radicalizados —que comenzaron a arrojar proyectiles de fabricación casera, entre ellos bombas molotov—, las fuerzas de seguridad desplegaron camiones hidrantes y unidades motorizadas que avanzaron sobre la multitud. La escena se repitió de forma intermitente durante horas, con picos de tensión que se prolongaron hasta el cierre de la jornada. Ya sobre la medianoche, en la intersección de la avenida Lima al 600, un grupo de dirigentes políticos —entre ellos Juan Grabois— reclamaba la liberación de los demorados mientras la policía mantenía el perímetro resguardado.
La Comisión Provincial por la Memoria, en tanto, elevó la cifra de personas demoradas a un mínimo de sesenta, aunque voceros judiciales evitaron confirmar números oficiales y se limitaron a señalar que el relevamiento de los procedimientos continuaba en curso.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad emitió un comunicado en el que detalló el costo operativo que implicó la movilización. Según estimaciones oficiales, la jornada representó un desembolso de 270 millones de pesos. Esa cifra incluye —explicaron— un dispositivo especial de higiene urbana dispuesto con antelación, que contempló el retiro preventivo de ciento cuarenta contenedores en más de sesenta cuadras del Microcentro porteño para evitar actos vandálicos u obstrucciones en la vía pública. A ello se suman los daños materiales relevados por las cuadrillas municipales en las inmediaciones del Congreso: veredas erosionadas, baldosas fracturadas, pintadas en cruces peatonales y mobiliario urbano deteriorado. El césped de la plaza, según el parte oficial, sufrió una afectación de quinientos metros cuadrados, además de la rotura de plantas en el cantero central y cestos de basura destruidos.
En ese mismo documento, el Ejecutivo local sostuvo que los manifestantes produjeron “roturas de baldosas y vandalismo en calles”, así como daños en el espacio verde de la plaza, en una caracterización que buscó enfatizar el perjuicio económico derivado de la protesta. Sin embargo, organizaciones sociales y referentes de la oposición rechazaron esos argumentos y acusaron al gobierno porteño de “criminalizar la protesta social” y de montar un relato que justifica un accionar represivo que consideran desproporcionado.
Mientras las agrupaciones convocantes evalúan nuevas medidas de fuerza para los próximos días y la reforma laboral aguarda su tratamiento en el Senado, el clima en los pasillos del Congreso y en las calles aledañas permanece en estado de alerta. Las detenciones de anoche —algunas aún sin notificación formal a familiares ni acceso a la defensa, según denunciaron organismos de derechos humanos— se convirtieron en el nuevo foco de controversia entre quienes reclaman justicia por los aprehendidos y quienes celebran el accionar de las fuerzas de seguridad como un acto necesario para garantizar el orden público. En el medio, los ecos de los gases y los proyectiles aún parecen resonar en una ciudad que, una vez más, amaneció dividida.
