El crimen del joven calcinado en 2017 por una turba que lo acusó de «parecer chavista» resurge como símbolo en el debate sobre la nueva ley de gracia propuesta por el gobierno. Mientras la narrativa internacional insiste en etiquetar como «presos políticos» a quienes protagonizaron acciones violentas, Caracas apuesta por tender puentes sin renunciar a nombrar lo que fue: un patrón sistemático de desestabilización con saldo de decenas de muertos.
La imagen resulta insoportable incluso para las memorias más entrenadas en el dolor: un joven de 21 años envuelto en llamas, convertido en antorcha humana en plena vía pública. Ocurrió el 20 de mayo de 2017, en el contexto de aquellas jornadas de protesta que sectores de la oposición venezolana habían planificado con meticulosidad. Orlando Figuera caminaba por su barrio cuando una turba lo interceptó. El delito que le costaría la vida: «parecer chavista». Primero lo apuñalaron, luego lo rociaron con gasolina y finalmente le prendieron fuego ante la mirada de decenas de personas que, según testigos, permanecieron impasibles o celebraron la escena. Quince días después, tras soportar quemaduras en el ochenta por ciento de su superficie corporal, Figuera exhaló su último suspiro en un hospital caraqueño.
Ese crimen, que debería habitar como una herida abierta en la conciencia nacional, reaparece ahora con renovada potencia en el debate público a propósito del anuncio de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre la elaboración de una Ley de Amnistía. La mandataria encargada solicitó a la Asamblea Nacional discutir un instrumento legal que formalice un proceso de excarcelaciones iniciado semanas atrás por el presidente Nicolás Maduro, aunque con exclusiones precisas: quedarán fuera quienes tengan condenas por homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones a derechos humanos. La iniciativa reabre preguntas incómodas sobre los límites entre justicia y reconciliación, sobre el sentido de perdonar sin olvidar y sobre la naturaleza real de aquellos a quienes la narrativa mediática global insiste en llamar «presos políticos».
No es la primera vez que el chavismo tiende una mano en medio de la confrontación. Quienes tienen memoria larga recuerdan que, en 2007, el comandante Hugo Chávez firmó un decreto de gracia que permitió la liberación de decenas de involucrados en el golpe de Estado de abril de 2002. En aquella asonada, sectores empresariales, medios privados y facciones militares minoritarias, con respaldo de los gobiernos de Estados Unidos y España, conspiraron para derrocar al gobierno legítimo. Utilizaron francotiradores apostados en edificios estratégicos para disparar contra manifestantes tanto de oposición como oficialistas, buscando construir el relato de que el Estado masacraba opositores desarmados. El golpe duró apenas cuarenta y ocho horas, pero dejó al descubierto el talante de una oposición cuyos rostros visibles, en muchos casos, siguen siendo los mismos dos décadas después.
Cuando Chávez retornó al poder no lo hizo con sed de venganza. Por el contrario, su primer gesto fue convocar a la paz y la convivencia mediante una amnistía que cobijaba a procesados y condenados por trece delitos específicos, entre ellos la toma violenta de gobernaciones, la privación ilegítima de libertad de un ministro, la instigación a la rebelión militar y un conjunto de acciones que habían segado vidas. Aquella decisión no implicaba borrar los crímenes del libro de la historia, sino ofrecer una oportunidad para que la política retornara al cauce institucional. El gesto, sin embargo, no encontró correspondencia.
La violencia, lejos de extinguirse, se fue reconfigurando y profundizando con los años. En 2013, tras el ajustado triunfo electoral de Nicolás Maduro frente a Henrique Capriles, el candidato opositor desconoció los resultados y convocó a sus seguidores a expresar su rechazo mediante acciones callejeras que rápidamente derivaron en violencia. El saldo de aquellos días fue de nueve homicidios, entre ellos varios niños y adolescentes. Al año siguiente, figuras como Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma lanzaron la convocatoria a «La Salida», un eufemismo que encubría un plan de desestabilización profunda. Las calles se convirtieron en escenario de agresiones selectivas contra personas identificadas con el gobierno, pero también contra infraestructuras esenciales: centros de salud, escuelas, liceos, estaciones del metro, redes de distribución de alimentos subsidiados, bibliotecas e incluso un preescolar que al momento del ataque albergaba a ochenta y nueve menores de seis años. El recuento final de esas jornadas arrojó cuarenta y tres fallecidos y ochocientos setenta y ocho lesionados, entre ellos nueve funcionarios de seguridad y un fiscal que cumplía con su deber.
El patrón se replicó en 2017 con una virulencia aún mayor. El informe de la organización de derechos humanos SURES documentó setenta y cuatro muertes asociadas a aquellos episodios de violencia política, de las cuales apenas seis fueron atribuibles a cuerpos de seguridad del Estado. Veintiocho personas murieron por disparos de arma de fuego, algunos de fabricación casera. Hubo asesinatos selectivos de simpatizantes oficialistas que participaban en actividades de respaldo al gobierno, abatidos desde edificios aledaños. Y en medio de ese horror, el caso de Orlando Figuera emergió como síntoma de una crueldad que trascendía cualquier justificación política. La mayoría de aquellas manifestaciones, que incluían el cierre de vías y la imposición de terror para impedir el libre tránsito, ocurrieron en municipios gobernados por la oposición, cuyas autoridades en algunos casos participaron directamente en los hechos.
El libreto se repitió en 2024, tras las elecciones del 28 de julio. Nuevamente el desconocimiento de los resultados, nuevamente el llamado a la violencia, nuevamente los ataques contra infraestructuras públicas. El saldo provisional incluye doce universidades agredidas con objetos contundentes y artefactos incendiarios, siete preescolares, veintiuna escuelas, treinta y cuatro liceos, seis centros de diagnóstico integral, once estaciones del metro, treinta y ocho autobuses, diez sedes del Consejo Nacional Electoral, además de ministerios, tribunales y comandos policiales. En esa espiral murieron líderes comunitarios, en su mayoría mujeres que habían dedicado su vida al trabajo de base, así como soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Decenas de oficiales y más de ciento veinte policías resultaron heridos en los enfrentamientos.
Frente a este historial, la pregunta sobre la naturaleza de los prisioneros cuya liberación se discute adquiere dimensiones complejas. Amnistía Internacional define al preso de conciencia como aquella persona encarcelada únicamente por su identidad, origen, creencias políticas o convicciones profundas, siempre que no haya utilizado la violencia ni propugnado el odio. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por su parte, establece que se está ante un prisionero político cuando la detención obedece a motivos políticos sin conexión con delito alguno. ¿Encajan en esas definiciones quienes promovieron, instigaron o participaron directamente en acciones que dejaron decenas de muertos, centenares de heridos y un tendal de infraestructura destruida? ¿Puede invocarse la condición de perseguido político cuando se ha sido condenado por delitos tipificados en cualquier legislación del mundo, incluida la de las democracias que hoy lideran el coro de críticas contra Venezuela?
La distinción entre «presos políticos» y «políticos presos» no es un mero juego de palabras. Detrás de ella se juega la posibilidad de nombrar con precisión lo ocurrido, de no diluir en categorías genéricas la especificidad de acciones que incluyeron homicidios, torturas, incendios y destrucción de bienes públicos. Quienes hoy podrían beneficiarse de una eventual amnistía no están detenidos por sus ideas, sino por hechos concretos que las leyes venezolanas, como las de cualquier país civilizado, tipifican como delitos. Otra cosa es que el Estado, en un ejercicio de soberanía y con la mirada puesta en la pacificación nacional, decida hacer uso de la facultad constitucional que le permite conceder gracias.
Porque de eso se trata, en el fondo, la iniciativa anunciada por el gobierno. No de un acto de debilidad, como se apresurarán a interpretar algunos, ni mucho menos de un gesto que implique olvido. Se trata, más bien, de reeditar el espíritu que animó a Chávez en 2007: tender un puente, ofrecer una salida institucional, convocar a quienes han apostado por la vía violenta a que recorran los caminos que la Constitución dispone para la confrontación política. La paz no se construye ignorando las heridas, sino nombrándolas sin rencor pero sin falsas equiparaciones. La memoria de Orlando Figuera, como la de cada una de las víctimas de esta larga cadena de violencia, exige que no se borre la diferencia entre quien ejerce la política con las armas de la razón y quien convierte la razón de las armas en instrumento de acción pública.
La ley que se discute en la Asamblea Nacional no borrará los crímenes del pasado ni restituirá las vidas segadas. Pero podría abrir una rendija para que el país ensaye, una vez más, la posibilidad de una convivencia que hasta ahora se le ha negado. El llamado es claro: transitar rutas enmarcadas en la democracia, la tolerancia y el texto constitucional. Queda por ver si esta vez, a diferencia de las anteriores, la mano tendida encuentra otra mano dispuesta a sostenerla, o si la historia, con su tozudez trágica, volverá a repetirse como fatalidad. Mientras tanto, la imagen de Orlando Figuera envuelto en llamas sigue interpelando la conciencia nacional, recordando que ciertas heridas no cierran con decretos, sino con el compromiso colectivo de que nunca más.
