La central obrera definirá este lunes si convoca a una huelga de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El gremio de choferes, que en abril había quedado al margen de una medida similar, esta vez aseguró su acompañamiento, lo que garantiza un impacto contundente en el transporte.
En medio de una escalada de tensión política y social, la Confederación General del Trabajo (CGT) se apresta a definir en las próximas horas un nuevo paro nacional que sacudiría al país. La reunión del Consejo Directivo, adelantada de manera urgente tras la media sanción de la reforma laboral en el Senado, será el escenario donde los principales referentes sindicales resolverán si convocan a una huelga general de 24 horas. Pero a diferencia de otras ocasiones, esta vez la medida cuenta con un respaldo que resulta determinante: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya adelantó que acompañará la protesta, lo que supone un golpe letal para la actividad cotidiana, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las principales ciudades del interior.
El guiño del sindicato que conduce Roberto Fernández no es menor. Durante el último paro general convocado por la CGT, el pasado 10 de abril, la UTA había decidido mantenerse al margen bajo el argumento de encontrarse inmersa en una conciliación obligatoria. Esa ausencia había sido interpretada como una fisura en la unidad del movimiento obrero y un alivio para el Gobierno, que logró sortear aquella jornada con servicios mínimos de transporte. Sin embargo, el escenario actual es otro. La reforma laboral que promueve el oficialismo, motorizada por el presidente Javier Milei, encendió todas las alarmas gremiales, incluso en sectores que hasta hace poco mantenían un perfil más cauteloso.
Fuentes de la UTA confirmaron que, ante la consulta realizada el último sábado por un alto dirigente de la central obrera, la postura del gremio fue clara y contundente: “Somos un gremio confederado y, si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”. La frase, breve pero elocuente, despeja cualquier especulación sobre un posible desmarque y consolida un frente sindical unificado en torno al rechazo al proyecto oficial. La decisión de la UTA resulta clave porque el transporte es uno de los sectores más sensibles a la hora de medir el acatamiento de una huelga y, al mismo tiempo, uno de los que mayor visibilidad pública aporta a la protesta.
El contexto en el que se produce esta definición no puede soslayarse. La reforma laboral avanzó en el Senado con el respaldo del oficialismo y sus aliados, en una jugada que el sindicalismo interpreta como un ataque directo a sus estructuras y a los derechos conquistados. Aunque la CGT logró preservar dos puntos neurálgicos en la negociación parlamentaria —las cuotas solidarias y las contribuciones patronales destinadas a las obras sociales—, el clima en las filas gremiales es de máxima alerta. Esos recursos, fundamentales para el sostenimiento del sistema de salud administrado por los sindicatos y para el financiamiento de las propias organizaciones, quedaron a salvo por ahora, pero la ofensiva gubernamental mantiene en vilo a los trabajadores.
La posibilidad de que el paro coincida con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, adonde la iniciativa giró tras su paso por el Senado, añade un componente político de enorme voltaje. La central obrera busca de ese modo instalar un clima de movilización y presión popular mientras los legisladores debaten una ley que consideran lesiva para los intereses de los trabajadores. La estrategia no es nueva, pero en esta oportunidad se da en un marco de relaciones ásperas entre el Gobierno y el movimiento obrero, con escasa vocación de diálogo de ambos lados.
En la CGT saben que un paro con acatamiento masivo y con el transporte prácticamente detenido tendría un efecto multiplicador en términos de visibilidad y presión política. Por eso, el respaldo de la UTA se convierte en una pieza angular del tablero que los sindicalistas intentan armar contra la reforma. La medida, de concretarse, sería la segunda huelga general contra la administración de Javier Milei en menos de tres meses, lo que evidencia la profundidad del conflicto y la velocidad con la que se deterioró la relación entre el poder político y el sindicalismo.
La cumbre de este lunes definirá no solo la fecha del posible paro, sino también los detalles de la estrategia de visibilización y las eventuales movilizaciones que lo acompañen. Mientras tanto, en el oficialismo crece la preocupación por el impacto que una medida de esas características pueda tener en la opinión pública y en el devenir parlamentario de la reforma. La confirmación del respaldo de la UTA no hizo más que encender todas las alarmas en Balcarce 50.
