La ausencia de respuestas oficiales desata una escalada de medidas de fuerza en Tierra del Fuego. Los estatales paralizan actividades este jueves 16, los docentes instalan una protesta permanente frente al silencio de la cartera educativa y los trabajadores de Tribunales anuncian su propio estallido para el viernes 19.
La conflictividad social en el sector público de Tierra del Fuego alcanzó en las últimas horas un punto de ebullición inédito. La falta de diálogo por parte del gobierno provincial, sumada a la postergación de las negociaciones salariales y a una crisis profunda en la obra social de los trabajadores, empujó a tres gremios estatales a endurecer sus posturas de manera casi simultánea. La medida más inmediata recae sobre la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo plenario resolvió un cese total de actividades para toda la provincia en la jornada de este jueves 16. Paralelamente, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEF) inició una acampada ante el mutismo del Ministerio de Educación, mientras que los empleados judiciales confirmaron una retención de servicios para el viernes 19, profundizando así un escenario de tensión creciente.
Desde la delegación Río Grande de ATE, el secretario de Finanzas, Carlos Margalot, detalló en diálogo con Radio Aire Libre los pormenores de la decisión adoptada el martes. El dirigente explicó que el malestar acumulado durante meses —sin convocatorias paritarias desde enero, con salarios que calificó de “insostenibles” y una prestadora de salud al borde del colapso— tornó inevitable la radicalización de las protestas. “Era sabido que íbamos a llegar a esta clase de medidas ante la falta de compromiso del Ejecutivo provincial, la inexistencia de una mesa de diálogo y la ausencia de instancias paritarias”, enfatizó Margalot, quien no ahorró críticas hacia la gestión actual.
El punto más álgido del reclamo gremial se sostiene sobre tres pilares fundamentales. En primer lugar, la urgente necesidad de recomponer los haberes de los empleados públicos, ya que según Margalot “una persona no puede vivir con 800.000 pesos” en el contexto inflacionario vigente. En segundo término, la exigencia de una apertura inmediata de la negociación colectiva, con cronograma claro de discusión salarial. Y en tercer lugar, la dramática situación de la obra social provincial, descripta por el propio secretario de Finanzas como una crisis total: faltantes de medicamentos, una red de prestadores diezmada y escasez de profesionales en clínicas de Buenos Aires, lo que afecta gravemente a los afiliados que requieren derivaciones.
La medida de fuerza de ATE tendrá su punto de concentración en la sede gremial ubicada en Pacheco 756, desde donde los manifestantes marcharán a las nueve de la mañana hacia un lugar que aún no fue definido. Margalot advirtió que la jornada de este jueves podría ser solo el comienzo de un plan de acción ascendente. “A partir de estas medidas veremos semana a semana cómo venimos, y el punto principal es que el gobierno no convoca”, señaló, dejando entrever que el conflicto se extenderá mientras la administración provincial mantenga su hermetismo. Incluso adelantó que la próxima semana podrían incluirse nuevas formas de protesta si persiste la falta de respuestas.
En paralelo, el SUTEF resolvió instalar una acampada frente al edificio del Ministerio de Educación como forma de visibilizar el hartazgo ante el silencio oficial respecto de sus reclamos específicos. Los docentes fueguinos exigen la reapertura de las paritarias y soluciones concretas a las condiciones laborales, mientras que los judiciales se aprestan a replicar el descontento con una huelga propia el viernes 19. Esta coordinación de hecho entre distintos sectores de la administración pública provincial evidencia un malestar transversal que amenaza con paralizar el funcionamiento del Estado fueguino. Las autoridades, hasta el cierre de esta edición, no habían emitido pronunciamiento oficial alguno, lo que alimenta la incertidumbre sobre una posible resolución del conflicto en los próximos días.
