A pesar de haber obtenido la media sanción de su reforma laboral en el Senado, el Gobierno enfrenta un escenario económico crítico. Datos oficiales revelan una sangría productiva incesante: un promedio de 30 compañías cesan sus operaciones diariamente, lo que se traduce en la desaparición de casi 900 fuentes de trabajo formales al mes. El «industricidio» libertario ya dejó un saldo de más de 21.900 empleadores menos y una pérdida que supera los 290.000 puestos de trabajo en apenas dos años, mientras los conflictos gremiales se multiplican en cada rincón del país.
El aire en los parques industriales y las fábricas argentinas se vuelve cada vez más irrespirable. Lo que comenzó como un ajuste gradual se ha transformado en una estampida de cierres que no da tregua. Los números que maneja la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) son elocuentes y dibujan un panorama desolador: hasta noviembre de 2025, la gestión libertaria registró la baja de 21.938 «unidades productivas», un término técnico que engloba desde pequeñas pymes hasta grandes industrias. Detrás de cada número, sin embargo, hay una historia de angustia y desamparo.
Las provincias se han convertido en un tablero donde las fichas de la producción caen una a una. Solo al comenzar el año, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) había contabilizado 629 situaciones de conflicto o parálisis empresarial en todo el territorio nacional, una cifra que, lejos de reducirse, se ha visto incrementada en los primeros meses de 2026 con nuevas y dolorosas noticias. La provincia de Buenos Aires lidera este triste ranking con 168 compañías en crisis, seguida por Santa Fe, La Rioja, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformando un cinturón de desesperanza que afecta a miles de familias.
La agonía textil: de la centenaria tradición al cierre definitivo
El sector textil es, quizás, uno de los emblemas más crudos de esta política. En la ciudad correntina de Goya, la noticia del cierre de la textil Emilio Alal cayó como un mazazo. Fundada en 1914, la compañía decidió bajar las persianas de sus plantas de hilados y telas, dejando en la calle a 260 operarios. La misma suerte corrió su planta en Villa Ángela, Chaco. Alberto Vallejos, un trabajador despedido de 42 años y con más de dos décadas de antigüedad en la firma, describe la desolación con voz quebrada: «Nos sentimos huérfanos de industrias, con la soga al cuello. Esto es un golpe mortal para la ciudad, era de las últimas grandes empresas que nos daban vida. No hay más trabajo, y a mi edad, con 22 años de servicio, ¿dónde me reciben?». Él y sus compañeros aún esperan una indemnización que no llega, mientras la incertidumbre y el desamparo ganan terreno en sus hogares.
Esta tragedia no es un caso aislado. En Tucumán, la principal textil del país también silenció sus máquinas y suspendió a 190 personas. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) ya había advertido en octubre de 2025 que la actividad había sufrido un derrumbe interanual del 24%. Sin embargo, la cruda realidad del sector parece no conmover al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, quien hace apenas unas semanas realizó una confesión que resonó como un eco de la desconexión oficial: «Nunca compré ropa en Argentina». En su diagnóstico, el ministro justificó la crisis argumentando que se trataba de un sector «protegido» a costa de que «47 millones de argentinos pagaran la ropa y el calzado hasta diez veces más que en el mundo».
La paradoja alcanza su punto más alto con la situación de Hilado SA, una empresa con 70 años de historia que, a mediados de enero, cerró su planta en Los Gutiérrez, Tucumán, y despidió a 200 personas, para luego repetir la operación en La Rioja con otras 50 familias. La firma, que ahora busca un concurso de acreedores, pertenece al grupo TN Platex, presidido por Teodoro «Teddy» Karagozian, quien fuera miembro del consejo de Asesores Económicos de Javier Milei hasta su expulsión en 2024. En un comunicado, la empresa explicó que su caída se debe a la tormenta perfecta generada por «la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y el ingreso de ropa usada», los mismos pilares de la política económica que el exasesor ayudó a diseñar.
Cuando la fábrica se convierte en hogar: la lucha por la dignidad
Más al sur, en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, la lucha obrera ha tomado una forma desesperada. Desde hace más de cuatro meses, quince familias, incluyendo niños de entre 1 y 6 años, han hecho de las instalaciones del Frigorífico Euro su hogar. Los dueños, Guillermo y Nicolás Salimeni, abandonaron el lugar llevándose maquinaria y mercadería, dejando a 150 trabajadores sin sus salarios. «De la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Algunos no pudieron pagar el alquiler y esto se convirtió en nuestra casa», relata Walter Navarro, delegado del Sindicato de la Carne. La sospecha entre los empleados es que los empresarios están esperando la nueva legislación laboral para reabrir con los mismos trabajadores, pero bajo condiciones mucho más precarias: «La reforma es para ellos, para los dueños. Quieren borrar nuestras antigüedades de un plumazo y contratarnos de nuevo sin derechos. A nosotros no nos trae nada bueno», denuncia Navarro, recordando con nostalgia los años de auge, cuando el bicicletero de la fábrica se vació porque todos los empleados pudieron comprarse su primer auto.
El sector frigorífico, de hecho, ha sido uno de los más sacudidos. El histórico Frigorífico General Pico, famoso por producir las hamburguesas Paty, despidió a 194 trabajadores en la primera semana de febrero, dejando prácticamente paralizadas sus plantas en La Pampa. La faena cayó de 600 cabezas diarias a tan solo 50, un reflejo del colapso del consumo interno.
Flexibilización por goteo: el hostigamiento como previa de la reforma
En las fábricas que aún resisten, la batalla se libra en el día a día. En la planta de Mondelez en Pacheco, donde se elaboran las emblemáticas galletitas Oreo y Terrabusi, los 2.300 empleados sufren lo que definen como un constante «hostigamiento» para modificar sus condiciones de trabajo. Jorge Penayo, de la comisión interna, explica la estrategia: «Quieren alargar los descansos, darnos más tareas por el mismo salario y crear un grupo de trabajadores flexibles para aumentar la producción sin pagar un peso más. Es un ensayo de lo que viene».
Este clima de presión se replica en otros sectores como el metalúrgico, el automotor y el de la alimentación. Empresas como Granja Tres Arroyos, la avícola más grande del país, ya fueron señaladas por los gremios en 2025 como «la punta de lanza del trabajo esclavo» tras despedir personal en Entre Ríos. Un año después, la compañía ha desactivado una de sus plantas y paga los sueldos en cuotas, confirmando los peores presagios.
Mientras tanto, un estudio de ocho universidades nacionales y el CONICET titulado «Radiografía del trabajo mediado por plataformas» revela otra arista del drama: el 75% de los trabajadores de aplicaciones recurren al pluriempleo, utilizando estas plataformas como un salvavidas secundario ante la insuficiencia de su salario principal. El sueño de «ser su propio jefe» se ha desvanecido, y lo que queda es la necesidad pura de subsistir.
En este contexto de crisis terminal para el empleo formal, la media sanción de la reforma laboral en el Senado se perfila no como una solución, sino como la consolidación jurídica de un proceso de precarización que ya está en marcha. La Argentina de Milei, con 30 empresas cerrando por hora y más de 600 conflictos activos, espera ahora la definición en Diputados, mientras los trabajadores, como los 260 de Goya o las 15 familias del frigorífico en Santa Fe, se aferran a lo único que les queda: la dignidad de la lucha y la esperanza de no quedar definitivamente huérfanos.
