En una abrupta marcha atrás, el oficialismo se vio forzado a ceder ante la presión de sus propios socios parlamentarios y de una opinión pública crecientemente crítica. La reforma laboral sufrirá una modificación sustancial y deberá reingresar al Senado, enterrando el artículo que buscaba reducir el salario de los trabajadores durante sus períodos de enfermedad.
En las entrañas del poder ejecutivo, el clima era de tensa aceptación. La derrota política ya no era una posibilidad, sino una realidad consumada. El Gobierno de La Libertad Avanza, acorralado por el repudio ciudadano y, lo que resultó más determinante, por la rebelión de sus aliados estratégicos en el Congreso, ha decidido dar un paso al costado en su intento de reformar el sistema de licencias médicas. Tanto la bancada del PRO, liderada por Cristian Ritondo, como el MID de Oscar Zago y diversas facciones de diputados vinculados a mandatarios provinciales, cerraron filas con una exigencia inapelable: la eliminación total del controvertido artículo 44.
La presión, que comenzó como un murmullo de discrepancias, se convirtió en las últimas horas en un rugido unánime. Los socios de Javier Milei en el Parlamento no solo endurecieron su postura, sino que descartaron cualquier posibilidad de modificar parcialmente el texto. La propuesta original, que establecía una escala descendente en el cobro del sueldo durante una enfermedad, fue directamente puesta en la picota. Sin margen para el diálogo ni la negociación, el Primer Mandatario se vio obligado a flexionar su postura. El camino ahora es claro, aunque engorroso: el proyecto deberá retornar a la Cámara de Senadores para un nuevo tratamiento.
La máxima responsable del bloque oficialista en la cámara alta, Patricia Bullrich, terminó admitiendo lo que ya era un clamor generalizado. «Incurrimos en un desacierto porque la legislación original no establece distinciones entre las patologías», declaró la exministra, intentando explicar lo que muchos consideran un error de fondo más que de forma.
UN FRENTE PARLAMENTARIO UNIDO CONTRA EL ARTÍCULO
Desde el momento mismo en que el proyecto de ley aterrizó en Diputados, las suspicacias de los bloques aliados se centraron en dos puntos neurálgicos: el esquema de licencias por enfermedad y la posibilidad de abonar los haberes mediante billeteras virtuales. Lo que en el Senado había pasado con un apoyo más o menos dócil, en la Cámara baja encontró una resistencia feroz.
Cristian Ritondo, referente de la bancada macrista, justificó el giro de su espacio con argumentos contundentes. Aseguró que la eliminación del artículo 44 no solo era un gesto hacia los trabajadores, sino un favor que se hacían a sí mismos como fuerza política. En paralelo, solicitó que se refine la redacción del artículo 35 para incluir de manera explícita las billeteras virtuales como medio de pago, dejando en claro su descontento con las modificaciones apresuradas incorporadas al final del debate en el Senado.
La voz de los gobernadores también se hizo sentir con claridad. Las bancadas federales, como Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, transmitieron al oficialismo su rotundo rechazo. El mandatario salteño Gustavo Sáenz, una de las voces más respetadas del interior, fue categórico al señalar que lo más sensato era enmendar el rumbo. «Si se cometió una equivocación, lo justo es corregirla y, mejor aún, suprimirla. Nadie elige enfrentarse a un accidente o a una dolencia», manifestó el gobernador, resumiendo el sentir de su espacio.
Oscar Zago, titular de la bancada del MID, no escatimó en críticas hacia sus propios aliados. Con un lenguaje inusualmente duro, advirtió que modernizar el Estado no implica legislar sin leer. En una clara alusión a los senadores que aprobaron el artículo sin el debido escrutinio, los calificó de improvisados. Sus dardos más punzantes apuntaron directamente a Patricia Bullrich y al asesor Federico Sturzenegger, a quienes señaló como los responsables de haber introducido el polémico punto a escondidas. «La senadora lo mantuvo en secreto, lo guardó bajo siete candados», denunció Zago, para luego sentenciar con sorna que el verdadero artífice de la iniciativa no había querido asumir las consecuencias de su pésimo diseño.
EL ENREDO COMUNICACIONAL DE BULLRICH
La encargada de defender lo indefendible se encontró atrapada en un laberinto argumental del que no pudo salir airosa. En sus múltiples apariciones mediáticas, Patricia Bullrich intentó justificar la reforma asegurando que ciertas enfermedades «severas, degenerativas o incapacitantes» quedarían exentas de la quita salarial. Sin embargo, nunca pudo precisar qué organismo sería el encargado de diagnosticar y clasificar cada dolencia, ni cómo se determinaría si un trabajador merecía cobrar el ciento por ciento de su salario, el setenta y cinco o apenas la mitad.
Con el correr de las horas, sus explicaciones se volvieron más enrevesadas. En un intento por desviar la atención, afirmó que la modificación era necesaria para terminar con una «mafia» de certificados médicos fraudulentos, llegando a mencionar la existencia de «cientos de personas encarceladas» por esa causa, una afirmación que careció de sustento y precisiones. Incluso llegó a relatar una anécdota de dudosa verosimilitud sobre una panadera que le habría agradecido la iniciativa, mientras se quejaba de sus compañeros que faltaban al trabajo por enfermedad.
A pesar de reconocer el «error», Bullrich insistió en que el problema residía en la ley anterior, que no discriminaba entre patologías. Según su lógica, bastaba con aclarar el texto para incluir las enfermedades graves. Esta postura, sin embargo, abría un abanico de preguntas irresolubles: ¿Quién tiene la autoridad para diagnosticar? ¿Qué institución decide la gravedad de cada caso? ¿Cómo se tipifican miles de enfermedades en una sola norma? ¿Un simple resfrío obligaría al trabajador a concurrir a su puesto con fiebre para no perder el salario? El interrogatorio, evidentemente, no tenía respuesta satisfactoria.
LA DECISIÓN DE CORTAR POR LO SANO
Ante el inminente naufragio, en las filas del PRO se impuso el pragmatismo. Los equipos técnicos del partido analizaron el escenario y concluyeron que resultaba mucho más viable establecer mecanismos de control para detectar certificados apócrifos que intentar enumerar en una ley la infinita casuística de las enfermedades humanas. La solución era drástica pero efectiva.
Fue así que Cristian Ritondo zanjó la cuestión con un mensaje contundente en redes sociales: «El camino más adecuado para alcanzar una ley de modernización laboral es desactivar el artículo 44». La frase, envuelta en un tono constructivo, no dejaba lugar a dudas sobre la decisión del bloque. El debate estaba clausurado.
El deseo del Ejecutivo era tener la ley sancionada antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, para que el Presidente pudiera exhibirla como un logro en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el plan se ha desmoronado. Visiblemente molesto, Javier Milei lamentó los obstáculos que encuentra su gestión para derogar lo que él denomina «legislación de los años 70». La realidad es que su anhelo de avanzar en un recorte de derechos laborales deberá esperar. La derrota parlamentaria, aunque disfrazada de corrección técnica, posterga por varias semanas la sanción definitiva de la reforma.
