José María Balcázar asume la presidencia tras una controvertida elección en el Congreso, en medio de cuestionamientos judiciales y alianzas que desdibujan las fronteras ideológicas. El país enfrenta una vorágine institucional mientras se prepara para acudir a las urnas el próximo 12 de abril.
En una sesión parlamentaria que se extendió por espacio de cuatro horas y que dejó al descubierto las entrañas de la crisis política peruana, el legislador José María Balcázar, de la agrupación Perú Libre (PL), juró anoche como nuevo mandatario de la República ante el Congreso. El veterano abogado y exmagistrado supremo, de 83 años, asume las riendas del país en reemplazo del destituido José Jerí, convirtiéndose en el octavo jefe de Estado que ocupa el palacio de gobierno en tan solo diez años, una marca sin precedentes en la historia republicana.
La votación que encumbró a Balcázar en la presidencia del Legislativo —y por ende en la primera magistratura de la nación— se resolvió en segunda vuelta con 64 sufragios de los 130 parlamentarios, aunque únicamente 113 legisladores participaron en la elección. De esta manera, el flamante gobernante piloteará un Ejecutivo de transición hasta el próximo 28 de julio, cuando estaba prevista la transferencia del mando en medio del calendario electoral que contempla comicios presidenciales y parlamentarios para el 12 de abril.
La ceremonia de investidura, cargada de simbolismos y tensiones, evidenció las paradojas que definen el actual momento político peruano. Balcázar, perteneciente a una organización que se autodefine como marxista-leninista, llega al poder gracias al respaldo de la misma coalición conservadora y ultraderechista que controla los hilos del Parlamento. Se consuma así una alianza que para muchos observadores representa la consumación de una metamorfosis política iniciada tiempo atrás.
Perú Libre, el movimiento que llevó al maestro rural Pedro Castillo a la presidencia en julio de 2021, ha experimentado una mutación profunda desde entonces. Aquel partido que irrumpió en la escena nacional con un discurso antagónico al establishment terminó expulsando a su propio mandatario, y varios de sus congresistas apoyaron la destitución de Castillo en diciembre de 2022. Desde aquel entonces, la bancada a la que pertenece el nuevo presidente se ha transformado en un socio inseparable de las fuerzas derechistas que dominan el Legislativo.
El líder máximo de la organización, Vladimir Cerrón, quien actualmente permanece prófugo de la justicia tras dictarse una orden de captura en su contra por presuntos actos de corrupción, ha justificado públicamente esta estrategia de alianzas. En declaraciones recientes, Cerrón ha manifestado que su prioridad fundamental consiste en combatir lo que denomina «izquierda moderada» —categoría en la que incluye a todas las expresiones progresistas ajenas a su tienda política— y que para alcanzar dicho objetivo no duda en estrechar lazos con el fujimorismo e incluso con sectores de orientación fascista.
Esta curiosa comunión ideológica se ha traducido en hechos concretos dentro de la actividad parlamentaria. Los representantes de Perú Libre han sumado sus votos para aprobar iniciativas legislativas que favorecen la impunidad en casos de corrupción política y han respaldado consistentemente las maniobras destinadas a que el fujimorismo y sus aliados terminen por copar el sistema de justicia. Fue precisamente esta coalición la que sostuvo inicialmente a Dina Boluarte, sucesora de Castillo, hasta que los escándalos por corrupción y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos la convirtieron en un lastre insostenible, para luego colocar a José Jerí en la presidencia.
Un pasado judicial bajo la lupa
La trayectoria personal del flamante mandatario acumula sombras que han despertado justificadas suspicacias. Durante su desempeño como magistrado, Balcázar enfrentó denuncias por haber dispuesto en 2003 la liberación de dos empresarios de medios de comunicación acusados de recibir cuantiosos sobornos de la dictadura fujimorista a cambio de brindar respaldo editorial al régimen. Aquella polémica resolución judicial fue posteriormente anulada por instancias superiores.
El nuevo jefe de Estado arrastra además un proceso penal por la presunta apropiación indebida de fondos pertenecientes al Colegio de Abogados de Lambayeque, institución que presidió entre 2019 y 2020 en esa región septentrional del país. La sanción no se hizo esperar: en 2022 fue expulsado de dicha orden profesional. Paralelamente, enfrenta otra causa judicial abierta que investiga presuntas negociaciones para archivar este expediente judicial con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a cambio de respaldarla con su voto en el Congreso.
Las declaraciones del ahora presidente sobre materias sensibles han generado también encendidas polémicas. En una oportunidad se opuso frontalmente a una iniciativa legislativa que pretendía prohibir el matrimonio infantil, y llegó a defender las relaciones sexuales entre adultos y menores argumentando que tales prácticas «contribuyen al desarrollo psicológico de las mujeres». Estas afirmaciones le valieron el repudio unánime de organizaciones defensoras de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad civil.
Un discurso evasivo y promesas de transición
Tras jurar al cargo en el hemiciclo, Balcázar pronunció un mensaje breve que sorprendió por su contenido predominantemente histórico, con escasas referencias a la coyuntura política inmediata. Ofreció diálogo como herramienta de gestión y deslizó una reflexión que muchos interpretaron como un intento por desdibujar las coordenadas ideológicas tradicionales: aseguró que las categorías de izquierda y derecha «carecen de todo sustento» en la actualidad.
El mandatario interino acotó los objetivos de su breve gestión, que se extenderá por cinco meses, a dos prioridades fundamentales: el combate contra la escalada delincuencial que azota al país y la organización de unos comicios transparentes el venidero 12 de abril. La brevedad de su intervención contrastó con la densidad de los desafíos que enfrenta una nación sumergida en una prolongada agonía institucional.
Derrota del fujimorismo y factura política
La sesión electoral dejó también un saldo amargo para sectores que llegaron como favoritos. La legisladora María del Carmen Alva, militante del partido derechista Acción Popular, se perfilaba inicialmente como la candidata con mayores opciones. Tanto el fujimorismo en pleno como diversos congresistas de la alianza conservadora habían anunciado públicamente su respaldo a su postulación. Alva ingresó al Parlamento con la convicción de que asumiría la presidencia del Legislativo, pero egresó horas después con las manos vacías, en un giro que simboliza también un revés para la bancada naranja.
La explicación de este sorpresivo desenlace, según coinciden analistas y cronistas parlamentarios, reside en los anticuerpos que la propia Alva generó durante su anterior gestión al frente del Congreso, entre 2021 y 2022. Actitudes calificadas como prepotentes, manifestaciones de soberbia y expresiones racistas durante aquel período le pasaron una factura política que resultó determinante. La votación evidenció que buena parte de los parlamentarios de la propia coalición derechista —de la cual ella es una de las figuras más visibles— terminó por darle la espalda, prefiriendo inclinar sus preferencias hacia Balcázar, un político perteneciente a un partido nominalmente izquierdista al que habían combatido, pero que ha brindado sobradas pruebas de sintonía práctica con los postulados de esa alianza conservadora.
Jerí, entre la salida del poder y los fantasmas judiciales
El ya expresidente José Jerí, quien desalojó la casa de gobierno en la noche del martes tras su destitución, conserva la habilitación para reasumir sus funciones como congresista. Sin embargo, optó por no asistir al Parlamento para participar en la elección de quien habría de sucederlo. Su ausencia resultó llamativa en medio de un contexto particularmente delicado.
Este miércoles, efectivos del Ministerio Público irrumpieron en el palacio de gobierno —antes de que asumiera el sucesor de Jerí— como parte de las diligencias investigativas abiertas contra el exmandatario por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Las pesquisas se centran en contrataciones irregulares realizadas durante su gestión y en reuniones secretas sostenidas con empresarios que mantienen millonarios contratos con el Estado.
La situación judicial de Jerí podría complicarse aún más. Fuentes cercanas a la fiscalía han dejado entrever la posibilidad de reabrir la denuncia penal por violación sexual que pesaba en su contra y que fuera archivada en agosto de 2025, cuando ejercía la presidencia del Congreso, mediante una decisión fiscal que en su momento despertó agudas críticas por las presuntas irregularidades que la rodearon.
El ahora exgobernante observa con creciente preocupación el horizonte judicial que se cierne sobre su persona y la eventualidad de convertirse en un nuevo huésped del establecimiento penitenciario Barbadillo, ese recinto carcelario que alberga a los expresidentes peruanos procesados por diversos delitos y que se ha convertido en un símbolo de la tormentosa relación entre el poder político y la justicia en el país andino.
La noche del miércoles dejó así una estela de incertidumbre sobre un país que parece condenado a navegar en aguas turbulentas, con un nuevo capitán al timón cuya designación refleja más las complejas dinámicas de supervivencia política de una clase parlamentaria desacreditada que un auténtico anhelo de estabilidad y recomposición institucional. Perú suma un nuevo récord, pero el costo de esa marca lo pagan día a día ciudadanos que observan con perplejidad cómo la crisis política se perpetúa como única constante en su vida republicana.
