En una jornada signada por la crispación política y el rechazo sindical, el Frente de Sindicatos Unidos elevará un pedido formal al triunvirato cegetista para que organice un cese de actividades de jornada y media en el momento en que la Cámara Alta vuelva a debatir la iniciativa oficial. La postura fue impulsada por Daniel Yofra, titular de la Federación Aceitera, quien instó a radicalizar las medidas de fuerza en todo el territorio.
Pasada la medianoche del viernes, y en una sesión que se extendió hasta la madrugada, la Cámara de Diputados dio media sanción a la denominada Ley de Modernización Laboral. Con 135 voluntades a favor y 115 en contra, el texto sufrió modificaciones respecto de la versión que había obtenido dictamen previo en el Senado —entre ellas, la supresión del polémico artículo 44—, lo que obliga a que el proyecto regrese a la Cámara Alta para su revisión definitiva. Este escenario legislativo reabre la grieta entre el oficialismo y las centrales obreras, que ya se preparan para una nueva demostración de fuerza en las puertas del Congreso.
En ese contexto de alta tensión social, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón, confirmó en declaraciones radiales que el Fresu solicitará formalmente al triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo la realización de un paro de 36 horas. El dirigente sindical fundamentó la iniciativa en la necesidad de robustecer el plan de acción contra lo que considera un avasallamiento de los derechos históricos de los trabajadores. Según expresó, la nueva normativa «despoja a los asalariados de instrumentos elementales de defensa», al poner límites al derecho de huelga y a la realización de asambleas, al tiempo que cuestionó aspectos sensibles como la fragmentación del período de descanso anual, la instauración de un banco de horas y la flexibilización en el pago de las horas extraordinarias.
Yofra no ahorró críticas hacia el arco político y, en particular, hacia aquellos legisladores que, según su testimonio, habían manifestado una postura contraria a la iniciativa pero terminaron acompañando el proyecto oficialista en la votación. Asimismo, apuntó contra la estrategia desplegada por la conducción nacional de la CGT, a la que acusó de depositar expectativas ilusorias en dirigentes políticos y en eventuales fallos judiciales. «Los integrantes del triunvirato de la CGT estaban ilusionados con los políticos porque supuestamente tenían los votos asegurados. Hoy depositan su confianza en la Justicia. Mañana la pondrán en una peregrinación a San Cayetano. Esas posturas no se condicen con la esencia del sindicalismo. El movimiento obrero debe empoderarse por sí mismo, más allá de los partidos políticos», enfatizó el dirigente.
El malestar gremial también se hizo sentir con fuerza en el interior del país. En Rosario, diversas entidades sindicales manifestaron su rotundo repudio a la iniciativa del Poder Ejecutivo y anticiparon una profundización de las medidas de acción directa. Martín Lucero, secretario adjunto de la CGT local y máximo referente del Sadop en la ciudad, hizo un llamamiento público a los senadores santafesinos para que reconsideren su posición cuando el proyecto regrese al recinto. En particular, mencionó a Eduardo Galaretto y a Carolina Losada, a quienes instó a acompañar «el sentir popular» y a modificar el sentido de su voto en defensa de los intereses de la ciudadanía.
En la misma sintonía, Walter Palombi, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Correo de Rosario, alertó que la normativa impulsada por la Casa Rosada «debilita las conquistas laborales» y anticipó que, si la iniciativa consigue la sanción definitiva en el Senado, las organizaciones gremiales evaluarán tanto la presentación de recursos judiciales como la implementación de nuevas medidas de protesta en la vía pública.
A las voces críticas se sumó Antonio Ratner, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, quien calificó la reforma como un retroceso histórico en términos de derechos y destacó el alto nivel de acatamiento que tuvieron las recientes jornadas de protesta convocadas por el sector. Por su parte, Claudio García, secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal de Santa Fe (SuteryH), responsabilizó a la dirigencia política en su conjunto por la aprobación del proyecto en Diputados y reclamó una escalada en el plan de lucha.
El malestar también alcanzó al ámbito universitario. Miguel Roldán, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur), advirtió que el texto sancionado contiene vicios de inconstitucionalidad y carece de cláusulas que amplíen los derechos de los trabajadores, por lo que exigió su rechazo definitivo. En tanto, Federico Gayoso, titular de Coad, sostuvo que la reforma allana el camino para los despidos sin causa, fomenta la precarización laboral y atenta contra la sustentabilidad del sistema previsional.
Con la mira puesta en la nueva sesión del Senado, el clima político y social se encamina hacia un escenario de alta combustión. La eventual convocatoria a un paro nacional de 36 horas por parte de la CGT —a instancias del Fresu— se perfila como el próximo episodio de un conflicto que promete intensificarse tanto en las calles de Rosario como en el resto del país, mientras el destino de la reforma laboral permanece en vilo.
