El mandatario brasileño anticipa medidas drásticas para contener el avance de los casinos digitales, que calificó como una amenaza directa a la economía de los sectores vulnerables. Las alarmas oficiales se encienden tras conocerse que beneficiarios de programas sociales destinaron miles de millones a estas firmas.
En una encendida alocución desde el municipio de Mauá, en el corazón del cinturón industrial paulista, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una advertencia contundente contra el creciente fenómeno de las apuestas por internet. Durante un acto destinado originalmente a anunciar inversiones en educación y salud, el jefe de Estado desvió su atención hacia lo que describió como una sangría financiera que afecta a los hogares humildes del país sudamericano.
«Están vaciando los bolsillos de nuestra gente trabajadora», manifestó el líder progresista ante un auditorio atento, mientras prometía que su administración implementará respuestas «extremadamente rigurosas» para frenar lo que consideró una verdadera epidemia digital. El dirigente, que buscará la reelección en los comicios de octubre próximo, expresó su preocupación por la facilidad con que los ciudadanos acceden actualmente a estas plataformas.
El mandatario describió un escenario donde los tradicionales establecimientos de juego han mutado hacia una modalidad mucho más invasiva y peligrosa. «El antiguo casino, ese espacio físico al que había que trasladarse, ahora habita en nuestros hogares, en la comodidad de los salones familiares», advirtió Lula, señalando el dispositivo móvil como el nuevo vehículo de una adicción que no distingue edades.
«Lo encontramos literalmente en la palma de la mano de adolescentes de catorce años, que toman sus teléfonos y comienzan a apostar, muchas veces dilapidando recursos que no poseen», denunció el estadista durante su intervención. Esta realidad, según su visión, justifica la intervención estatal para proteger a las capas más desprotegidas de la sociedad brasileña.
El exsindicalista rememoró sus convicciones de juventud, cuando la doctrina de la Iglesia católica moldeó su percepción sobre los juegos de azar. «Aprendí desde temprano a rechazar estas prácticas», confesó, aunque reconoció que la masificación de la telefonía celular ha transformado radicalmente el panorama, volviendo imperceptibles los límites entre el entretenimiento y el riesgo financiero.
El gobierno federal ya ha comenzado a trazar una estrategia regulatoria para hacer frente a esta problemática, cuya magnitud quedó expuesta recientemente cuando la autoridad monetaria divulgó cifras alarmantes. Según reportes del Banco Central, en un único período mensual, los titulares del Bolsa Familia, el emblemático programa de asistencia social, efectuaron transferencias que alcanzaron los 3.000 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 580 millones de dólares, destinadas a empresas del sector.
El parlamento brasileño ya dio luz verde a una iniciativa gubernamental que establece un incremento progresivo en la tributación que grava los ingresos de las casas de apuestas digitales. El esquema aprobado contempla un aumento escalonado que partirá del 12 por ciento actual para situarse en el 13 por ciento durante 2026, alcanzando el 14 por ciento al año siguiente y culminando en el 15 por ciento para 2028.
Este tributo específico se calculará sobre la facturación bruta de las compañías dedicadas a esta actividad, y los recursos recaudados tendrán como destino prioritario el financiamiento de políticas sanitarias y de previsión social. Los analistas estiman que, sumando este gravamen a las restantes obligaciones impositivas que pesan sobre el sector, la carga tributaria efectiva podría aproximarse al 40 por ciento.
En octubre pasado, el Ejecutivo había dictado una disposición que prohibía expresamente a los receptores del Bolsa Familia y otras ayudas sociales utilizar esos fondos para participar en apuestas virtuales. Sin embargo, esta determinación sufrió un revés cuando el magistrado Luiz Fux, integrante del Supremo Tribunal Federal, acotó su aplicación atendiendo un reclamo presentado por la entidad que nuclea a las empresas de loterías y juegos.
La corte suprema tenía previsto convocar para este martes a las partes involucradas en el conflicto a una audiencia conciliatoria, aunque el encuentro debió postergarse por cuestiones de agenda de los magistrados, dejando temporalmente en suspenso la resolución del entuerto legal.
Las declaraciones del presidente reflejan una creciente inquietud oficial por el avance de una industria que, aprovechando los resquicios legales y la penetración tecnológica, ha encontrado en los sectores de menores ingresos un terreno fértil para su expansión, generando distorsiones que ahora merecen la atención prioritaria del Estado.
