Más de cinco millones de alumnos podrían verse afectados por el paro nacional convocado por CTERA, al que se sumaron sindicatos bonaerenses en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Mientras la gestión de Axel Kicillof enfrenta un escenario de “ahogo financiero” por los recortes de Nación, los gremios exigen una convocatoria urgente a paritarias.
El próximo lunes 2 de marzo, fecha estipulada para el inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, encuentra al sistema educativo al borde de una paralización que dejaría sin clases a más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes. La amenaza de que las aulas permanezcan vacías ese día cobró forma tras la determinación adoptada el viernes por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que resolvió un paro nacional en protesta contra la reforma laboral promovida por la administración libertaria, la cual podría obtener su sanción definitiva en las próximas horas. La medida forma parte de un plan de acción más amplio que incluirá movilizaciones, carpas y caravanas en distintos puntos del país.
En consonancia con la decisión de la entidad madre, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), por su condición de gremio de base, adhirió inmediatamente a la huelga. Sin embargo, el conflicto no se limita a la coyuntura nacional. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevaron un pedido formal a la gobernación de Axel Kicillof para que convoque “con carácter impostergable” a una nueva mesa de diálogo paritario, ante la insuficiencia de las propuestas salariales formuladas hasta el momento.
El gobierno provincial, a través de voceros consultados por este medio, sostiene que “la negociación se mantiene abierta”, aunque hasta el cierre de esta edición no se había cursado invitación alguna para esta semana. Un dato que añade complejidad al escenario es que la liquidación de los haberes correspondientes a febrero ya fue procesada, por lo que cualquier eventual incremento acordado en los próximos días sería percibido por los trabajadores de manera desfasada. Fuentes gubernamentales admitieron, en off the record, que “resultará complejo eludir la medida de fuerza anunciada”, teniendo en cuenta el adverso contexto macroeconómico y las permanentes críticas que desde el oficialismo provincial se dirigen a la Casa Rosada.
Pese a la tensión, desde la administración bonaerense señalaron un gesto que no pasó inadvertido para el gobernador. La semana precedente, más de un millón de estudiantes ya retomaron contacto con las instituciones educativas en el marco del Período de Intensificación de la Enseñanza, una instancia que brinda horas adicionales de acompañamiento pedagógico y refuerzo de contenidos. “Hubo una clara voluntad de garantizar la presencialidad”, destacaron las fuentes, en alusión al compromiso docente con esas jornadas previas al inicio formal del calendario escolar.
El malestar gremial viene incubándose desde mediados de febrero. El viernes 13, la FEB celebró un congreso en el que rechazó de plano la oferta salarial presentada por el Ejecutivo provincial. La propuesta, calificada como “insuficiente” por los educadores, motivó la declaración de un paro de 24 horas justo para la jornada inaugural del ciclo lectivo 2026. Liliana Olivera, presidenta de la FEB, explicó los motivos de la medida: “El incremento ofrecido, de apenas un tres por ciento para febrero, no logra compensar el deterioro salarial que venimos padeciendo en el sector”. Y precisó que, con esa actualización, un maestro de grado recién iniciado en la docencia percibiría un aumento en su salario de bolsillo de tan solo 22.188 pesos.
ATE, por su parte, hizo llegar al Ministerio de Trabajo bonaerense una nota en la que solicita una “reunión paritaria urgente” para que los empleados estatales de la provincia “no comiencen el año con una nueva merma en su poder de compra”. En el escrito, el sindicato dirigido por Oscar de Isasi advierte sobre el impacto de las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei: “Desde el levantamiento del cepo cambiario, la consecuente devaluación de nuestra moneda implicó una de las pérdidas más agudas del poder adquisitivo, con un retroceso del 13,5 por ciento en apenas treinta días, mientras la inflación continúa sin dar tregua”.
El gremio estatal profundizó su crítica al señalar que “llevamos más de dos años soportando un ajuste brutal impulsado por el Gobierno nacional, que provocó un derrumbe constante de los ingresos de los trabajadores”. En ese sentido, detallaron que desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires experimentó un incremento del 593 por ciento, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 200 por ciento, una diferencia que evidencia el impacto regresivo de las medidas económicas sobre los sectores asalariados.
Ante este panorama, el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, volvió a denunciar el “estrangulamiento financiero” que sufre la provincia más poblada del país como consecuencia de las decisiones adoptadas por la administración central. A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que “desde la asunción del actual Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires acumula pérdidas por 22,2 billones de pesos, resultado de recortes en programas, obras paralizadas, deudas impagas y el impacto de una política económica que desalienta la producción y erosiona la recaudación tributaria”.
López enfatizó que “mientras enfrentamos el abandono por parte de Nación de todas las funciones indelegables del Estado, los recursos de la provincia se encuentran históricamente deprimidos”. El titular de la cartera económica bonaerense subrayó que “la educación, la salud, la seguridad y la obra pública son sistemáticamente desatendidas por el Gobierno nacional, que además nos priva de los fondos necesarios para sostenerlas”. En un nuevo llamado a la Casa Rosada, el ministro exigió que “cese la asfixia financiera contra Buenos Aires y cumpla de inmediato con todas las obligaciones que mantiene con las provincias argentinas”.
El plan de lucha de CTERA
En paralelo al conflicto salarial bonaerense, CTERA delineó una hoja de ruta que se desplegará a lo largo de marzo. El objetivo central será “informar y concientizar” a la comunidad sobre los alcances de la reforma laboral recientemente aprobada en el Congreso Nacional y sus consecuencias para el sector docente. Entre las medidas previstas, el gremio exigirá la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, reclamará un aumento salarial que supere la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido y demandará la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y demás partidas nacionales destinadas a la educación.
La confederación también anticipó su rechazo terminante a la denominada Ley de Libertad Educativa y a cualquier iniciativa que, a su juicio, tienda a “mercantilizar la enseñanza”. Asimismo, pondrá énfasis en la defensa de la estabilidad laboral y de los regímenes previsionales específicos del magisterio, en un contexto donde las discusiones sobre el futuro del sistema jubilatorio vuelven a cobrar protagonismo en la agenda pública.
Con un inicio de clases en vilo y una pulseada que involucra a Nación, provincia y gremios, la comunidad educativa bonaerense aguarda con expectación los próximos movimientos de una negociación que, por estas horas, aparece signada por la incertidumbre y la falta de acuerdo.
