Mientras el Gobierno predica la motosierra y la austeridad absoluta con la famosa consigna de que «no hay plata», el ministro de Desregulación y estrella intelectual del mileísmo firmó una adjudicación directa millonaria para que la academia de inglés de su cónyuge capacite a burócratas. El acuerdo no solo superó ampliamente la inflación, sino que expone la doble vara de un funcionario que promete destruir el Estado por dentro mientras lo usa para beneficiar a su círculo íntimo.
En los albores de la gestión de Javier Milei, mientras la administración libertaria construía su relato sobre la base de la escasez absoluta —suspender la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y desabastecer de medicamentos a pacientes críticos mientras la maquinaria propagandística oficial repetía como un mantra que «no hay plata»—, una decisión silenciosa en el Palacio San Martín terminó por revelar las grietas de un discurso implacable.
La Cancillería, por entonces bajo la conducción de Diana Mondino, decidió renovar un jugoso convenio con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para perfeccionar el idioma de los empleados públicos. Lo que podría haber sido un trámite administrativo más se convirtió en un escándalo de proporciones al conocerse quién estaba al frente de esa entidad privada: María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger. En aquel febrero de 2024, el mentado «Coloso» del presidente aún no ocupaba un cargo formal, pero ya asomaba en las redes sociales como el ideólogo que prometía dinamitar las estructuras burocráticas mostrándose eufórico entre pilas de expedientes que juraba eliminar.
El dato que aportó El DiarioAR sacudió los cimientos de la coherencia gubernamental: el convenio suscripto el 27 de febrero del año pasado ascendió a 55,3 millones de pesos, lo que representó un incremento del 398 por ciento respecto de los 11 millones que había pactado la gestión de Alberto Fernández en marzo de 2023. La comparación con la inflación interanual, que trepó al 276 por ciento en ese lapso, resulta lapidaria: el Estado terminó pagando un servicio mucho más caro del que debería, justo cuando desde el poder se sataniza al sector público por su supuesta ineficiencia y derroche.
Pero la trama se vuelve más densa cuando se analiza el mecanismo de contratación. Lejos de someterse a los rigores de una licitación pública que garantizara transparencia y la mejor oferta posible para las arcas estatales, el acuerdo se resolvió mediante adjudicación directa por 114 millones de pesos para capacitar a 132 trabajadores públicos. Los voceros de los organismos involucrados intentaron minimizar el episodio argumentando que el instituto comandado por Roulliet representaba «la única opción viable para dictar cursos en inglés», una justificación que resultó cuanto menos endeble. Agregaron, además, que el vínculo se remontaba a 2018 y que para esta ocasión se había requerido un dictamen de la Oficina Anticorrupción como intento de blindaje legal.
El escenario resulta particularmente incómodo para un funcionario que construyó su prestigio intelectual predicando el achique despiadado del Estado. Sturzenegger, devenido en una suerte de gurú de la desregulación, enfrenta ahora el espejo incómodo de sus propias contradicciones: mientras promueve un Estado mínimo para el resto de los mortales, su entorno más cercano se beneficia de contratos generosos firmados a espaldas de la competencia pública.
El verano no ha sido clemente con el flamante ministro. En los últimos días, su incontinencia verbal lo colocó en el centro de la tormenta, incluso entre sus propios compañeros de ruta libertarios. Sus declaraciones acerca del descuento salarial que pretendía imponer la reforma laboral a los trabajadores que presentaran problemas de salud encendieron todas las alarmas, obligándolo a retroceder ante el repudio que generó incluso en los estómagos acostumbrados a tragar sapos de sus aliados del Pro y la UCR.
Pero el historial reciente acumula más escombros. La semana pasada se conoció que su cartera había rubricado el 30 de noviembre un contrato de alquiler por cuatro pisos y dos docenas de cocheras en el corazón de Buenos Aires, un negocio inmobiliario que demandará 720 millones de pesos, sin contar expensas, conectividad y otros servicios que, obviamente, también corren por cuenta del erario público.
La imagen del predicador del ajuste, que se relamía frente a las cámaras mostrando las leyes que prometía derogar y las estructuras que juró desaparecer, contrasta ahora con la de un ministro que multiplica contratos, alquila propiedades suntuosas y beneficia a su cónyuge con acuerdos millonarios. El mantra de que «no hay plata» parece tener excepciones cuando se trata de complacer al círculo rojo del poder. La pregunta que comienza a circular en los pasillos de la política y en la ciudadanía atenta es si el Coloso no será, en realidad, un gigante con pies de barro, construido sobre la base de un discurso que se resquebraja apenas choca con los privilegios de los propios.
