La Casa Rosada confirmó que las encuestas reflejan un fuerte descontento popular tras la decisión de suspender la novena jornada. Mientras avanza la causa judicial contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino por presuntas irregularidades fiscales, el oficialismo evalúa medidas administrativas y no descarta acelerar el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas.
El anuncio del paro dispuesto por la Asociación de Fútbol Argentino desató un terremoto político que llegó hasta los despachos de Balcarce 50. Según pudo reconstruir este medio, en el Gobierno aseguran que las medidores de opinión pública reflejan un malestar creciente en la ciudadanía a raíz de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura. La molestia detectada en las encuestas encendió las alarmas en la mesa chica del Ejecutivo, que ya diagrama una estrategia comunicacional y administrativa para marcar posición frente a lo que consideran una medida inconsulta y perjudicial para los hinchas.
En las últimas horas, el equipo técnico de la Casa Rosada mantuvo encuentros para analizar los pasos a seguir. La preocupación central gira en torno a cómo manifestar el rechazo a la conducción del fútbol argentino sin traspasar los límites legales que protegen a la entidad. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron a TN que no se descartan presentaciones formales ni requerimientos de información vinculados al funcionamiento interno de la AFA, en un contexto donde la tensión entre ambas partes parece lejos de encontrar una tregua.
El conflicto estalló en la antesala de las indagatorias judiciales que involucran al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Ambos fueron citados en el marco de una causa por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El expediente, que tramita en el fuero penal económico, investiga una supuesta apropiación indebida de tributos y recursos destinados a la seguridad social por montos que, de acuerdo a la presentación inicial, superarían los 19 mil millones de pesos.
El Gobierno dejó en claro que no piensa retroceder en el plano judicial. En el gabinete insisten en que seguirán impulsando todas las acciones legales disponibles, en especial a partir de las disposiciones contempladas en el Régimen Penal Tributario. La Ley 27.430 establece penas de prisión para aquellos agentes de retención que no depositen los montos retenidos dentro de los 30 días posteriores al vencimiento del plazo legal, así como una figura similar para los recursos de la seguridad social. Este marco normativo es el que, desde la perspectiva oficial, otorga sustento a la denuncia y a la imputación que pesa sobre los dirigentes.
Frente a esta embestida, la AFA emitió un comunicado en el que rechazó los términos de la acusación. La entidad negó la existencia de «deuda exigible» y sostuvo que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria y anticipada. En el texto, además, señalaron que la cuestión se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones, y acusaron a ARCA de intentar transformar obligaciones tributarias en la base de un delito penal. La postura del fútbol argentino es firme: no reconocen irregularidades y consideran que la denuncia forma parte de una avanzada política en su contra.
A pesar de la contundencia del mensaje oficial, en el interior de la coalición gobernante existen matices. Algunos integrantes de la mesa política prefieren evitar un pronunciamiento demasiado enfático en esta etapa, por temor a que una escalada discursiva pueda generar un efecto adverso en la opinión pública. En Nación, sin embargo, creen que Tapia perdió respaldo en sectores clave del ecosistema futbolístico. Según trascendió, en los últimos meses se produjeron contactos informales con algunos jugadores de la selección nacional, lo que alimenta la hipótesis de un realineamiento de fuerzas dentro del mundo del fútbol.
El trasfondo de la disputa no puede entenderse sin mencionar el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas. El Ejecutivo busca instalar ese modelo como una alternativa viable al sistema vigente, aunque con cautela. En el oficialismo admiten que no tienen previsto forzar su tratamiento antes del Mundial de este año, pero confirman que planean impulsarlo durante el segundo trimestre, una vez que se acomoden los tiempos políticos y deportivos. La discusión sobre las SAD, que enfrenta resistencias históricas en el fútbol argentino, podría reavivarse con fuerza si la confrontación con la AFA se profundiza.
Mientras tanto, los hinchas siguen esperando respuestas. La suspensión del Torneo Apertura dejó un fin de semana sin fútbol en los estadios, y el malestar se trasladó rápidamente a las redes sociales y a los estudios de opinión. El Gobierno lo sabe y ya trabaja en una ofensiva que combine firmeza institucional, respaldo judicial y una hábil lectura del humor social. La pelota, por estas horas, no rueda en las canchas, pero gira a gran velocidad en los pasillos del poder.
