Integrantes de Greenpeace atravesaron el perímetro del Palacio Legislativo en una acción de protesta contra las modificaciones a la Ley de Glaciares. El hecho, que incluyó la instalación de artefactos sanitarios en la escalinata principal, dejó un saldo de varios manifestantes y un periodista demorados.
En una mañana marcada por la tensión política y ambiental, un contingente de militantes ecologistas pertenecientes a la conocida organización Greenpeace logró vulnerar el perímetro de seguridad del Congreso de la Nación. El episodio, que tuvo lugar en las primeras horas de este jueves, se gestó como una manifestación exprés en contra de los cambios impulsados por el oficialismo al régimen de protección de los glaciares, cuya discusión está prevista para las próximas horas en la Cámara alta.
Los manifestantes, desplegándose con rapidez, superaron el vallado perimetral de la sede legislativa y se apostaron firmemente en la escalinata principal. Como símbolo inequívoco de su reclamo, el grupo desplegó una serie de artefactos sanitarios —comúnmente conocidos como inodoros— junto a pancartas que exhibían una consigna cruda y directa dirigida a los legisladores: “Senadores no se caguen en el agua”, podía leerse en los carteles que sostenían.
La puesta en escena tuvo una duración efímera. A los pocos minutos de haberse instalado en el acceso al Palacio, los efectivos de la Policía Federal procedieron a intervenir. El operativo de desalojo culminó con la aprehensión de varios de los integrantes de la agrupación ambientalista. Sin embargo, la acción policial no se limitó únicamente a los manifestantes; la fuerza también arremetió contra los profesionales de la prensa que se hallaban cubriendo el acontecimiento. En un giro violento de los acontecimientos, un camarógrafo fue derribado y reducido, siendo posteriormente conducido junto a los detenidos.
Esta acción de repudio se produce en la antesala de una jornada clave en el Senado de la Nación. La Cámara alta se apresta a debatir y votar una reforma sustancial a la normativa vigente que protege los glaciares. El proyecto en cuestión, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone una redefinición significativa del concepto de ambiente periglacial, lo que, según sus críticos, habilita el avance de actividades extractivas en zonas actualmente resguardadas.
La iniciativa, que cuenta con el impulso del Poder Ejecutivo, busca modificar los parámetros de protección con la intención declarada de atraer inversiones foráneas hacia los sectores de la megaminería y los hidrocarburos. De prosperar la enmienda, se permitiría la exploración y explotación en territorios que hoy funcionan como reservas estratégicas de agua dulce, un recurso vital cuya preservación es motivo de preocupación a nivel global.
Desde la óptica de Greenpeace, el proyecto presentado responde a los intereses particulares de ciertos gobernadores provinciales alineados con la Casa Rosada, cuyas jurisdicciones poseen un marcado perfil minero. La entidad ecologista advierte que la nueva redacción legal no solo disminuye el estándar de custodia sobre los glaciares y su entorno, sino que además transfiere a las provincias facultades técnicas y administrativas cruciales. Hasta el momento, dichas definiciones operaban bajo un régimen unificado que establecía un piso mínimo de protección homogéneo para todo el territorio nacional.
Finalmente, la organización no gubernamental dirige sus dardos contra la forma en que se pretende sancionar la ley. Cuestionan duramente la celeridad impuesta al tratarla en sesiones extraordinarias, un mecanismo que, a su juicio, cercena la posibilidad de un debate público profundo y de una discusión federal que contemple las voces de todos los sectores involucrados en la defensa de los recursos naturales.
