En una cumbre extendida en UPCN, la conducción cegetista definió su hoja de ruta: no acompañará la protesta de este viernes frente al Congreso, pero prepara una masiva movilización el lunes hacia Plaza Lavalle para respaldar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que sancionará el Senado.
En una jornada de definiciones cruciales para el movimiento obrero, la mesa ampliada de la Confederación General del Trabajo (CGT) delineó los próximos pasos de su plan de lucha tras la inminente aprobación de la reforma laboral en la Cámara Alta. Lejos de plegarse a la convocatoria espontánea de este viernes, el triunvirato que conduce la central obrera resolvió apostar todas sus fichas a la estrategia jurídica, anunciando una concentración multitudinaria para el próximo lunes. La cita será en la histórica sede de la calle Azopardo, desde donde partirá una columna hacia los tribunales ubicados en Plaza Lavalle, en un gesto simbólico que busca respaldar con presencia popular el recurso de inconstitucionalidad que ya están puliendo sus asesores letrados.
La decisión fue comunicada por el triunviro Jorge Sola al término de un extenso cónclave que se prolongó por más de tres horas en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). “La determinación adoptada consiste en robustecer el análisis jurídico y la impugnación que presentará la CGT ante la Justicia, sosteniéndolo con una manifestación el próximo lunes desde nuestra casa común hasta los estrados judiciales”, explicó Sola ante la prensa. De esta manera, la central obrera activa la fase judicial de su resistencia, confiando en repetir el éxito obtenido con la medida cautelar que frenó los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, cuyo tratamiento aún aguarda un fallo definitivo de la Corte Suprema.
Fuentes internas de la confederación revelaron a este medio que el escrito que presentarán se asienta sobre tres pilares fundamentales: la salvaguarda de la progresividad del derecho laboral, la estabilidad en el empleo y la intangibilidad de los derechos adquiridos. “El ordenamiento jurídico laboral está investido de una jerarquía constitucional que impide su regresividad. Cualquier modificación debe ampliar, nunca cercenar, las conquistas de los trabajadores”, argumentó uno de los juristas que participó del debate durante la cumbre del miércoles por la tarde.
Sola detalló que durante el encuentro se realizó una revisión pormenorizada de las acciones desplegadas hasta el momento: las movilizaciones masivas, la medida de fuerza general y el acompañamiento ciudadano durante el tratamiento parlamentario de lo que denominaron “modernización laboral”. No obstante, en la antesala de la reunión, un dirigente de peso con canales fluidos hacia la Casa Rosada y los bloques opositores ya había anticipado que la CGT no convalidaría la protesta convocada por el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) para este viernes a las 10 en las inmediaciones del Palacio Legislativo.
El planteo judicial, según profundizó Sola, hará hincapié en las afectaciones tanto a los derechos individuales del trabajador como a los colectivos, poniendo el foco en la alteración de la representación gremial. “Con la legitimación que nos asiste como central, acudiremos a los tribunales, tal como lo hemos hecho en oportunidades anteriores”, subrayó. Esta postura representa el eje central que la conducción sindical mantuvo desde el inicio del debate parlamentario, pese a que la dinámica de los acontecimientos los obligó a convocar a dos grandes marchas y un paro general para intentar torcer el rumbo de la iniciativa oficialista.
Consultado sobre las críticas que tachan a la estrategia de moderada, el vocero cegetista salió al cruce: “Hemos agotado todas las instancias de diálogo y persuasión política. Mantuvimos reuniones con 16 gobernadores, dialogamos con 40 senadores y 50 diputados, exponiendo los aspectos nocivos del proyecto. Evidentemente, el diálogo no fue suficiente a la luz de los resultados”, lamentó, al tiempo que denunció que varios legisladores manifestaron coincidencias en privado pero terminaron acompañando la iniciativa con su voto afirmativo.
“El camino que nos resta es elevar nuestra petición al Poder Judicial para que declare la inconstitucionalidad de esta ley”, sentenció Sola, quien además adelantó que, paralelamente, la CGT concentrará sus esfuerzos en la agenda gremial cotidiana: la negociación paritaria, el seguimiento de los despidos y la problemática de las suspensiones que afectan a diversos sectores industriales.
De esta forma, el cronograma sindical queda sellado con dos hitos ineludibles: la sanción formal de la reforma laboral este viernes en el Senado y la respuesta popular el lunes siguiente frente al Palacio de Justicia. La convocatoria, que aspira a ser masiva, contará con la adhesión de las distintas ramas sindicales que confluyen en la CGT, a la espera de que la magistratura interceda para dejar sin efecto la norma.
En la mesa de decisiones estuvieron presentes figuras de primer nivel del sindicalismo: el líder de Camioneros, Hugo Moyano; el anfitrión del encuentro y secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez; el titular de Alimentación, Rodolfo Daer; Omar Plaini (Canillitas); Omar Maturano (Maquinistas); Armando Cavallieri (Comercio); Guillermo Mosser (Luz y Fuerza); Gerardo Martínez (Construcción); Héctor Daer (Sanidad); y los integrantes del triunvirato cegetista, Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y el propio Sola.
La parsimonia de la central obrera para definir su postura durante los meses estivales fue el caldo de cultivo que permitió la emergencia del Fresu. Esta coalición, integrada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el gremio de Aceiteros y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros, impulsó un plan de acción que continúa vigente. Desde este espacio siempre reclamaron complementar la embestida judicial con una presencia constante en las calles y medidas de fuerza en los lugares de trabajo.
“El paro no debe estar disociado de la movilización ni de la judicialización. No porque acudamos a Tribunales vamos a cesar en la medida de fuerza”, había advertido esta semana Daniel Yofra, dirigente de Aceiteros, quien desafió a la conducción cegetista a convocar a un Congreso Confederal. “Si se llama a un Confederal, allí se resuelve un paro. Las decisiones no pueden quedar en manos de cuatro o cinco dirigentes, por más representativos que sean”, cuestionó, evidenciando la tensión latente entre la cúpula sindical y los sectores que pisan más fuerte en el reclamo.
