En una sesión marcada por incidentes con organizaciones ambientalistas, la Cámara alta busca sancionar los cambios que flexibilizan la protección de las áreas periglaciares. El viernes, la agenda oficialista se completará con la aprobación de la modernización laboral y el régimen penal juvenil.
El Palacio Legislativo se convirtió este jueves en el epicentro de una jornada política signada por la controversia y la protesta social. Mientras en el interior del recinto los senadores nacionales daban inicio al debate de dos expedientes clave para la administración de Javier Milei —la modificación de la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea—, en las afueras del Congreso la tensión escalaba hasta alcanzar momentos de alta conflictividad .
Un grupo de militantes de Greenpeace protagonizó una acción directa de alto impacto al franquear las vallas perimetrales del edificio, logrando desplegar pancartas reivindicativas sobre las escalinatas de la entrada principal. La irrupción, que tomó por sorpresa a los efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad desplegados en el lugar, concluyó con la detención de los manifestantes, en un hecho que refleja la creciente beligerancia social que despierta la iniciativa gubernamental .
El núcleo de la discordia reside en el proyecto oficial que propone modificar la ley 26.639, sancionada en 2010, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La propuesta del Poder Ejecutivo busca redefinir el perímetro de las zonas protegidas, introduciendo una distinción crucial: solo aquellas formaciones periglaciares que demuestren de manera fehaciente una función hídrica como reserva estratégica de agua dulce quedarían a salvo de la explotación económica. El resto del territorio hoy blindado quedaría habilitado para el desarrollo de actividades extractivas, fundamentalmente mineras e hidrocarburíferas .
La disputa por el control de los recursos
El corazón del conflicto trasciende lo meramente ambiental para adentrarse en las competencias constitucionales. Mientras la normativa vigente encomienda al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la confección del inventario de cuerpos de hielo con criterios científicos y uniformes para todo el territorio nacional, el texto impulsado por el oficialismo transfiere a las provincias la potestad de determinar, en coordinación con el organismo técnico, qué áreas merecen protección y cuáles no. Esta delegación de facultades, fundada en el artículo 124 de la Constitución Nacional que reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las jurisdicciones provinciales, es defendida con vehemencia por los gobernadores de las provincias cordilleranas, que ven en la medida la llave para destrabar inversiones millonarias en minería y energía .
La senadora Flavia Royón, del bloque «Primero los salteños», salió al cruce de las críticas al argumentar que la iniciativa no implica un retroceso en materia de protección, sino una precisión técnica necesaria. «La aclaración de la ley lo que busca es proteger el agua, es ratificar la protección del agua y en qué lugares no se puede hacer actividad», sostuvo la legisladora, quien además cuestionó la rigidez del inventario actual, elaborado en gran medida con imágenes satelitales, y abogó por la necesidad de realizar estudios de campo más exhaustivos para determinar con exactitud el valor hídrico de cada formación periglacial .
Voces de alarma desde la comunidad científica y ambiental
En las antípodas de esa postura, el arco opositor, organizaciones no gubernamentales y destacados especialistas del CONICET han levantado serias advertencias sobre las consecuencias que acarrearía la sanción de esta reforma. Pablo Villar, director del IANIGLA, reveló que su institución no fue convocada para asesorar en la redacción del proyecto, a diferencia de lo que ocurrió en 2010, y calificó la estrategia como inconveniente. «La relevancia hídrica es inherente a todo cuerpo de hielo. Ahora se crea esa figura sin explicar cómo se medirá, y las provincias podrán solicitar que se eliminen del inventario los glaciares que no consideren relevantes. Las definiciones políticas pasan por encima de las técnicas», alertó en declaraciones periodísticas .
En la misma sintonía, el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, denunció que la iniciativa encubre una reforma constitucional y supone una regresión ambiental inaceptable. «Vamos a transformar una ley que hoy tiene un carácter científico y de protección uniforme en una ley de carácter político, no uniforme, donde cada provincia va a definir lo que quiere», enfatizó, al tiempo que recordó que el inventario nacional ya ha identificado cerca de diecisiete mil glaciares en el país, todos ellos con función de reserva estratégica de agua, ya sea en estado líquido o sólido .
La licenciada Laura Isla Raffaele, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, aportó una perspectiva de largo plazo al subrayar el valor incalculable de estos ecosistemas. «Estas reservas tardaron miles de años en formarse. Almacenan agua en forma de hielo y la liberan en períodos secos, sosteniendo ríos, poblaciones y actividades productivas. Si se destruyen, no hay forma de recuperarlos», sentenció . Los datos respaldan su preocupación: según estudios del IANIGLA, en la última década los Andes Desérticos han perdido entre el 17 y el 23 por ciento de sus cuerpos de hielo, una consecuencia directa del cambio climático que el propio instituto documenta y que contrasta con el discurso negacionista que atraviesa a la actual administración .
Un acuerdo comercial de envergadura global
En paralelo al debate ambiental, la Cámara alta también abocó su atención al tratado birregional suscripto entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo, considerado uno de los más relevantes del planeta, prevé la conformación de una zona de libre comercio que nuclea a más de setecientos millones de consumidores y representa el veinte por ciento del Producto Bruto mundial. La decisión del oficialismo de adelantar su tratamiento respondió a la necesidad de no ser sobrepasados por Uruguay, que aceleró su propio proceso de ratificación parlamentaria .
La implementación del convenio supondría la eliminación de aranceles para más del noventa por ciento de las exportaciones argentinas, con particular beneficio para el sector agrícola, donde se liberalizaría el noventa y nueve por ciento del intercambio. No obstante, el tratado aún enfrenta instancias de revisión en Europa, donde el Tribunal de Justicia deberá expedirse sobre su impacto antes de que pueda entrar plenamente en vigencia .
El viernes, otra jornada clave
La actividad parlamentaria no se agota con la sesión de este jueves. Las autoridades legislativas ya convocaron para mañana viernes, desde las once de la mañana, un nuevo encuentro en el recinto para dar tratamiento a dos expedientes igualmente sensibles: la reforma laboral y el régimen penal juvenil .
En materia laboral, el proyecto que regresa al Senado tras su paso por Diputados contempla modificaciones sustanciales en el esquema de indemnizaciones, la implementación de fondos de cese por convenio colectivo, la extensión del período de prueba y la eliminación de multas por trabajo no registrado, entre otros puntos. El oficialismo confía en repetir los cuarenta y dos votos afirmativos que ya cosechó en la Cámara alta a principios de mes, lo que permitiría al presidente Milei llegar al primero de marzo, fecha de apertura de sesiones ordinarias, con un importante paquete de leyes sancionadas .
Por su parte, el proyecto de baja de la edad de imputabilidad, que propone reducir de dieciséis a catorce años la posibilidad de aplicar el sistema penal juvenil, también cuenta con media sanción de Diputados y genera un amplio debate en la sociedad sobre las políticas de seguridad y la responsabilidad penal de los menores .
Mientras los legisladores dirimen estos temas en el recinto, las organizaciones ambientalistas ya anticipan que la pulseada recién comienza. El diputado nacional Esteban Paulón adelantó que, de prosperar la media sanción a la Ley de Glaciares, exigirán la convocatoria a una audiencia pública obligatoria en la Cámara baja para garantizar la más amplia participación ciudadana en defensa de los cuerpos de hielo . La iniciativa oficialista, en definitiva, deberá sortear no solo los escollos parlamentarios sino también la creciente resistencia de una sociedad civil que observa con atención y preocupación el rumbo de las políticas ambientales del nuevo gobierno.
