La jornada parlamentaria comenzó con incidentes en las afueras del Congreso por la protesta de organizaciones ambientalistas y un cuestionado accionar policial contra trabajadores de prensa. Adentro, la coalición gobernante evidenció su poder de fuego legislativo en medio de permanentes cuestionamientos por el avasallamiento del reglamento interno de la Cámara alta.
El Senado de la Nación se convirtió ayer en el escenario de una maratónica sesión donde la administración libertaria cosechó triunfos clave en tres frentes prioritarios para la agenda presidencial. La Cámara alta dio media sanción al proyecto que modifica el régimen de protección de glaciares y ambiente periglaciar, convalidó el polémico tratado de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, y aprobó el pliego que eleva a Fernando Iglesias como representante diplomático argentino ante el Reino de Bélgica y las instituciones comunitarias europeas.
El recinto fue testigo de un clima enrarecido desde el instante mismo en que se dio inicio al debate. Afuera, las fuerzas de seguridad dispersaban con violencia una manifestación de activistas de Greenpeace que buscaban visibilizar su rechazo a la reforma ambiental, mientras diversos cronistas denunciaban hostigamiento y agresiones por parte del personal policial desplegado en las adyacencias del Palacio Legislativo.
El macizo patagónico como botín de disputa
Con cuarenta voluntades afirmativas, treinta y una negativas y una abstención, el oficialismo consiguió avanzar con la reforma de la normativa que hasta ahora blindaba las reservas de agua en estado sólido y su entorno. Desde los palcos destinados a invitados especiales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebraron efusivamente el resultado de la votación que abre las puertas a emprendimientos mineros e hidrocarburíferos en zonas hasta ahora vedadas para esas actividades extractivas.
El arco opositor exhibió fracturas notorias en sus filas. El bloque Justicialista no logró mantener una postura monolítica: senadoras y senadores de provincias cordilleranas resolvieron respaldar la iniciativa gubernamental. La catamarqueña Lucía Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac se desmarcaron de la posición mayoritaria de su espacio para habilitar la reforma. A ellos se sumaron los tres integrantes del bloque Convicción Federal que conduce la formoseña Carolina Moisés, además de un nutrido grupo de legisladores radicales.
La nómina de acompañantes incluyó a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador de la Concordia; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Ávila; y Carlos Espínola, de Provincias Unidas. El arco opositor no kirchnerista también aportó votos decisivos para alcanzar el número necesario.
En la vereda del rechazo se ubicaron veintitrés senadores del interbloque Popular, los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, las legisladoras del Pro Andrea Cristina y Victoria Huala, la chubutense Edith Terenzi, que preside la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la cordobesa Alejandra Vigo, y los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
La defensa del proyecto estuvo signada por una anomalía procedimental: el texto definitivo se distribuyó cuando la discusión ya había comenzado en el recinto. Quienes tomaron la palabra para justificar su voto afirmativo insistieron en que las jurisdicciones provinciales cuentan con herramientas técnicas suficientes para determinar las áreas que merecen resguardo efectivo, sugiriendo que el temor por el descontrol extractivo carece de fundamento.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su carácter de senadora con licencia pero presente en la votación, argumentó que la iniciativa viene a «poner orden donde reina la confusión» y aseguró que «la protección genuina no puede implicar parálisis del desarrollo». Por su parte, la salteña Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, calificó la reforma como un texto «aclaratorio» que, según su interpretación, «no licúa las garantías sobre el recurso hídrico».
El sanjuanino Agustín Coto, designado como miembro informante pese a no informar las modificaciones incorporadas, calificó la legislación vigente como una «ley de privilegiados» gestada sin comprensión de las realidades provinciales, a la que tildó de «normativa centralista». El rionegrino Martín Soria lo confrontó duramente al señalar que «el verdadero propósito de esta iniciativa nada tiene que ver con premisas ambientales».
El cordobés Luis Juez intentó justificar su voto a favor, que contrasta con la posición que sostuvo en 2010 cuando acompañó la sanción de la ley impulsada por Pino Solanas, argumentando lacónicamente que «han transcurrido dieciséis años».
La mendocina Anabel Fernández Sagasti emergió como una de las voces más críticas dentro del peronismo al advertir que el nuevo texto «desguarnece las áreas actualmente protegidas» y «genera el efecto inverso» al prometido por la administración nacional. «Donde antes existía certeza jurídica determinada por fallos judiciales, ahora se instala un terreno pantanoso de discrecionalidad», enfatizó, añadiendo que el proyecto «transita de un paradigma científico a otro signado por el decisionismo administrativo».
El acuerdo europeo: Uruguay se anticipa a la Casa Rosada
El tratado de asociación birregional cosechó sesenta y nueve adhesiones, tres rechazos y ninguna abstención, en una votación que exhibió una particular geografía del apoyo opositor. El respaldo mayoritario del peronismo constituyó la sorpresa de la jornada, especialmente considerando que en Diputados la bancada kirchnerista se había expresado mayoritariamente en contra.
Solo tres senadoras bonaerenses de extracción kirchnerista –Juliana Di Tullio, Wado de Pedro y la fueguina Cristina López– votaron en sintonía con sus pares de la Cámara baja que rechazaron el acuerdo. La explicación que trascendió de los pasillos del Senado indica que la administración provincial de Axel Kicillof habría alertado sobre los perjuicios que el tratado podría ocasionar al entramado fabril y productivo bonaerense. A ello se sumaría la convicción de que «el texto aprobado no se corresponde con las décadas de negociaciones previas» y que la delegación argentina, por instrucción del Poder Ejecutivo, «se retiró de la mesa sin defender los intereses nacionales», lo que colocaría «en situación de vulnerabilidad a la producción local».
El debate giró predominantemente en torno a las oportunidades que el acuerdo abriría para economías regionales específicas y el potencial impulso a las exportaciones de bienes primarios, particularmente del sector agropecuario y energético. Sin embargo, las voces críticas dentro del peronismo alertaron sobre el impacto negativo en la industria nacional, señalando especialmente los plazos perentorios establecidos para que los sectores manufacturero y automotriz se adapten a la competencia europea.
El jefe de la bancada opositora, José Mayans, pronunció el discurso más punzante pese a haber acompañado la iniciativa con su voto. El formoseño cuestionó si la industria argentina efectivamente se encuentra en condiciones de competir con la europea, mencionando específicamente a los sectores farmacéutico y automotriz como los más expuestos. «No podemos abandonar a su destino a las pequeñas y medianas empresas», reclamó, para luego arremeter contra la celeridad del tratamiento: «Esto no representa la solución definitiva. No es el tratado del siglo. ¡Rotundamente no! Y menos aún en el marco de este programa económico. ¿Cuántas fábricas han cerrado, cuántas PyMEs han quebrado? ¿Pretendemos competir con Europa en estas condiciones?».
La ansiedad gubernamental por convertirse en el primer Estado en ratificar el acuerdo resultó frustrada cuando Uruguay completó el trámite parlamentario horas antes. La premura por la reglamentación, finalmente, no rindió los frutos esperados en términos simbólicos.
Tensión reglamentaria: Mayans cruza a Abdala
En un episodio que reflejó el clima imperante, la presidenta del bloque oficialista se acercó al jefe de la bancada opositora en busca de algún entendimiento que permitiera acelerar la votación. Patricia Bullrich pretendía recortar la nómina de oradores prevista, moción que formalizó el radical Maximiliano Abad.
La negativa del bloque peronista a convalidar el apresuramiento desencadenó la ira del senador formoseño contra quien presidía la sesión en ese momento, Bartolomé Abdala. «No puede usted proceder de manera arbitraria. No se puede establecer una lista de oradores para después modificar las reglas sobre la marcha. ¿Qué será lo próximo, que votemos que alguien se despoje de sus prendas o se exhiba desnudo en la banca?», ironizó Mayans.
La santafesina Carolina Losada intentó terciar argumentando que la aprobación anticipada «beneficiaría los intereses nacionales», pero el pampeano Daniel Bensusán la desmintió categóricamente: «Es falso que votar minutos antes reporte ventaja alguna para la Argentina». El canciller Pablo Quirno, que observaba el desarrollo desde los palcos, debió conformarse con la reglamentación de la norma en territorio nacional, aunque sin poder exhibir la primacía regional que ambicionaba.
Fuentes parlamentarias consultadas por este medio señalaron que, una vez convalidado el acuerdo por los Estados parte del Mercosur, la Unión Europea podría implementarlo de manera provisional hasta que el tribunal comunitario se expida sobre aspectos específicos que se encuentran en revisión. Esta circunstancia evidencia que el instrumento aprobado arrastra incertidumbres jurídicas no despreciables.
Iglesias, diplomático por ajustada mayoría
La sesión pudo iniciarse pasadas las once de la mañana gracias al quórum exacto de cuarenta legisladores. El primer punto del temario, referido al pliego de Fernando Iglesias, cosechó treinta y ocho adhesiones, treinta y un rechazos y la abstención de la salteña Royón.
El arco opositor que rechazó la designación incluyó al interbloque Popular, al bloque Convicción Federal y a los santacruceños Carambia y Gadano, además de la neuquina Julieta Corroza.
La jujeña Carolina Moisés pronunció las críticas más severas contra el exdiputado, a quien calificó como «misógino, agresivo e intelectualmente limitado», advirtiendo a la administración nacional que «enfrentará dificultades con este nombramiento» y que «incurre en un equívoco» al designar a alguien que «carece de las aptitudes mínimas para la función diplomática». En términos similares se expresó el santacruceño Carambia, que definió a Iglesias como «soberbio, arrogante e inhábil para el manejo de las relaciones internacionales».
Con estos triunfos legislativos, la coalición gobernante acumula nuevos trofeos para que el primer mandatario pueda exhibir en la próxima apertura de sesiones ordinarias como evidencia de su capacidad de imponer agenda en el Congreso, aunque a costa de profundizar las tensiones institucionales y los cuestionamientos por el avasallamiento de los procedimientos parlamentarios. La jornada de hoy presenta nuevos desafíos para el oficialismo, que buscará convalidar las modificaciones a la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil, en lo que constituye una nueva avanzada sobre derechos adquiridos.
