Importantes figuras de los derechos humanos convocan a una conferencia de prensa para repudiar las restricciones impuestas a la exmandataria en su detención domiciliaria, en contraste con los beneficios que, según afirman, reciben los genocidas.
En un contundente pronunciamiento que promete reavivar el debate sobre la aplicación de la justicia en el país, los más destacados organismos de derechos humanos han decidido alzar su voz para visibilizar lo que consideran un preocupante ensañamiento contra la exjefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. La cita está fijada para el próximo martes, cuando en el corazón del Congreso de la Nación se llevará a cabo una conferencia de prensa destinada a exponer las severas condiciones que rodean el arresto domiciliario que la actual vicepresidenta cumple en el inmueble situado en la calle San José al 1111.
El lema elegido para esta convocatoria, que resuena con una fuerte carga simbólica, es «Para Cristina todas, para los genocidas y torturadores ninguna». La reunión, que tendrá lugar en el Salón Auditorio del edificio anexo de la Cámara de Diputados, estará encabezada por figuras de inobjetable trayectoria en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales, como la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. La presencia de estos históricos luchadores otorga a la protesta una relevancia moral y política de primer orden.
A través de un comunicado difundido en las últimas horas, las organizaciones convocantes detallan los motivos de su enérgico reclamo. En el texto, se establece una comparación directa entre la situación procesal de la exmandataria y la de individuos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. «A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo», expresa el documento, subrayando lo que interpretan como una disparidad injustificada en el trato judicial.
El foco de la denuncia se centra en el estricto régimen al que está sometida la exmandataria. Entre las condiciones que se busca impugnar, se menciona la obligatoriedad de portar un dispositivo de vigilancia electrónica en su tobillo, una medida que sus allegados consideran innecesaria y vejatoria para una persona de su edad y condición. Asimismo, se critica la rigurosa reglamentación impuesta para las visitas, que no solo requiere de una autorización previa, sino que también delimita de manera estricta la frecuencia, la duración y la cantidad de personas que pueden ingresar simultáneamente al domicilio para verla. A estas limitaciones se suma la restricción de horarios para acceder a la terraza del edificio, un espacio al aire libre que, según la defensa de Kirchner, es fundamental para su bienestar físico y mental.
La conferencia, programada para el martes 3 de marzo a las 11:30 horas, no solo contará con la presencia de los referentes ya mencionados. La lista de oradores y asistentes se amplía con otras personalidades del ámbito de los derechos humanos y el periodismo comprometido, como Charly Pisoni, el abogado querellante Pablo Llonto y el periodista Eduardo Tavani, entre otros. Se espera que la convocatoria congregue a una multitud de militantes, dirigentes políticos y ciudadanos preocupados por lo que consideran un síntoma más de lo que denominan «lawfare» o persecución judicial contra la líder del peronismo.
El reclamo de estos organismos pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el sistema judicial: ¿existe una vara distinta para medir los derechos y las obligaciones procesales de los acusados según su perfil político? Mientras la justicia avanza en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, sus defensores y ahora los organismos de derechos humanos señalan con el dedo los beneficios que, aseguran, se les conceden a los represores condenados, generando una polémica que trasciende lo jurídico para instalarse en el centro del debate político y social. El martes, en el auditorio de Diputados, se dará el puntapié inicial para una nueva etapa en esta controversia.
