En una sesión maratónica y con fuerte rechazo de la oposición, la Cámara Alta convirtió en norma un viejo anhelo del oficialismo. El nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei, establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados y eventualmente privados de su libertad. El debate expuso las profundas grietas en torno a la seguridad, los derechos de la infancia y las verdaderas capacidades del Estado para afrontar este cambio.
En una jornada de tensión política y profundos cuestionamientos, el Senado de la Nación estampó anoche la firma definitiva a una de las reformas más controvertidas de los últimos tiempos: la modificación del Régimen Penal Juvenil. Con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto impulsado por La Libertad Avanza que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser considerados punibles por la justicia. La medida, que el presidente Javier Milei planeaba presentar como un trofeo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, llega en medio de un fuerte debate social y jurídico sobre su eficacia y su costo.
La sanción de la ley no fue un trámite sencillo. El recinto se convirtió en un campo de batalla dialéctico donde chocaron dos concepciones antagónicas sobre cómo abordar el delito juvenil. Por un lado, la mirada oficialista, que esgrimió la necesidad de dar una respuesta contundente a la inseguridad y de poner fin a un sistema considerado obsoleto. Por el otro, un arco opositor que denunció la falta de previsión presupuestaria, el riesgo de estigmatización de la juventud y lo que consideran un simple gesto punitivista sin sustento en la realidad.
La ministra de Seguridad y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, fue la encargada de dar el discurso de cierre, defendiendo la norma con vehemencia. “Este cambio viene a subsanar una de las grandes injusticias de nuestro sistema penal, que había quedado anclado en un paradigma tutelar donde la ley no era pareja para todos. Con esta herramienta, nos paramos del lado del ciudadano de a pie y dejamos atrás de una vez por todas esa teoría trasnochada que pretendía convertir a la víctima en victimario y al delincuente en un ser desvalido”, sentenció Bullrich, arengando a sus pares instantes previos a la votación.
La respuesta del Estado: ¿Cárcel o inclusión?
El nuevo marco legal no solo se limita a modificar un número en el Código Penal. La iniciativa introduce un abanico de sanciones y medidas alternativas al encierro que buscan, al menos en el papel, ofrecer una respuesta judicial más flexible y acorde a cada caso. Así, los magistrados tendrán la potestad de aplicar desde una simple amonestación o la prestación de servicios a la comunidad, hasta la prohibición de salida del país o el monitoreo electrónico. Estas medidas estarán reservadas para delitos cuya pena en el fuero de adultos no supere los tres años de prisión, o incluso para aquellos con penas de hasta una década, siempre que no hayan implicado el fallecimiento o lesiones gravísimas de la víctima.
Durante la defensa del proyecto, el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se esforzó por destacar los aspectos garantistas de la iniciativa. “Estamos ante un diseño normativo moderno y especializado, que resguarda celosamente el debido proceso y todas las garantías constitucionales de los adolescentes”, aseguró el legislador salteño al abrir el debate.
Sin embargo, estas promesas de modernidad chocaron de frente con la cruda realidad fiscal y estructural que plantean las provincias. La oposición, con datos y cálculos en mano, puso el foco en la principal debilidad de la ley: su financiamiento. El exgobernador chaqueño Jorge Capitanich fue uno de los más críticos al advertir que “si no se garantizan los recursos necesarios, esta ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta”. El legislador peronista cuestionó la partida de 23.800 millones de pesos destinada por el Ejecutivo para poner en marcha el sistema, que incluye la creación de centros de detención especializados. “Ya partimos de un déficit enorme, con una sobrepoblación carcelaria que ronda el treinta por ciento. Pretender construir las capacidades necesarias con este presupuesto es una quimera. No se puede tardar nueve años en tener las instalaciones listas”, sentenció Capitanich, para quien “el punitivismo exacerbado no soluciona el conflicto, simplemente lo desplaza en el tiempo y el espacio”.
En la misma línea, la exministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, puso el acento en las desigualdades territoriales. La senadora de Unión por la Patria recordó que, de los 56 centros de encierro para menores que existen actualmente en el país, seis provincias carecen por completo de infraestructura para albergar a jóvenes en conflicto con la ley. “¿Quién va a asistir a esos gobernadores? ¿La Nación va a transferir los fondos necesarios o, como siempre, todo el peso recaerá sobre las arcas provinciales, ya de por sí ahogadas?”, interrogó. “No pretendo establecer una relación causal directa entre pobreza y delito, pero sería necio negar que la exclusión social es un caldo de cultivo. Hace falta una inversión integral, en salud mental, en educación, no solo en rejas”, enfatizó.
Las dos almas del arco político
La votación evidenció las fisuras internas de los bloques. Mientras que el PRO y la UCR acompañaron sin reservas la iniciativa libertaria, desde el peronismo se alzaron las voces más críticas. La senadora radical Gabriela Valenzuela justificó su voto positivo apelando a la necesidad de actualizar un marco legal vetusto. “No estamos simplemente discutiendo números, estamos definiendo qué tipo de Estado queremos. ¿Uno que se sostiene en normas heredadas de la última dictadura militar, de carácter tutelar y discrecional, o uno que legisla en democracia, con todas las garantías que eso implica?”, argumentó.
La postura opositora encontró en la senadora catamarqueña Lucía Corpacci a una de sus voces más enérgicas. Con estadísticas oficiales en la mano, Corpacci desmontó el argumento de la “emergencia en seguridad juvenil” esgrimido por el oficialismo. “Intentan endosar a los niños y niñas la responsabilidad por la inseguridad que azota al país. Los números son tozudos: apenas el 0,45 por ciento de los adolescentes ha tenido algún conflicto con la ley penal, y la Argentina posee la tasa de homicidios más baja de toda América Latina, con 3,8 cada cien mil habitantes. ¿A qué viene esta urgencia, esta pantalla de distracción?”, se preguntó. “Pretenden hacernos creer que la mano dura es la panacea, pero yo me pregunto: ¿de verdad alguien piensa que encerrar a un pibe de catorce años nos va a garantizar una sociedad más justa y pacífica? Esto no es una solución, es la antesala de la debacle. Con esta ley, lo único que garantizan es egresar delincuentes adultos y más experimentados”, espetó Corpacci, visiblemente indignada.
Su par rionegrino, Martín Soria, arremetió contra el latiguillo político de la “pena de adulto para delito de adulto”, una frase icónica de Patricia Bullrich. El exministro de Justicia calificó la nueva norma como “profundamente dañina” y contrastó las visiones en pugna. “Claramente, el Estado debe dar una respuesta cuando un menor comete un delito. La diferencia es que nosotros abogamos por una respuesta integral, que contemple todas las aristas del problema. Del otro lado del mostrador, la única receta que ofrecen es la respuesta penal: encierro o, como ha dicho más de uno de sus referentes, bala”, disparó Soria, en alusión a polémicas declaraciones del diputado José Luis Espert.
La senadora tucumana Beatriz Ávila, con un pie en la oposición pero con un voto a favor, buscó un punto medio al reivindicar el espíritu de la ley como una herramienta de “responsabilidad y oportunidad”. “Es innegable que cuando un adolescente comete un delito, el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto hemos fracasado. Pero ese fracaso colectivo no puede traducirse en un manto de impunidad. Hay que proteger a la sociedad, sí, pero también hay que rescatar a tiempo a esos jóvenes, antes de que el delito se convierta en su única identidad y sean presa fácil de las organizaciones criminales”, reflexionó. Sin embargo, la legisladora advirtió que la norma no debe ser un punto de llegada: “Esto no puede quedar acá. Debe ser el puntapié inicial para trabajar en serio en políticas de salud mental, educación y verdadera inserción laboral”.
Con la sanción de esta ley, la pelota pasa ahora a la cancha de las provincias, que deberán hacerse cargo de su implementación en un contexto de recursos limitados y alta demanda social. El gobierno nacional celebra un triunfo legislativo clave, mientras que las organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición anticipan que el debate recién comienza y que el foco estará puesto en la vulneración de derechos que, advierten, esta medida podría traer aparejada.
