A 50 años del golpe cívico-militar, los organismos de derechos humanos convocan a una marcha histórica con una consigna que interpela a los perpetradores de la dictadura. La propuesta es portar las fotografías de los 30.000 detenidos-desaparecidos para exigir la verdad que aún se oculta.
La emoción tiñe la voz de Taty Almeida cuando imagina la multitud que el próximo 24 de marzo volverá a teñir las calles de memoria. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora no puede evitar quebrarse al hablar de la movilización que conmemorará cinco décadas del inicio de la noche más sombría que atravesó la Argentina. En esa convocatoria late, con la misma fuerza de siempre, la urgencia de respuestas. “La marcha es por nuestros hijos, los que siguen sin aparecer. Necesitamos que rompan el silencio porque los responsables del exterminio se están yendo sin revelar el pacto que sellaron. Tenemos todo el derecho de saber qué destino dieron a sus cuerpos. Quiero dejarle una flor a Alejandro, rezarle donde esté. Le pido a Dios no irme de este mundo sin recuperarlo”, expresa con la voz entrecortada quien lleva décadas buscando a su hijo.
En el año que marca medio siglo del quiebre democrático, las entidades defensoras de los derechos humanos lanzaron una iniciativa que promete estremecer la jornada: invitan a manifestarse con una imagen de un desaparecido o una desaparecida impresa en tamaño A4, adherida a un soporte de cartón y colocada sobre el pecho, junto a la leyenda que da nombre a la campaña. La propuesta busca hacer tangible la presencia de quienes fueron arrancados de sus hogares, convertirlos en protagonistas de un reclamo que el tiempo no logra apaciguar.
Malena Silveyra, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, revela que la idea surgió de un espacio denominado Federalizar la Memoria y fue inmediatamente adoptada por la mesa de organismos. “Es una manera de colocar en el centro de la escena a los 30.000 compañeros. La pregunta por su paradero constituye la bandera histórica de las Madres y los familiares. A pesar de los avances en materia de justicia, esa interrogación mantiene intacta su vigencia. Representa una asignatura pendiente de nuestra democracia. El mensaje se dirige a los perpetradores, pero también al Estado, responsable de lo ocurrido entonces y de lo que todavía no se ha esclarecido”, sostiene.
Marcela Perelman, del Centro de Estudios Legales y Sociales, subraya que la consigna apunta directamente al pacto de silencio que aún envuelve a los represores. “Sabemos, a través de los hijos que rompieron con sus familias, que muchos de ellos poseen información crucial. Incluso hay funcionarios actuales que son descendientes de genocidas y eluden preguntarse qué saben sus allegados. Buscamos dejar en evidencia que todavía hay personas vivas que podrían responder qué pasó con los desaparecidos”, enfatiza.
Hace pocas semanas, ese pacto secreto emergió con crudeza en el debate del juicio conocido como 1 y 60. Allí, la abogada Guadalupe Godoy recordó que uno de los acusados, Jaime Lamont Smart, exfuncionario bonaerense, decidió que cierta información permanezca oculta hasta 2040, según consta en el libro Hijos de los ‘70. Para Perelman, el reclamo desmonta el discurso oficial que insiste en una “memoria completa”. “No albergamos expectativas de que hablen, pero señalamos que ellos son los depositarios de la verdad. Es momento de demostrar que no somos minoría en el repudio a la dictadura ni a los crímenes de lesa humanidad. La desaparición forzada adquiere este año una centralidad especial por el contexto histórico, por ciertas identificaciones que han surgido y por la incansable búsqueda de los nietos apropiados”, agrega.
Adriana Taboada, referente de la Comisión Zona Norte y una de las impulsoras de Federalizar la Memoria, destaca que la campaña propone recuperar las trayectorias de lucha de toda una generación. “Fueron luchas de una magnitud y una organización tales que el terrorismo de Estado necesitó perpetrar un genocidio para detenerlas. Marchamos con la exigencia de una verdad que los represores niegan. Ellos practican el negacionismo o la reivindicación. Hablan de memorias completas, pero sus versiones son falaces. Intentan victimizarse, cuando la única verdad es que se niegan a decir qué hicieron con los desaparecidos. Mientras eso ocurra, el delito no pertenece al pasado, sino que se prolonga en el presente”, afirma.
Alicia Furman, hermana de un detenido-desaparecido y militante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, coincide en que la consigna subraya la culpabilidad de quienes aún guardan el secreto. “Ellos persisten en el ocultamiento con una crueldad inaudita. Las madres, las parejas, los amigos parten sin haber conocido el paradero de sus seres queridos”, lamenta.
Mabel Careaga conoce ese vacío en carne propia. Su compañero fue secuestrado y su madre, Esther Ballestrino de Careaga, integrante de las Madres, corrió la misma suerte: la arrojaron al río en uno de los vuelos de la muerte. “En tiempos de oscurantismo y reivindicación del horror, respondemos con una pregunta que muchas familias aún esperan responder. Hay un delito que continúa cometiéndose: con vida se los llevaron y jamás regresaron”, expresa con firmeza. Para ella, el mensaje es directo e interpelador: “Ustedes saben y callan. Ustedes ejecutaron un plan de exterminio contra una generación que soñaba con una patria justa. Por eso, guarden silencio para todo lo demás, pero hablen para decir dónde están”.
Miguel Santucho, miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, logró en julio de 2023 encontrar a su hermano, nacido en cautiverio. Sin embargo, ignora aún qué destino tuvieron su madre y gran parte de su familia. “La consigna apunta a todos los que poseen la información. Visibiliza que, medio siglo después del golpe, continuamos sin saber qué ocurrió con nuestros familiares. Es una invitación a reconocer que existe una deuda. Persistimos en el reclamo original de descubrir la verdad”, declara.
Osvaldo Barros, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuenta que la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos adhirió con entusiasmo a la propuesta de marchar portando los rostros de los ausentes. Celebra además la convocatoria unitaria impulsada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. “Será un esfuerzo colectivo, pero los cincuenta años exigen una conmemoración unificada para enfrentar la ofensiva negacionista que promueve el gobierno”, sostiene.
Eduardo Tavani, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explica que la idea central consiste en hacer presentes a quienes fueron arrancados de la vida. “Queríamos que el foco estuviera puesto en nuestros compañeros”, resume.
Graciela Lois, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, interpreta la consigna como un puente entre el pasado y el presente. “Nunca nos dieron explicaciones sobre el paradero de nuestros seres queridos. Ahora que este gobierno insiste en negar responsabilidades y poner en duda los hechos, respondemos que los únicos capaces de ofrecer respuestas son aquellos a quienes ellos defienden: los que cumplen prisión domiciliaria, los alojados en la cárcel vip de Campo de Mayo o los que jamás debieron sentarse ante un tribunal por sus crímenes”, dispara.
Y concluye con una sentencia que condensa medio siglo de lucha: “Los genocidas son quienes saben adónde los llevaron, dónde los asesinaron y qué hicieron con sus cuerpos. Esa es la verdad que reclamamos desde hace cincuenta años”.
