En un escrito presentado ante la Cámara Federal de Casación, los abogados de la exmandataria solicitaron que se revoque la confiscación de 19 propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, ordenada en el marco de la causa Vialidad. La estrategia legal advierte que la medida vulnora derechos fundamentales y anuncia que, de ser necesario, recurrirán a instancias internacionales.
En medio de la tensión que caracteriza el vínculo entre el poder político y el judicial, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner en jaque una decisión del Tribunal Oral Federal 2. Esta vez, el foco de la controversia gira en torno al extenso patrimonio familiar. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy presentaron un contundente recurso para dejar sin efecto el decomiso de una decena y media de inmuebles que pertenecen a los hijos de la exmandataria, una medida que había sido dispuesta en noviembre del año pasado y que, según el equipo legal, representa un avasallamiento sin precedentes sobre el núcleo familiar de su representada.
El origen de esta disputa se remonta a la condena de seis años de prisión que actualmente cumple la ex jefa de Estado en su domicilio del barrio porteño de Constitución. En ese contexto, el 18 de noviembre, el tribunal no solo ratificó la pena, sino que amplió significativamente el alcance de la confiscación de activos, incluyendo más de un centenar de bienes que involucraban a Cristina Fernández, al empresario Lázaro Báez —también hallado culpable en el proceso— y, de manera particular, a los descendientes del matrimonio Kirchner.
Ante este escenario, la presentación judicial firmada por Beraldi y Llernovoy no escatima en calificativos. Los letrados sostienen que la resolución adoptada por los jueces se aparta de los principios más elementales del derecho, constituyendo lo que definen como un “acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial”. En esa línea, advierten que la extensión del castigo patrimonial hacia Máximo y Florencia Kirchner configura un avance injustificado, al pretender castigarlos a través de una interpretación que califican de “derecho creativo”, una herramienta que —según su mirada— habría sido diseñada a medida para hostigar a la exmandataria y que ahora se extiende a su entorno más cercano.
Uno de los ejes centrales del escrito radica en la defensa de la legitimidad de los activos retenidos. Los representantes legales insistieron en que la totalidad de los bienes que componen el patrimonio de los hijos de la ex presidenta tienen origen lícito, un extremo que —según remarcaron— ya habría sido corroborado por la justicia en fallos anteriores que adquirieron la calidad de cosa juzgada. Asimismo, enfatizaron que las transacciones y actos jurídicos mediante los cuales los jóvenes profesionales recibieron dichos activos de parte de sus progenitores se realizaron con total apego a la legalidad y bajo el amparo de la buena fe.
Otro aspecto nodal del planteo es la imprecisión que aún rodea al monto y la nómina de propiedades a incautar. La defensa subrayó que no existen decisiones firmes en torno a la cuantía del decomiso, y que la falta de una definición exacta sobre cuáles son los bienes alcanzados por la medida genera un estado de incertidumbre insostenible. Esto se debe a que aún quedan recursos de apelación pendientes de resolución y otros tantos que ya se encuentran en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ello, solicitaron la suspensión inmediata de la confiscación, con el objetivo primordial de “evitar perjuicios de imposible reparación ulterior”, en caso de que más adelante se revierta la decisión.
Para los letrados, la decisión del tribunal oral implica un verdadero avasallamiento de garantías constitucionales esenciales. En su alegato, mencionaron que se vulneran, entre otros, el derecho a la propiedad privada, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, las reglas del modelo acusatorio, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la autoridad de la cosa juzgada y el principio de culpabilidad. Ante la gravedad institucional del caso, anticiparon que, de no encontrar eco en la justicia nacional, no dudarán en llevar el reclamo ante organismos internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, el frente judicial mantiene su dinamismo. Ayer, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había convocado a las partes a una audiencia de conciliación, pero tanto la defensa como el fiscal general, Mario Villar, optaron por presentar sus argumentos por escrito, dejando la responsabilidad del veredicto en manos de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
Precisamente, el representante del ministerio público ya sentó su postura, que resulta antagónica a la de la defensa. Villar solicitó el rechazo del recurso presentado por Beraldi y Llernovoy, argumentando que el decomiso de los bienes no constituye una sanción autónoma ni una pena adicional, sino la consecuencia lógica y legal de una condena penal que ha adquirido firmeza tras un proceso desarrollado con todas las garantías del debido proceso. Según su mirada, esta herramienta legal resulta “indispensable para asegurar la eficacia material de la condena, especialmente en delitos complejos de corrupción organizada”.
Para dimensionar la magnitud de lo que está en juego, cabe recordar que la cifra original estipulada en junio del año pasado, cuando la sentencia quedó firme, ascendía a 84.835 millones de pesos. Sin embargo, en una resolución de noviembre, el tribunal elevó ese monto de manera exponencial hasta alcanzar los 684.990 millones de pesos, un incremento que la defensa también cuestiona y que añade más leña al fuego de una hoguera judicial que parece estar lejos de extinguirse.
