Las organizaciones sindicales solicitaron a la Justicia federal que declare la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la nueva legislación y exigieron una medida cautelar que suspenda su aplicación de manera inmediata
En una movida judicial que busca frenar los efectos de la nueva legislación laboral impulsada por el gobierno nacional, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) de Neuquén presentaron este lunes un recurso de amparo ante la Justicia Federal. La iniciativa pretende que se declare la invalidez constitucional de gran parte de la normativa sancionada recientemente por el Congreso, al tiempo que reclama una resolución cautelar que detenga su vigencia hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo.
El escrito, ingresado en los tribunales federales de esta capital patagónica, lleva la firma de Carlos Quintriqueo en su carácter de secretario general de ambas entidades gremiales en la provincia, con el patrocinio letrado del abogado Juan Kairuz. La presentación cuestiona severamente el contenido de la ley aprobada por el Parlamento el 27 de febrero pasado y promulgada mediante su publicación en el Boletín Oficial el 6 de marzo.
Los fundamentos de la impugnación
En el extenso documento judicial, las organizaciones sindicales sostienen que la norma impugnada implica un retroceso histórico en materia de derechos de los trabajadores, al tiempo que desarticula parte del entramado protectorio construido a lo largo de décadas. Según argumentan los demandantes, el nuevo texto legal vulnera principios constitucionales elementales vinculados con el trabajo, la libertad de asociación sindical y la protección social integral.
Entre los aspectos más controvertidos que señala la presentación, se destaca la supresión de derechos consolidados para el sector laboral, la limitación a la libertad gremial, el debilitamiento de los mecanismos de negociación colectiva y la reducción de las compensaciones económicas frente a los despidos sin causa justa. Asimismo, los sindicatos objetan la disposición que autoriza el pago fraccionado de condenas judiciales en materia laboral, aspecto que consideran lesivo para los intereses de los trabajadores.
El amparo sostiene con firmeza que estas modificaciones legislativas contradicen el principio de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales, reconocido tanto en la Carta Magna argentina como en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional. Los demandantes enfatizan que cualquier reforma que suponga un retroceso en el nivel de protección de los trabajadores debe superar un escrutinio judicial particularmente riguroso, requisito que, a su criterio, no cumple la nueva legislación.
Similitudes con el DNU 70/2023
Un aspecto relevante del recurso judicial es la vinculación que establece entre el contenido de esta nueva ley y el polémico Título IV del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado originalmente por la administración de Javier Milei. Según recuerda la presentación, aquel capítulo del decreto presidencial ya fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, lo que refuerza, a criterio de los demandantes, la necesidad de un pronunciamiento similar respecto de la normativa actual.
La coincidencia sustancial entre ambos textos normativos llevaría, según el criterio expuesto por ATE y la CTA, a idéntica solución judicial, más allá del vehículo legal utilizado en cada caso. En este sentido, el amparo solicita explícitamente que se aplique el mismo criterio jurídico que llevó a la invalidación del mencionado decreto.
Una estrategia judicial diferente
Esta presentación realizada desde la provincia neuquina presenta diferencias sustanciales con el recurso interpuesto días atrás por la Confederación General del Trabajo (CGT). Mientras la central obrera tradicional limitó su impugnación a dos artículos específicos de la ley —aquellos vinculados con el traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, la acción promovida por ATE y la CTA tiene un alcance significativamente mayor.
Los gremios encabezados por Quintriqueo buscan la declaración de inconstitucionalidad de la mayor parte del articulado de la norma, al considerar que el conjunto de disposiciones conforma un entramado lesivo para los derechos fundamentales de los trabajadores. Esta estrategia más abarcadora pretende obtener un pronunciamiento judicial de fondo que desactive los efectos de la reforma en sus aspectos medulares.
El pedido de medida cautelar, que las organizaciones solicitan con carácter urgente, busca impedir que la ley continúe produciendo efectos mientras se sustancia el proceso judicial. De prosperar esta solicitud, la aplicación de la reforma laboral quedaría suspendida en el territorio argentino hasta tanto exista una sentencia definitiva sobre su validez constitucional.
El Juzgado Federal de Neuquén deberá ahora expedirse sobre la admisibilidad del recurso y eventualmente convocar a las partes involucradas para iniciar el tratamiento de una cuestión que promete generar intensos debates en el ámbito judicial y político del país.
