En un 8M que por el cronograma se trasladó al domingo 9 de marzo, la Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro de la resistencia feminista. Organizaciones de base, sindicatos y figuras políticas confluyeron en una jornada histórica donde el reclamo por justicia social, el fin de los femicidios y la condena al programa de gobierno se entrelazaron bajo la consigna de unir las luchas.
En el corazón de la Plaza de Mayo, desafiando el pronóstico de desmovilización que algunos sectores intentaron instalar, un cartel modesto de cartulina se alzaba como un presagio. «Ojo que la marea vuelve», se leía en la pancarta que, dirigida simbólicamente hacia la Casa Rosada, era sostenida por las primeras manifestantes que llegaron a la histórica plaza. Aquella frase, pequeña en tamaño pero colosal en significado, funcionaba a la vez como advertencia para el poder de turno y como un recordatorio identitario del movimiento feminista en la Argentina: una fuerza telúrica que nace en las calles y se niega a ser ignorada.
La convocatoria, que por razones de agenda se materializó el domingo 9, mantuvo incólume su esencia plural. No se trató de una simple marcha, sino de la puesta en escena de un entramado social complejo que, según señalaron las voces organizadoras, tiene la titánica misión de tejer puentes entre las distintas realidades que atraviesan a las mujeres y disidencias. Al caer la tarde, cuando la multitud ya teñía la plaza de colores y consignas, la voz de Liliana Daunes, una referente ineludible de estas lides, resonó en los parlantes para dar lectura al documento consensuado. Tras su alocución, la columna principal, encabezada por agrupaciones feministas, vio sumarse en la retaguardia a sindicatos y fuerzas políticas, en una demostración de unidad que buscó canalizar la bronca popular en una oposición frontal al rumbo del Ejecutivo.
El documento, extenso y matizado, reflejó la dificultad intrínseca de condensar un movimiento transversal como el feminista en una única demanda. «El gobierno nos ha colocado como enemigas políticas porque el movimiento feminista y transfeminista es hoy una de las principales fuerzas de resistencia», declamó Daunes, invocando una memoria colectiva que tiene a las marchas anteriores como hitos imborrables. Allí estaban, amalgamadas, las jóvenes que se formaron en la lucha por el derecho al aborto, las jubiladas, las que combaten los abusos y los femicidios, las trabajadoras conscientes de que las reformas laborales las golpean con saña, las que resisten la criminalización de la pobreza en los barrios, las activistas por la discapacidad exigiendo leyes efectivas y las que encuentran en el arte una trinchera expresiva. «Organizar la rabia es también construir una alternativa de vida», sintetizó la lectura, definiendo el espíritu de la jornada.
El protagonismo de las trincheras populares
Lejos de los discursos hegemónicos, la voz de las que sostienen la vida en los territorios más golpeados se alzó con claridad. Dina Sánchez, referente de la economía popular y secretaria general adjunta de la UTEP, explicó que sus trincheras actuales son las ollas populares. Advirtió que la reforma laboral profundizará la exclusión en los barrios, justo donde el sistema ya había expulsado a miles. «Desde ese descarte, empezamos a inventar nuestro propio trabajo y a construir un sindicato de nuevo tipo», afirmó, subrayando que las tareas de cuidado y la gestión de los comedores son la primera línea de defensa contra las políticas de un Ejecutivo que, desde su asunción, las señaló como adversarias.
La narrativa oficial, que intenta instalar la idea de una igualdad basada únicamente en la libertad de mercado, fue duramente cuestionada desde diversos frentes. Ludmila López, de la Juventud Sindical de la CGT, calificó al gobierno como «absolutamente misógino y machista». En la misma línea, Bárbara Acevedo, enfermera del Hospital Garrahan, puso en jaque el concepto de «saqueo» esgrimido por la propaganda gubernamental, contraponiéndolo con la falta de presupuesto para insumos oncológicos pediátricos. «Ajuste y guerra son las dos políticas imperialistas con las que quieren atacar nuestras vidas», sentenció Acevedo, denunciando el vaciamiento del sistema de salud y la violencia que sufren las infancias a nivel global.
La dificultad para sobrellevar la cotidianidad fue otro de los ejes que atravesó la manifestación. Melina Lezcano, de la organización Mujeres y Disidencias en Tren de Lucha del Oeste, describió el escenario de ahogo económico que enfrentan en sus hogares: alquileres, servicios básicos y alimentación se vuelven cada vez más inaccesibles. Sin embargo, remarcó que el sostén del tejido organizativo es, en sí mismo, un acto de resistencia anímica. «Ante tanta crueldad, nosotras estamos respondiendo con organización y con una pedagogía del encuentro», sostuvo, dejando entrever que la unión masiva es la respuesta a la represión y el ajuste.
La sombra de la proscripción y el grito de justicia
La jornada tuvo un componente simbólico adicional al ser el primer 8 de marzo en el que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos. El Frente de Mujeres de La Cámpora convocó a una concentración previa en la puerta de su domicilio en el barrio de San Telmo, antes de sumarse a la marcha central. La legisladora nacional Paula Pennaca argumentó que este modelo económico necesita de la proscripción de la principal figura opositora para poder avanzar sin cortapisas sobre los derechos del pueblo. «La mujer cuyo nombre más veces se introdujo en una urna se llama Cristina Fernández de Kirchner y está secuestrada por una mafia patriarcal judicial económica y política», añadió su compañera Lucía Cámpora, vinculando la persecución judicial con las violencias machistas.
La estadística, fría e implacable, también tuvo su espacio en la protesta. La familia de Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes brutalmente asesinadas en Florencio Varela en 2025, marchó exigiendo justicia. Su presencia interpeló a la multitud y a la opinión pública. Clara, una adolescente de quince años que asistió con sus amigas, resumió la indignación generacional: «Te dicen que los que protestan son violentos y ¿a nadie le parece violento que maten a una mina cada 34 horas?». El documento final denunció los 271 femicidios y transfemicidios registrados el año pasado y los 43 crímenes de violencia de género que ya se contabilizan en lo que va de 2026, responsabilizando directamente al Estado por el desmantelamiento de las herramientas de prevención.
Si alguna vez se osó calificar al feminismo como una moda pasajera, la multitud que volvió a copar la Plaza de Mayo se encargó de desmentirlo con creces. Frente a un gobierno que apuesta por el desierto, la fragmentación y el miedo, la histórica plaza se transformó, una vez más, en el territorio donde la rabia colectiva se organiza y se convierte en un refugio para todas.
