Docentes de todo el país arrancan la primera semana de huelga de un plan de lucha sin precedentes que se extenderá durante todo el cuatrimestre. Reclaman la inmediata aplicación de la norma aprobada por el Congreso y exigen una recomposición salarial que ronda el 50 por ciento para recuperar el poder de compra perdido desde noviembre de 2023.
Con una adhesión masiva en las principales casas de altos estudios del territorio nacional, el frente gremial docente dio inicio esta mañana a un extenso período de medidas de fuerza. La protesta, que se extenderá a lo largo de todo el cuatrimestre, responde a la imperiosa necesidad de restaurar el salario universitario, severamente erosionado durante la actual gestión gubernamental. Los educadores reclaman la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, un instrumento legal que permitiría equiparar los ingresos del sector a los valores de noviembre de 2023, lo que hoy representaría un incremento cercano al 50 por ciento.
El conflicto encuentra su génesis en un extenso derrotero legislativo y judicial. La mencionada ley fue sancionada por el Parlamento nacional, pero encontró la objeción del Poder Ejecutivo, que decidió vetarla. Sin embargo, el Congreso dio un paso histórico al revertir aquella decisión presidencial con una mayoría calificada de dos tercios, otorgándole al texto plena vigencia. A pesar de llevar 146 días desde su promulgación, el oficialismo persiste en su negativa a instrumentarla. La controversia escaló al ámbito judicial, donde el magistrado Cormick falló a favor de las pretensiones docentes, ordenando al Gobierno Nacional desembolsar de manera urgente los recursos destinados a las universidades. No obstante, dicho mandato judicial tampoco ha encontrado eco en la administración central.
En un intento por destrabar el conflicto, pero sin asumir la totalidad de la deuda acumulada, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto alternativo. La nueva iniciativa propone sustituir el 51 por ciento de recomposición estipulado en la ley original por un aumento paulatino del 12,3 por ciento, fraccionado en tres cuotas, siendo la última de ellas percibida recién en septiembre. La propuesta oficial, según denuncian los sindicatos, elude conscientemente la mayor parte de la deuda salarial acumulada durante el corriente año, desentendiéndose de la pérdida de poder adquisitivo ya consumada.
La situación salarial actual es, por momentos, desesperante. El denominado «garantía salarial» permanece sin actualizaciones desde hace más de un año, generando ingresos que apenas cubren necesidades básicas. Un docente con una dedicación de diez horas percibe una remuneración cercana a los 250.000 pesos, mientras que quien cumple una jornada completa de cuarenta horas alcanza a duras penas el millón de pesos. El cargo testigo, correspondiente a un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva, registra en enero de 2026 un haber de 570.470,3 pesos. De aplicarse la ley vigente, este mismo cargo debería percibir 852.229,7 pesos.
Esta dramática contracción de los ingresos ha empujado a gran parte del colectivo docente a una situación límite. El endeudamiento se ha vuelto moneda corriente entre profesores y auxiliares, quienes recurren al pluriempleo para llegar a fin de mes. Muchos han visto como única alternativa complementar sus ingresos con trabajos informales en plataformas digitales de delivery o transporte de pasajeros.
“Con estos salarios la vida se vuelve imposible, no alcanzamos a cubrir los gastos ni siquiera hasta el día veinte. Estamos sobreendeudados y ya no tenemos ningún tipo de gasto adicional que podamos recortar”, manifestó en conferencia de prensa la Secretaria General de la CONADU, Clara Chevalier. La dirigente gremial subrayó la gravedad del momento: “Las medidas de fuerza que arrancan hoy son contundentes e irán escalando a medida que transcurra el cuatrimestre si no obtenemos una respuesta del Gobierno Nacional. Estamos ante un plan de lucha inédito, porque la universidad pública jamás había sufrido un ataque de esta magnitud. Ya no está en discusión un simple calendario académico; lo que está en riesgo es una institución que constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia argentina”.
