En una declaración indagatoria que se transformó en un durísimo alegato contra el sistema de justicia federal, la exmandataria apuntó contra los extintos fiscal y juez de la causa por considerarlos parte de una asociación ilícita dedicada a la extorsión. Con preguntas punzantes sobre el destino del dinero que se le imputa haber cobrado, desafió al tribunal a demostrar su culpabilidad con pruebas concretas.
Con el característico tono pausado pero incisivo que ha marcado su carrera política, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, convirtió su audiencia de este miércoles en el Tribunal Oral Federal 7 en un escenario de denuncia frontal. Lejos de limitarse a responder las preguntas de rigor, la también ex vicepresidenta utilizó su derecho a declarar para diseccionar lo que calificó como una maniobra delictiva orquestada desde los estrados de Comodoro Py. «Estamos ante una causa donde el juez y el fiscal no son solo parciales, son mafiosos», disparó al inicio de su alocución, en referencia directa al fallecido magistrado Claudio Bonadío y al fiscal Carlos Stornelli.
La lideresa de Unión por la Patria no ahorró calificativos para describir el accionar de quienes instruyeron la pesquisa de los cuadernos. Según su relato, entre operadores judiciales y comunicadores se fraguó un pacto para apoderarse del expediente, que luego derivó en «una ola de detenciones con el único objetivo de chantajear a hombres de negocios, arrancarles declaraciones juradas en mi contra y proteger a los allegados al poder político de turno». En este punto, reveló un detalle que consideró sintomático del desprecio que se les tenía desde ciertos sectores del poder: «A Néstor y a mí nos llamaban ‘los mugrientos'». La acusación, cargada de crudeza, trazó un paralelismo con otros procesos judiciales, pero marcando una agravante. «Ya no es como en el caso Vialidad, donde se juzgaba a magistrados que hacían la vista gorda mientras compartían un asado en la quinta de Macri. Esto es mucho más grave: aquí los operadores de justicia actuaron como delincuentes».
Un tribunal en el banquillo
La jornada comenzó con un gesto que la defensa interpretó como una provocación innecesaria. Pese a que el estado ya posee toda la información personal de la imputada, el presidente del tribunal, Enrique Méndez Signori, inició la audiencia con un interrogatorio formal sobre nombre, edad, profesión y estado civil, un ritual que en numerosos juicios se omite por resultar redundante. Pero el clima ya estaba enrarecido por una decisión previa de los magistrados: obligar a la exmandataria a presentarse con la tobillera electrónica, un dispositivo que su entorno calificó como un instrumento de escarnio público más que de control judicial.
Cuando se le consultó si estaba dispuesta a responder preguntas, Fernández de Kirchner reservó su respuesta para el final de su intervención, lanzando un desafío directo al estrado. «Contestaré cuando en este edificio se cite a declarar al fiscal Stornelli por los delitos que ha cometido. Cuando se llame a Mauricio Macri a explicar el negociado de los parques eólicos, una causa que permanece en el más absoluto de los silencios. O cuando se investigue el desfalco de 20.000 millones de dólares y se siente en el banquillo a Toto Caputo. Mientras eso no ocurra, no pienso participar de este circo», sentenció, clavando la mirada en los jueces.
El dinero ausente y la «doble vara» de la justicia
El núcleo de su defensa se centró en una pregunta que repitió como un mantra: «¿Dónde está el dinero?». Con ironía, señaló la inconsistencia de una acusación que habla de «203 coimas» sin poder precisar un solo hecho concreto. «Que me expliquen cómo, cuándo y quién me pagó. Que me muestren el dinero que supuestamente recibí. Han destrozado mi casa de Río Gallegos, han revirado hasta los cimientos de mi departamento en Buenos Aires y perforaron las paredes de mi vivienda en El Calafate buscando bóvedas y tesoros. Y jamás encontraron nada, ni una cuenta off shore, ni una sociedad no declarada», enfatizó.
Esta situación, según su óptica, expone una «cancha inclinada» donde la ley se aplica con rigor sólo para algunos. Mientras su familia era sometida a excavaciones en busca de fortunas ocultas, recordó que el clan Macri aparecía en los Panamá Papers con sociedades en paraísos fiscales, además de beneficiarse con multimillonarios blanqueos de capitales gracias a leyes impulsadas por su propio gobierno. «¿Dónde están las causas contra ellos por los peajes, la deuda externa o el espionaje a los familiares del ARA San Juan? Su asesor legal, ‘Pepín’ Rodríguez Simón, estuvo tres años prófugo en Uruguay. Esa es la justicia que tenemos», añadió.
El fantasma de Stornelli y la sombra de D’Alessio
El tramo más impactante de su declaración estuvo dedicado a desgranar el perfil del fiscal de la causa. Fernández de Kirchner se apoyó en la sentencia condenatoria contra el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien recibiera 13 años de prisión por una red de extorsiones. «El fallo es claro: el vínculo entre Stornelli y D’Alessio fue un activo para cometer los delitos», subrayó.
A continuación, enumeró una serie de episodios que consideró probados en aquella causa. Mencionó la reunión en Pinamar donde D’Alessio, con Stornelli presente en el mismo lugar, exigió 300.000 dólares a un empresario a cambio de sacarlo de la causa Cuadernos. Detalló el caso de un exsecretario suyo, Pablo Barreiro, quien fue citado al despacho del fiscal y luego extorsionado por el falso abogado con el pago de medio millón de dólares para evitar su detención y liberar a su padre. Incluso reveló conversaciones en las que Stornelli encargaba a D’Alessio una «cámara oculta» contra un abogado defensor para apartarlo de un caso, y un diálogo siniestro donde planeaban plantar cocaína en el equipaje del exesposo de la pareja del fiscal. «Ese es el funcionario que intervino en esta causa, que citó a decenas de empresarios a declarar y que, lo más grave de todo, sigue siendo fiscal federal en la Argentina», remarcó con indignación, recordando que el representante del Ministerio Público ha evadido en cinco oportunidades los llamados a indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla.
Coherencia para perseguir y un presidente «interesado»
En un giro argumental, la exmandataria contrastó las teorías de la fiscalía en dos causas diferentes para evidenciar, a su juicio, la inconsistencia de la persecución. «En Vialidad me condenan por encabezar una asociación ilícita que supuestamente perjudicó a todos los empresarios de la construcción para favorecer a Lázaro Báez. En cambio, aquí, en los cuadernos, me acusan de liderar una banda que habría favorecido a todos los empresarios de la construcción, y a Báez ni lo mencionan. Al menos, tengan un poco de coherencia cuando deciden perseguir a alguien», ironizó.
Como prueba de que la decisión sobre su destino ya estaría tomada, citó las palabras del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso, cuando anticipó que sería condenada en esta causa y en la del memorándum con Irán. «Nunca en la historia un presidente se ha arrogado la potestad de anunciar la condena de un ciudadano. Es una violación constitucional que prohíbe al Ejecutivo inmiscuirse en asuntos judiciales, pero demuestra a las claras de qué se trata todo esto», afirmó.
Antes de retirarse entre una multitud de militantes y dirigentes que la aguardaban en las puertas de los tribunales, Fernández de Kirchner dejó una última reflexión que sonó a profecía. «Sé que sumarán esta condena a los seis años de Vialidad. Puedo morir presa con este Poder Judicial, que ha demostrado ser una mafia. Pero tengan la certeza de que en algún momento esto va a cambiar. La gente se cansa de los salarios de hambre, de la economía que no arranca, y también se cansa de la injusticia. Y cuando eso pase, no voy a estar sola», sentenció, mientras se alejaba del edificio de Comodoro Py, dejando tras de sí un tenso silencio en la sala de audiencias.
