La medida, oficializada por el Directorio que conduce Santiago Bausili, implica la clausura definitiva de oficinas en seis provincias. El poderoso gremio de La Bancaria encendió las alarmas por los despidos encubiertos y denuncia un debilitamiento estratégico del organismo en el territorio, mientras los trabajadores anticipan medidas de fuerza.
En un movimiento que reconfigura el mapa de la presencia estatal en el interior del país, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió avanzar con un drástico plan de reducción de su estructura física. La decisión, oficializada en las últimas horas, contempla el cierre definitivo de once dependencias distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional, un ajuste que golpea con particular dureza a la región patagónica. La clausura de las agencias de Río Grande, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos deja a la inmensidad del sur argentino prácticamente huérfana de presencia operativa de la autoridad monetaria, una situación que, según advierten especialistas, podría complicar la logística financiera en una zona clave para la economía nacional.
Las oficinas cuya clausura se ha dispuesto no eran meros espacios administrativos. En ellas se desarrollaban funciones vitales para el engranaje del sistema, tales como el resguardo y la movilización de billetes y monedas, la provisión de efectivo a las distintas entidades bancarias que operan en la región, la compensación de operaciones interbancarias y un abanico de tareas vinculadas a la supervisión del correcto funcionamiento de las finanzas en sus respectivas jurisdicciones. El desmantelamiento de esta estructura supone, en la práctica, un vacío de capacidad operativa que deberá ser suplido mediante mecanismos alternativos, cuya logística y eficiencia son aún una incógnita.
El listado de dependencias condenadas al cierre incluye, además de las tres fueguinas y santacruceñas, las sedes de Bahía Blanca, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Salta, San Juan y Santa Rosa. Se trata, en su mayoría, de ciudades cabecera de regiones económicas de gran importancia, cuyos sistemas financieros locales perderán ahora el respaldo directo de la máxima autoridad monetaria. Desde el Directorio del BCRA, liderado por Santiago Bausili, se argumenta que la medida no es un ajuste caprichoso, sino una readecuación necesaria frente a los profundos cambios que ha experimentado la operatoria financiera en los últimos años. La administración central justifica la decisión apelando al notable incremento de los niveles de bancarización en la población y al crecimiento exponencial de los medios de pago electrónicos, que habrían tornado «menos indispensable» la presencia física del organismo en cada rincón del país.
Sin embargo, la justificación oficial ha chocado de frente con la férrea oposición del gremio que representa a los trabajadores del sector. La Asociación Bancaria salió rápidamente a manifestar su más enérgico repudio a la resolución, advirtiendo sobre las graves consecuencias laborales que se avecinan. Según denunció el sindicato, el cierre de las sucursales implicará traslados compulsivos de personal a otros destinos, un eufemismo que encubre, en muchos casos, un despido indirecto ante la imposibilidad de afrontar un cambio de residencia. El gremio, que ya ha solicitado una audiencia urgente con el Directorio para solicitar la revisión de la medida, subrayó que esta reducción del despliegue territorial no solo atenta contra las fuentes de trabajo, sino que cercena la capacidad operativa y de contralor del Banco Central, exponiendo al sistema a potenciales vulnerabilidades.
En el plano político, la clausura masiva de oficinas no es vista como un hecho aislado, sino como un paso concreto dentro de una hoja de ruta más ambiciosa y controversial. La decisión se interpreta como una primera materialización de la promesa de campaña del presidente Javier Milei, quien desde sus inicios en la arena política ha manifestado sin ambages su intención de disolver el BCRA. El mandatario sostiene una postura crítica y radical respecto a la existencia del organismo, al cual acusa de ser una fuente de perturbaciones económicas y de «hacer daño» al país con sus políticas. En un historial de declaraciones provocadoras, Milei ha llegado a ironizar en repetidas ocasiones con la idea de «dinamitar» el edificio que alberga a la entidad en la city porteña, una metáfora violenta que ahora parece encontrar un correlato en la desarticulación silenciosa pero efectiva de su estructura en las provincias.
