En el marco de una nueva conmemoración por el Día de la Memoria, un relevamiento pormenorizado expone las cifras que definen el estado actual de las causas judiciales por el terrorismo de Estado: mayorías bajo arresto domiciliario, una cantidad significativa de evadidos, la persistente impunidad de los partícipes civiles y un escenario de control deficiente sobre quienes purgan sus penas en sus hogares.
A veinte años exactos de aquella reapertura de los procesos judiciales impulsada por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia establecidas durante la gestión de Néstor Kirchner, el mapa de responsabilidades penales por los crímenes del terrorismo de Estado arroja un saldo contundente: un total de 1.231 personas resultaron condenadas en 361 sentencias firmadas a lo largo de este período. El dato, lejos de ser una mera estadística, adquiere una dimensión particular en cada aniversario del último golpe cívico-militar, al evidenciar el largo y espinoso trayecto recorrido por el sistema de justicia frente a las más graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, el panorama actual revela una realidad compleja que contrasta con el peso numérico de las condenas. Del universo de investigados y sentenciados, 1.582 se encuentran actualmente en libertad, mientras que solo 504 permanecen bajo alguna modalidad de encierro. Entre este último grupo, una abrumadora mayoría —425 personas, lo que representa más del 84 por ciento— goza del beneficio del arresto domiciliario. La contracara de esta cifra es todavía más elocuente en términos de control efectivo: apenas el 45 por ciento de quienes cumplen su pena en sus residencias cuenta con un dispositivo electrónico de monitoreo, herramienta que permite rastrear su geolocalización y advertir salidas no autorizadas del perímetro fijado por la justicia.
La distribución de los detenidos en espacios físicos también expone aristas preocupantes. Únicamente 18 represores se hallan alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o en establecimientos provinciales. En las antípodas de esa cifra, 61 permanecen en la Unidad Penitenciaria número 34, ubicada dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo. Ese sitio en particular ha sido objeto de señalamientos por parte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que advirtió que sus características impiden asimilarla al resto de los establecimientos carcelarios del país, fundamentalmente por el rol que el Ejército conserva en su administración.
A estos datos se suma un capítulo igualmente significativo: el de quienes eluden la acción de la justicia. Treinta y tres represores están actualmente prófugos. De ellos, a once se les rechazó el pedido de extradición desde otros países, uno se encuentra en pleno trámite extradicional, tres están localizados aunque aún no fueron entregados por las autoridades correspondientes, y en el caso de dieciocho no existe información precisa sobre su paradero.
La dimensión de los crímenes sexuales cometidos durante la dictadura también encuentra reflejo en los expedientes judiciales. Según los registros, 174 personas recibieron condenas por delitos de esa naturaleza, que afectaron a 270 víctimas, entre las cuales se contabilizan 230 mujeres y 40 varones. Este capítulo de la persecución penal, muchas veces postergado en la visibilidad pública, evidencia el carácter sistemático de las violaciones como práctica represiva.
El devenir de estos procesos no estuvo exento de retrocesos ni de tensiones institucionales. En 2017, la sociedad argentina se movilizó masivamente frente a la posibilidad de que el llamado fallo “2×1” de la Corte Suprema derivara en la liberación anticipada de genocidas ya condenados. Pese a la rápida reacción popular y legislativa que neutralizó aquel riesgo, desde entonces una cantidad considerable de represores accedió a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de sus penas. Paralelamente, durante la administración de Mauricio Macri se consolidó una tendencia que no hizo más que profundizarse con el paso del tiempo: el arresto domiciliario se convirtió en el mecanismo predominante para el cumplimiento de las condenas.
Uno de los aspectos que persiste como una deuda central es el que atañe a los partícipes civiles del terrorismo de Estado. Ese sector ha quedado prácticamente al margen de la sanción penal, conformando una franja de impunidad que contrasta con los avances logrados en las causas contra los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ni ellos ni los militares encarcelados rompieron a lo largo de todo este tiempo los pactos de silencio que aún hoy impiden conocer el paradero de las personas desaparecidas ni la identidad de los nietos y nietas que continúan siendo buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese punto, la memoria se enfrenta no solo a la resistencia judicial y política, sino también a la mudez sostenida de quienes podrían aportar las verdades pendientes.
