En una madrugada signada por operativos relámpago, la destitución de la mandataria y un aluvión de proclamas castrenses, la Nación quedó sometida al control operacional de la junta militar. Mientras los comunicados oficiales hablan de “vacío de poder”, la realidad impone censura, persecución ideológica y la desaparición forzosa de cientos de activistas.
En las primeras horas de la jornada, cuando la oscuridad aún envolvía los centros urbanos, la cadena nacional de radio y televisión irrumpió con un mensaje lapidario. El parte inicial, difundido a través de la red oficial, notificó a la ciudadanía que, desde ese instante, el territorio nacional quedaba bajo el dominio operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Con esa escueta declaración, los uniformados quebrantaron nuevamente el legado fundacional de José de San Martín, poniendo de manifiesto una fractura institucional de profundas raíces históricas.
Los edictos subsiguientes se sucedieron sin pausa, delineando un escenario de control total. Se clausuró el ejercicio de la política partidaria, se anuló el derecho a la huelga y se disolvieron las organizaciones gremiales, con una proscripción explícita para aquellas corrientes identificadas con el marxismo. Tanto la Confederación General del Trabajo (CGT) como la Confederación General Económica (CGE) fueron intervenidas de manera fulminante. Con el objetivo de extirpar cualquier conato de resistencia obrera, las plantas fabriles fueron declaradas objetivos de interés castrense, al tiempo que los empleados estatales y de los servicios públicos quedaron sujetos a la órbita militar. Paralelamente, efectivos de las distintas fuerzas desplegaron operativos en los principales centros industriales del país, resultando en el traslado forzoso de centenares de delegados y militantes sindicales hacia destinos inciertos.
Las primeras muestras de respaldo público no tardaron en llegar. Desde las páginas del diario La Prensa, organizaciones como la Comisión Reafirmación de la Revolución Libertadora y la Acción Patriótica Nacional hicieron pública su adhesión mediante solicitadas. A ellas se sumó la voz del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Adolfo Tortolo, quien se apresuró a respaldar a los nuevos mandatarios.
En sus comunicados, los mismos jefes militares que en los meses precedentes habían exhibido una ferocidad inusitada a través de secuestros y ejecuciones ilegales, adoptaron un tono imbuido de soberbia y un marcado paternalismo para justificar el quiebre del orden constitucional. Argumentaron sentirse “obligados” a dar este paso, afirmando que se habían agotado todas las instancias del mecanismo constitucional y que resultaba imposible recuperar el proceso por las vías institucionales naturales. La proclama, suscripta por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, hablaba de un “tremendo vacío de poder” que amenazaba con sumir al país en la disolución y la anarquía, atribuyendo al gobierno depuesto una falta de capacidad de convocatoria, contradicciones permanentes y la ausencia de una estrategia global para enfrentar la subversión.
La catarata de disposiciones comenzó a emitirse cerca de las tres y veinte de la madrugada. Sin embargo, para entonces, la suerte de la mandataria ya estaba sellada. María Estela Martínez de Perón había sido detenida horas antes. Aunque la circulación de información sobre esos instantes iniciales estaba vedada, trascendió que cerca de la una de la madrugada la presidenta había decidido abandonar la Casa de Gobierno en helicóptero con rumbo a la quinta presidencial de Olivos. Durante el trayecto, el piloto recibió la orden de modificar el rumbo y aterrizar en Aeroparque, donde una comisión militar —integrada por el general José Villarreal, el contralmirante Pedro Santamaría y el brigadier Basilio Lami Dozo— consumó su aprehensión.
En medio de esta convulsión, una reunión gremial en el Ministerio de Trabajo era abruptamente interrumpida. Allí se encontraban, junto al ministro Miguel Unamuno, figuras sindicales como Lorenzo Miguel, José Triaca, Adalberto Wimer, Oscar Smith, Osvaldo Papaleo y su asesor Carlos Campolongo. Lo que había comenzado con visos de diálogo constructivo se desvaneció con una llamada telefónica: un periodista les confirmó la detención de la presidenta y la consumación del golpe. Los presentes abandonaron el edificio entonando la Marcha Peronista, pero a lo largo de esa jornada, varios de ellos —incluyendo al propio Unamuno y a Lorenzo Miguel— cayeron detenidos.
La cacería emprendida por los militares no se limitó a los grupos guerrilleros. Alcanzó a dirigentes gremiales, funcionarios públicos y políticos de diversas extracciones que resultaban sospechosos a los ojos del nuevo régimen. Sedes sindicales de entidades como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Federación de Prensa fueron allanadas y clausuradas. En las villas de emergencia, los barrios populares y las fábricas, los operativos se multiplicaron, dejando un saldo de centenares de activistas aprehendidos. En la capital, un hecho sangriento marcó la jornada: dos personas perdieron la vida al resistir la ocupación del local del Partido Comunista en la calle Callao. Para muchos militantes de esa corriente, que en los últimos tiempos habían intensificado sus contactos con jefes castrenses en un intento desesperado por evitar el desenlace, la crudeza de la represión resultó inesperada, aunque algunos todavía se aferraban a la ilusión de que se trataba de excesos circunstanciales.
Mientras tanto, la prensa se convertía en un mero altavoz de la dictadura. Los diarios que llegaron a los quioscos solo reproducían la información suministrada por la agencia oficial Télam, limitándose a publicar las proclamas castrenses junto con las biografías y los supuestos méritos de los nuevos funcionarios, desde los comandantes en la cúspide hasta los delegados que asumían el control de las provincias y los ministerios. La cantidad de cargos ocupados revelaba la magnitud del aparato militar que se había estado sosteniendo, y que ahora, además de ostentar el poder absoluto, engrosaría sus ingresos percibiendo dobles remuneraciones. La situación adquiría ribetes patéticos si se contrastaba con uno de los principales argumentos esgrimidos por los golpistas para justificar su accionar: la lucha contra la corrupción.
En el ámbito económico, las señales no tardaron en aparecer. Las Confederaciones Rurales Argentinas y la CARBAP levantaron el paro ganadero que mantenían vigente, mientras que la primera gestión de la nueva cúpula fue solicitar al Fondo Monetario Internacional un desembolso cercano a los 127,6 millones de dólares, una operación que, según los especialistas, sería aprobada en tiempo récord.
Pese a que el país se transformaba en una inmensa prisión bajo vigilancia militar, la rutina en las calles no parecía alterarse mayormente. La ciudadanía, atenta al despliegue de fuerzas, realizó sus actividades con aparente normalidad. Las voces de respaldo explícito fueron escasas, con la excepción notable de monseñor Adolfo Tortolo. El arzobispo de Paraná, tras visitar a los altos jefes en la Casa de Gobierno, instó a la población a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno para restaurar el espíritu nacional y lograr una convivencia franca. Sostuvo que ese acompañamiento no debía quedar en palabras, sino enfatizarse con hechos. En su prédica, el religioso parecía resignado a bendecir el infierno terrenal que comenzaba a forjarse para sus compatriotas.
