La Agencia de Administración de Bienes del Estado oficializó la subasta del inmueble de Avenida Rivadavia al 4615, que había sido cedido en 2023 para convertirse en la sede principal de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. La operación se enmarca en un plan más amplio de privatización de decenas de propiedades públicas.
El Gobierno nacional selló el destino de un inmueble emblemático de la Ciudad de Buenos Aires al poner en marcha el proceso de remate de un edificio ubicado en el corazón de Caballito, el cual había sido asignado en 2023 para albergar la sede central de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa). La decisión, que ya se encuentra publicada en el portal oficial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), consolida un giro en la gestión de los activos del sector público bajo la administración de Javier Milei, quien había dispuesto la remoción del espacio a la casa de altos estudios a fines del año pasado, tras la intervención dispuesta sobre esa institución académica.
El remate de la propiedad situada en Avenida Rivadavia 4615 se enmarca dentro de un ambicioso programa estatal que busca transferir al mercado privado más de ciento ochenta inmuebles y terrenos pertenecientes al patrimonio fiscal. La subasta, programada para el jueves 30 de abril, fijó un precio base de 905 mil dólares para la estructura de cuatro niveles, cuya tipografía es descrita en los pliegos oficiales como “Petit Hotel”. La documentación difundida por la AABE detalla que la construcción se encuentra en estado de abandono, con un nivel de conservación regular y sus terminaciones interiores visiblemente deterioradas, sin hacer mención alguna a los proyectos académicos que hasta hace pocos meses se proyectaban para ese espacio.
El inmueble había sido transferido a la universidad en febrero de 2023 por impulso del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de los preparativos para la conversión del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo en una universidad nacional autónoma, proceso que se concretaría en septiembre de ese año mediante una ley sancionada por el Congreso. Aquella cesión fue concebida como una medida de jerarquización institucional y reparación simbólica, ya que el edificio, si bien pertenecía al ámbito del Ministerio de Defensa por su antigua dependencia del Estado Mayor de la Armada, se hallaba desocupado, cerrado con rejas y en desuso. En aquel entonces, las autoridades señalaron que la nueva sede única y permanente permitiría desplegar las tres líneas estratégicas de la institución: la formación universitaria en derechos humanos, las tareas de alfabetización en contextos de encierro, y la apertura de actividades extracurriculares para la ciudadanía. Asimismo, se remarcó la necesidad imperiosa de ampliar los espacios ante el crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil y el incremento de las plantas docente y no docente.
Sin embargo, el proyecto de consolidación de aquella sede principal quedó trunco tras la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo sobre la universidad, con respaldo de la Justicia Federal, un movimiento que sentó las bases para la posterior desafectación del inmueble. En noviembre pasado, la AABE publicó en el Boletín Oficial una resolución en la que argumentaba la reversión de la cesión bajo el principio de “racionalización del espacio físico del patrimonio inmobiliario estatal”, con miras a un supuesto “mejor aprovechamiento” de los recursos.
Más allá de este caso puntual, la cartera de bienes a privatizar que maneja la Agencia incluye otras siete subastas abiertas en distintos puntos del territorio nacional, todas con fechas definidas en el corto plazo. Entre los activos más relevantes figura un extenso predio de 66,7 hectáreas situado en la localidad bonaerense de Campana, a orillas del Río Paraná, cuyo valor de salida ronda los 7 millones de dólares y está orientado a un “desarrollo productivo”. En la provincia de Córdoba, también se pondrá a la venta un terreno de dos hectáreas ubicado en el barrio San José de Argüello, donde se erige la denominada Casona de Argüello, una construcción patrimonial de principios del siglo pasado que perteneció al exgobernador Félix Garzón y que funcionó como centro cultural hasta hace algunos años. Pese a que la propia descripción de la subasta reconoce el valor histórico del inmueble a nivel municipal, el proceso de remate seguirá su curso el próximo 1 de abril, con un precio base de 1,4 millones de dólares.
De esta manera, lo que en su momento fue concebido como un acto de restitución simbólica y de expansión educativa para una universidad atravesada por la memoria y los derechos humanos, hoy se transforma en una pieza más dentro de una política de desprendimiento patrimonial que el Gobierno impulsa a lo largo y ancho del país.
