El tribunal neoyorquino desestimó el reclamo de los fondos especulativos que exigían 16 mil millones de dólares, validando la constitucionalidad de la expropiación. Sin embargo, la celebración del presidente Javier Milei contrasta con sus previos cuestionamientos a la política de soberanía energética, generando un debate sobre la coherencia del discurso oficial y la defensa de los intereses nacionales.
En un desenlace que marca un hito en la extensa disputa judicial por la petrolera estatal, la justicia de Estados Unidos emitió un fallo categórico que desestimó la demanda impulsada por los fondos buitre Burford Capital y Eton Park. Estos actores financieros buscaban una condena contra el país sudamericano por un monto cercano a los 16 mil millones de dólares, sin contar los intereses acumulados, lo que además habilitaba la posibilidad de embargos o incluso la entrega de la compañía. El veredicto, celebrado por amplios sectores, no solo representó un alivio económico para las arcas nacionales, sino que también sentó un precedente al validar la legalidad de la decisión adoptada por el Estado argentino más de una década atrás.
La resolución judicial resultó contundente en sus fundamentos. Los magistrados estadounidenses concluyeron que la expropiación de YPF, ejecutada durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, se ajustó estrictamente al ordenamiento jurídico argentino y fue llevada a cabo con fines de utilidad pública. Este punto resultó central para la defensa nacional, que a lo largo de los años sostuvo que los tribunales de Nueva York carecían de jurisdicción para revisar actos de gobierno vinculados al derecho público argentino. Tal como explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la estrategia jurídica se basó en demostrar que la medida se encontraba en sintonía con la normativa constitucional y legal vigente.
Sin embargo, la celebración oficial desplegada desde el Gobierno nacional estuvo lejos de ser unánime en su discurso. El presidente Javier Milei se apresuró a adjudicarse el triunfo como un logro personal de su administración, atribuyendo el resultado a la gestión de las relaciones bilaterales y a los viajes realizados. Esta postura fue rápidamente contrastada por diversos analistas y dirigentes políticos, quienes señalaron las marcadas contradicciones del mandatario. En múltiples ocasiones, tanto antes de asumir el poder como durante su gestión, Milei había manifestado su apoyo explícito a los argumentos de los demandantes, calificando la expropiación como un acto ilegítimo y asegurando que el país debía pagar a los fondos especulativos.
La inconsistencia se profundizó al analizar sus declaraciones públicas. Mientras el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York destacaba la legalidad de la medida, el Presidente utilizó la cadena nacional para reiterar su visión personal, definiendo como «verdad irrefutable» que «expropiar está mal», equiparándolo incluso con un acto de robo. Esta afirmación, lejos de alinearse con la sentencia, contradijo abiertamente el espíritu del veredicto que su propio gobierno se jactaba de haber conseguido. Sebastián Soler, ex procurador del Tesoro y conocedor profundo del litigio, subrayó que la Cámara neoyorquina inclusive insinuó que el caso nunca debió haber sido tratado en esa jurisdicción, cuestionando la actuación previa de la jueza Loretta Preska.
Las reacciones no se hicieron esperar entre los protagonistas originales de la nacionalización. La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner remarcó que el dictamen dejó en claro que la recuperación de la empresa fue una decisión estratégica para el país, cuyo resultado tangible es el superávit energético actual gracias al desarrollo de Vaca Muerta. En una línea similar, el gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó el fallo como una evidencia que desmonta «años de mentiras», señalando que el relato impulsado por los fondos buitre colapsó ante la solidez de una política de Estado. Kicillof ironizó además sobre la paradoja actual, donde el oficialismo, que califica su gestión como un «impuesto», hoy se beneficia de los dólares que genera la petrolera que él mismo defendió.
La falta de coherencia del discurso oficial se manifestó también en los hechos concretos. Casi en simultáneo con el festejo judicial, el Presidente anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar el instrumento normativo que permitió la expropiación. Esta iniciativa, que busca cambiar la ley de Expropiaciones bajo el argumento de evitar futuros «errores», resulta incongruente con la reciente validación judicial. De haber estado vigente esa nueva normativa en 2012, la estatización de YPF y la posterior soberanía energética alcanzada habrían sido inviables. Analistas coincidieron en que mientras la gestión actual se atribuye el éxito del fallo, en los hechos, la defensa en la apelación continuó utilizando los mismos argumentos legales que había planteado la administración anterior, aunque con un trasfondo de declaraciones públicas que, según voces como la de Soler, resultaron «desagradables y oportunistas».
Finalmente, el proceso judicial, que se inició en 2015 y que tuvo un revés en primera instancia en 2023, llega a una instancia donde las partes aún pueden apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque los especialistas consideran improbable que el máximo tribunal acepte revisar un caso que se centró en cuestiones de derecho soberano argentino. El ex procurador Soler concluyó que la victoria se cimentó en la corrección de la política de Estado, más allá de los vaivenes discursivos, sentenciando que “ganamos el juicio porque teníamos razón”, subrayando que la expropiación fue correcta y que los intentos por desligitimar aquella decisión quedaron sin sustento frente a la ley.
