La Casa Rosada y la conducción libertaria en Diputados aceleran negociaciones para colocar dirigentes de máxima confianza al frente de Juicio Político, la Bicameral de Inteligencia y la comisión de DNU. La prioridad es contener investigaciones sensibles y evitar fisuras internas en un escenario parlamentario cada vez más tenso.
La disputa por el control de las comisiones más delicadas para el Gobierno nacional sigue abierta en la Cámara de Diputados y en el Congreso, en medio de una pulseada política donde el oficialismo intenta asegurarse el manejo de espacios decisivos para su supervivencia institucional. Mientras se demora la conformación definitiva de organismos estratégicos, en los pasillos del Parlamento crece la circulación de nombres que podrían quedar al frente de Juicio Político y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), dos ámbitos que el oficialismo considera determinantes para contener investigaciones, bloquear iniciativas opositoras y sostener el blindaje político del presidente Javier Milei.
En ese tablero, una de las figuras que gana fuerza es la diputada Lilia Lemoine, señalada como posible presidenta de la comisión de Juicio Político. Su eventual desembarco en ese cargo no sería un movimiento menor ni casual. En el universo libertario la legisladora aparece como una de las dirigentes de mayor lealtad al núcleo duro del mileísmo, y su nombre se asocia directamente con la necesidad de cerrar el paso a expedientes incómodos para la administración nacional, entre ellos el creciente escándalo vinculado a la causa $Libra, que ya empezó a escalar en la agenda legislativa y judicial.
Todo indica que la comisión no se terminará de constituir hasta después de Semana Santa, y dentro de ese esquema empieza a desdibujarse la posibilidad de que el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni, quede al frente de ese cuerpo. En cambio, la opción de Lemoine toma volumen como una señal política explícita: el objetivo del oficialismo no sería impulsar el funcionamiento activo de la comisión, sino administrarla con un perfil de contención y control.
La sola posibilidad de que la diputada libertaria asuma ese rol ya genera comentarios dentro y fuera del Congreso. En ámbitos parlamentarios se advierte que se trata de una designación cargada de simbolismo, no solo por su exposición pública y cercanía con el Presidente, sino también porque se trata de un cargo que históricamente fue ocupado por dirigentes con fuerte formación jurídica o extensa experiencia legislativa. Aunque el reglamento de la Cámara baja no exige una condición profesional específica para presidir Juicio Político, la tradición parlamentaria le dio siempre a ese espacio una impronta técnica y política de alto voltaje. En ese contexto, la eventual postulación de Lemoine no pasaría inadvertida y pondría bajo la lupa el discurso con el que sus propios compañeros de bancada deberían justificar su candidatura.
Detrás de esa jugada también aparece con claridad la mano de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, que busca evitar a toda costa una reedición del conflicto que en su momento protagonizó la diputada Marcela Pagano. Aquel episodio todavía resuena en el oficialismo como una señal de alarma. La periodista había intentado avanzar sobre la presidencia de Juicio Político con respaldo opositor y sin el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, un movimiento que expuso tensiones internas y dejó al descubierto la fragilidad del control libertario sobre ciertas decisiones institucionales. Esta vez, la orden parece ser otra: ningún margen para sorpresas y ninguna comisión sensible en manos de dirigentes con autonomía propia.
La urgencia libertaria por cerrar ese casillero también está directamente vinculada con el avance del caso $Libra, que promete convertirse en uno de los ejes más explosivos de la actividad parlamentaria en las próximas semanas. Desde la oposición ya se trabaja en la elaboración de un pedido de informes para que el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei respondan un extenso cuestionario vinculado al escándalo de la criptomoneda. La iniciativa surge a partir de una medida dispuesta por la comisión investigadora y podría abrir una nueva etapa de desgaste para la Casa Rosada si logra consolidar respaldo político suficiente.
En ese escenario, la integración de la comisión será tan importante como su presidencia. Allí también se juega una parte sustancial del blindaje oficial. Sobre un total de 31 bancas, La Libertad Avanza y sus aliados inmediatos quedarían en una posición ventajosa: el oficialismo contará con 13 lugares, mientras que el interbloque Fuerza del Cambio sumará otros tres escaños, entre ellos los de Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, a los que se agregará un representante de la UCR. Enfrente, Unión por la Patria dispondrá de 11 lugares y el interbloque Unidos tendrá los cuatro restantes. La distribución confirma una realidad parlamentaria que inquieta a la oposición: aun con volumen político, los números no alcanzan con facilidad para imponer agenda ni para empujar definiciones sin acuerdos transversales.
Pese a ese escenario adverso, el peronismo ya tiene delineado el equipo que pretende llevar a la comisión para motorizar las principales embestidas contra el Presidente. Entre los nombres que asoman figuran Teresa García, José Gómez, Juan Grabois, Ramiro Gutiérrez, Juan Marino, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, un pelotón de dirigentes que anticipa una estrategia de confrontación fuerte, especialmente si el caso $Libra sigue sumando elementos de presión política y judicial.
Pero el frente de conflicto no termina ahí. La Bicameral de Inteligencia aparece como otro de los espacios donde el oficialismo quiere evitar cualquier margen de descontrol. Este año, la presidencia de esa comisión debe quedar en manos de un diputado, y nuevamente el Gobierno se mueve para garantizar que ese sillón quede reservado para un dirigente absolutamente alineado con la conducción política de la Casa Rosada. El antecedente más cercano no juega a favor del mileísmo: en 2024, una maniobra articulada entre radicales y peronistas terminó colocando al senador Martín Lousteau al frente del cuerpo, una jugada que desacomodó por completo los planes libertarios.
En ese contexto, el nombre que hoy aparece mejor posicionado es el de Sebastián Pareja, uno de los armadores políticos de mayor confianza de Karina Milei. Su eventual llegada a la presidencia de la CBI se inscribe en la misma lógica que ordena el resto de las decisiones: cerrar filas, impedir desbordes y controlar cualquier circuito institucional que pueda transformarse en una amenaza para el Gobierno. Sin embargo, en el Congreso nadie se anima todavía a darlo por hecho. Las experiencias recientes muestran que, cuando se trata de comisiones estratégicas, las mayorías pueden alterarse con movimientos quirúrgicos de último momento.
Durante las últimas semanas también había sonado el nombre de Gabriel Bornoroni para ese lugar, especialmente después de que se enfriaran las aspiraciones del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, quien había intentado hacer valer el peso de su espacio dentro de la comisión de Juicio Político para negociar la conducción de la Bicameral de Inteligencia. Según reconstruyen distintas voces parlamentarias, el dirigente macrista deslizó una advertencia política concreta: si no se le garantizaba ese lugar, no había compromiso automático del PRO para blindar a Javier Milei en los expedientes más sensibles. El oficialismo, sin embargo, eligió no ceder a esa presión y resolvió avanzar con la idea de colocar allí a un dirigente puramente libertario.
También en la Bicameral de Inteligencia aparece nuevamente el fantasma del caso $Libra. En despachos opositores ya se analiza la posibilidad de impulsar pedidos de documentación vinculados a la investigación que quedó en manos del fiscal Eduardo Taiano, en busca de establecer conexiones, responsabilidades o posibles omisiones dentro del entramado político y comunicacional del oficialismo. A eso se suma otro episodio que podría ingresar al radar legislativo: el video filtrado de Manuel Adorni en el aeropuerto de San Fernando junto a su esposa e hijos, una situación que algunos sectores de la oposición consideran susceptible de revisión dentro del ámbito de control parlamentario.
En el peronismo ya circulan además algunos nombres casi cantados para integrar esa comisión. Entre ellos sobresalen Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi, dos dirigentes con recorrido, peso político y experiencia en temas de inteligencia. En el caso de Rossi, su antecedente como interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández lo convierte en una figura especialmente relevante para ese tablero, tanto por conocimiento técnico como por capacidad de confrontación.
A la lista de preocupaciones del oficialismo se suma, además, otra comisión de enorme valor político: la Bicameral de DNU. En la presidencia de Diputados no olvidan todavía el desgaste que implicó su conformación en marzo del año pasado, cuando una jugada combinada entre el peronismo y sectores dialoguistas estuvo a punto de arrebatarle al oficialismo el control de un espacio determinante. En aquel momento, la comisión que debía expedirse sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo cerca de quedar bajo la conducción del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, en una maniobra que encendió todas las alarmas dentro del mileísmo.
Ese antecedente sigue muy presente en el radar de Martín Menem, que ahora busca adelantarse a cualquier reedición de ese escenario. La instrucción es clara: no repetir errores, evitar fugas y garantizar que las comisiones con poder de daño institucional queden bajo dominio de dirigentes confiables. El problema para el oficialismo es que, aunque conserva capacidad de maniobra, cada negociación se vuelve más áspera a medida que se acumulan tensiones políticas, investigaciones incómodas y fisuras en la alianza parlamentaria que sostiene al Gobierno.
En definitiva, la discusión por las presidencias y la integración de estas comisiones no responde a una cuestión meramente administrativa. Lo que se está resolviendo es mucho más profundo: quién controla los resortes de investigación, quién administra los tiempos del Congreso y quién tendrá capacidad de bloquear o habilitar los temas que más inquietan al poder. En esa pelea silenciosa, el oficialismo se juega algo más que nombres propios. Se juega, en buena medida, la capacidad de preservar su defensa política frente a una oposición que ya prepara nuevas ofensivas y frente a escándalos que amenazan con instalarse en el corazón del debate parlamentario.
