La disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo escala en el corazón del Gobierno, mientras la Casa Rosada encuentra oxígeno en el fallo favorable por YPF, en medio de denuncias, desgaste político y una economía con señales contradictorias
El presidente Javier Milei volvió a exhibir en las últimas semanas uno de los rasgos más distintivos de su forma de gobernar: una conducción profundamente concentrada en el frente económico, combinada con una marcada delegación del resto de las áreas sensibles del Estado. Esa lógica, que ya había despertado interrogantes en los primeros meses de gestión, se profundizó con la salida de Nicolás Posse y la consolidación del llamado “triángulo de hierro”, el esquema de poder que terminó por estructurar la dinámica interna del oficialismo, pero que hoy muestra fisuras cada vez más visibles.
En ese tablero, la disputa más áspera se libra entre Karina Milei y Santiago Caputo, dos figuras centrales en el andamiaje libertario, enfrentadas por el control político, institucional y estratégico de áreas clave del Gobierno. La tensión dejó de ser un murmullo de pasillos para transformarse en una puja concreta por resortes de poder que hasta hace pocos meses parecían blindados. Justicia, Inteligencia, comunicación, estructura parlamentaria y organismos de control forman parte de una avanzada que, lejos de disimularse, ya se expresa en movimientos visibles dentro de la administración nacional.
La impronta delegativa del mandatario ofrece múltiples ejemplos. Uno de los más comentados en la intimidad oficial fue su escaso vínculo previo con algunos funcionarios de primera línea. Ocurrió, por ejemplo, con Juan Bautista Mahiques, designado al frente del Ministerio de Justicia tras una reunión con el jefe de Estado apenas horas antes de su oficialización, en el Salón Blanco. El episodio dejó al desnudo una modalidad de gestión en la que la cercanía personal no siempre es condición excluyente para acceder a posiciones estratégicas, incluso en áreas históricamente reservadas a colaboradores de máxima confianza presidencial.
La ofensiva de Karina Milei sobre Justicia, iniciada semanas atrás, fue interpretada en la Casa Rosada como el primer capítulo de una serie de maniobras destinadas a recortar el margen de influencia de Santiago Caputo, el consultor que desde el comienzo de la administración libertaria había acumulado un poder transversal pocas veces visto en un asesor sin cargo formal. Esa avanzada cuenta, además, con el respaldo político de Martín Menem y Eduardo Menem, así como del operador conocido como “Lule”, todos alineados con la estrategia de encapsular al estratega presidencial.
Uno de los próximos objetivos de ese armado es la comisión bicameral de Inteligencia, una pieza decisiva dentro del esquema institucional por su capacidad de control parlamentario sobre la SIDE. Allí, Karina Milei buscaría impulsar a Sebastián Pareja, un dirigente de su extrema confianza, para quedarse con una posición que en otros despachos daban por destinada a Cristian Ritondo, aliado político de Caputo. El movimiento no es menor: supone un intento de rodear y vigilar desde el Congreso una de las áreas que el consultor todavía conserva bajo influencia.
En medio de esa guerra silenciosa, el Gobierno recibió un inesperado alivio judicial y político. La resolución de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto el fallo de primera instancia que obligaba a la Argentina a afrontar al menos USD 16.000 millones por la expropiación de YPF, significó un respiro en un momento particularmente adverso para la administración libertaria. Después de varias semanas atravesadas por tropiezos, denuncias, cuestionamientos internos y dificultades para imponer agenda, la decisión judicial funcionó como una bocanada de aire fresco para una Casa Rosada golpeada por una secuencia persistente de noticias negativas.
La victoria judicial no solo tuvo impacto jurídico y financiero. También se convirtió en un insumo político que Milei utilizó con rapidez para revalorizar a funcionarios vinculados al universo de Santiago Caputo, justo cuando esos sectores se sentían bajo asedio interno. En la breve cadena nacional grabada para celebrar la resolución, el Presidente destacó el trabajo de María Ibarzabal Murphy, a quien definió como una de las principales cerebros jurídicos de su gestión, y también el del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.
No se trató de un elogio inocente. Ibarzabal Murphy, exintegrante del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, llegó a la Secretaría Legal y Técnica impulsada por Caputo, aunque con el correr de los meses logró construir una relación directa y fluida con el propio Milei. Su rol en la estrategia judicial fue determinante en una causa que Argentina litigó en los tribunales de Manhattan con la asistencia del prestigioso bufete Sullivan & Cromwell, contratado durante la administración del Frente de Todos y posteriormente prorrogado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El fallo favorable permitió al oficialismo recuperar, aunque sea transitoriamente, un relato de eficiencia y profesionalismo que venía seriamente erosionado. Y ese deterioro tuvo uno de sus focos más sensibles en el frente político y comunicacional, donde la figura de Manuel Adorni quedó envuelta en un escándalo de creciente densidad judicial.
La conferencia de prensa que encabezó días atrás, en la que intentó defenderse con visible incomodidad frente a preguntas de los periodistas acreditados, no logró frenar el avance del caso. Por el contrario, la situación se agravó después de que el broker del vuelo a Punta del Este, Agustín Issin, y su secretaria, Vanesa Tossi, declararan ante el juez Ariel Lijo y contradijeran la versión oficial sobre quién abonó el viaje privado a Uruguay durante los feriados de carnaval.
Según esos testimonios, el vuelo fue pagado por Marcelo Grandío, periodista cercano a Adorni y contratado junto a su productora por la TV Pública. La situación judicial se complejizó aún más por los intentos de Grandío de desentenderse de la factura emitida por el servicio aéreo, así como por los contactos desesperados que, según trascendió, habría intentado mantener con la secretaria del broker cuando el caso se hizo público y las imágenes del viaje comenzaron a circular.
La causa, sin embargo, podría ser apenas la puerta de entrada a una investigación más amplia sobre el patrimonio del funcionario. El juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita evalúan ahora distintas derivaciones vinculadas a bienes y propiedades que podrían no haber sido incorporados en la declaración patrimonial oficial. Entre ellas figuran una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, y un departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, atribuido a la coach Bettina Angeletti, pareja del funcionario.
En el entorno de Adorni insisten en que todo responde a una campaña mediática y sostienen que la información será aclarada en su próxima declaración jurada. Sin embargo, el daño político ya está hecho. El caso impactó de lleno en un Gobierno que hasta hace poco se sentía cómodo en la batalla discursiva, pero que hoy muestra serias dificultades para sostener una narrativa cohesionada en medio de internas, desgaste público y una sucesión de episodios incómodos.
Ese deterioro encuentra eco en algunos sondeos recientes. De acuerdo con un estudio de la consultora CasaTres, una porción mayoritaria del electorado que acompañó a Milei en el ballotage de 2023 asegura no estar dispuesta a tolerar hechos de corrupción a cambio de estabilidad económica. En paralelo, mediciones de Innova Opinión Pública revelaron un retroceso en la valoración de la gestión presidencial tras la exposición de los casos Adorni y $LIBRA, en un contexto donde la imagen del vocero quedó particularmente golpeada.
La lectura que hacen en Balcarce 50 es que la resolución favorable por YPF llegó justo a tiempo para evitar que el clima adverso se transformara en un problema aún más profundo. También permitió al Presidente reactivar una de sus estrategias predilectas: la confrontación directa con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien el oficialismo ya proyecta como rival central en la disputa política hacia 2027.
La provincia de Buenos Aires aparece, en esa lógica, como el principal territorio a disputar en el mediano plazo. Pero la ofensiva política de la Casa Rosada tiene un correlato financiero de alto voltaje. En distintos municipios bonaerenses comienza a instalarse la preocupación por el ahogo presupuestario, la caída de la recaudación y el deterioro de la actividad. La reducción de transferencias nacionales, la merma en el consumo y el freno en sectores como la industria y el comercio están generando un cuadro de creciente fragilidad fiscal.
El último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica mostró un crecimiento moderado impulsado por rubros como la pesca, la agricultura y la actividad extractiva. Sin embargo, los números esconden una realidad muy desigual: los sectores con mayor peso urbano y con más incidencia en el conurbano bonaerense siguen bajo presión, especialmente el comercio mayorista y minorista y la industria manufacturera. Ese escenario golpea directamente la recaudación provincial y municipal, agravando las tensiones con la Nación.
Kicillof ya comenzó a mover fichas para responder a ese cuadro. Días atrás reunió a decenas de intendentes con el objetivo de unificar el reclamo bonaerense ante la Corte Suprema por los recortes en transferencias nacionales, entre ellos los vinculados al sistema previsional. La promesa del gobernador es clara: si esos recursos son recuperados, serán coparticipados con los municipios. El problema es que la urgencia financiera ya no admite largos plazos judiciales. En varios distritos, la situación es descripta como crítica. Algunos jefes comunales evalúan emitir letras; otros ya comenzaron a cubrir salarios mediante descubiertos bancarios.
En paralelo a esa pulseada con Milei, Kicillof intenta darle volumen a su proyección nacional, aunque sigue condicionado por una interna peronista que permanece abierta. Su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner y el núcleo de La Cámpora continúa atravesado por diferencias profundas, todavía sin resolución. Ni siquiera el fallo por YPF, que motivó posteos casi simultáneos del gobernador y la exmandataria, alcanzó para recomponer una comunicación que hoy permanece interrumpida.
Aun así, Cristina Kirchner conserva un peso decisivo dentro del peronismo. En su entorno aseguran que, pese a las limitaciones derivadas de su situación judicial y domiciliaria, sigue siendo un factor de ordenamiento interno. En las últimas semanas, incluso, volvió a involucrarse en conversaciones sobre la reorganización del PJ nacional y las perspectivas hacia 2027. Entre esas gestiones apareció una charla con Sergio Uñac, a quien felicitó por impulsar la realización de internas abiertas partidarias antes de fin de año.
La ex presidenta, según reconstruyen dirigentes que la frecuentan, considera que el peronismo necesita construir una alternativa con capacidad real de ganar en primera vuelta. En ese esquema, no descarta que emerja un liderazgo competitivo desde el interior del país. Uñac, de hecho, aspira a posicionarse en esa carrera y busca respaldo en distintos sectores políticos y empresariales.
Las dudas sobre el futuro político argentino, de hecho, también se proyectan hacia el mundo financiero. Desde Manhattan, varios interlocutores del sistema económico transmitieron en los últimos meses una inquietud persistente: qué pasará con Milei más allá de 2027 y cuán sólida es realmente su capacidad de reelección. Esa incertidumbre no solo afecta la lectura política; también condiciona expectativas de inversión, financiamiento y previsibilidad institucional.
En ese marco, el terreno judicial volvió a transformarse en una pieza central de la disputa de poder. Hasta hace poco, ese universo había estado fuertemente orbitado por Santiago Caputo, Amerio y su red de vínculos. La tentativa de impulsar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema había sido uno de los proyectos más ambiciosos de ese armado, en un plan más amplio que incluso contemplaba avanzar sobre la jefatura del Ministerio Público Fiscal, hoy bajo el interinato de Eduardo Casal.
Pero esa lógica comenzó a alterarse a partir de una decisión política de Karina Milei, fortalecida tras el resultado electoral de octubre y convencida de que debía dejar de compartir espacios de influencia con un consultor al que considera demasiado poderoso. Esa redefinición se expresó primero en una alianza táctica con un sector de la Corte, luego en movimientos dentro del Consejo de la Magistratura y finalmente en el desembarco sobre Justicia.
En ese recorrido también surgieron especulaciones sobre una eventual avanzada sobre la SIDE, aunque en el karinismo relativizan, al menos por ahora, esa posibilidad. Lo que sí parece confirmado es el intento de controlar desde el Congreso, a través de la bicameral de Inteligencia, una estructura que sigue bajo influencia de Caputo. La batalla, en definitiva, no es solo por cargos: es por la arquitectura profunda del poder libertario.
Y esa arquitectura no se limita a las áreas más visibles. La influencia del consultor se extiende a sectores menos expuestos pero de enorme peso económico y estratégico, como las licitaciones de la hidrovía o del Belgrano Cargas. En ambos casos aparecen funcionarios y dirigentes ligados a su entramado político, con presencia en procesos que podrían definir negocios e inversiones clave para los próximos años.
En el caso del Belgrano Cargas, por ejemplo, se viene trabajando en un esquema de licitación fragmentada que contempla por separado el material rodante, las vías y la infraestructura logística. La propuesta fue presentada semanas atrás ante potenciales inversores durante la Argentina Week en Manhattan, pero el proceso acumula demoras y genera interrogantes. Incluso en esa exposición, representantes del sector privado plantearon dudas sobre la viabilidad de un modelo de concesión que no ha dado buenos resultados en otras experiencias internacionales.
Todo eso ocurre mientras el Gobierno intenta administrar, al mismo tiempo, la economía, la interna, el frente judicial, la agenda parlamentaria y el desgaste de figuras que hasta hace poco parecían intocables. El fallo por YPF le permitió a Milei ganar tiempo, ordenar el discurso y mostrar una victoria concreta. Pero en la superficie de ese alivio persiste un dato imposible de ignorar: el oficialismo atraviesa una etapa de tensión creciente, con un equilibrio interno cada vez más frágil y con señales de fatiga política que ya empiezan a filtrarse en la opinión pública.
La gran incógnita es si ese oxígeno judicial alcanzará para estabilizar un gobierno que, aun cuando conserva centralidad y capacidad de impacto, empieza a dar muestras de vulnerabilidad en áreas que ya no pueden ser resueltas únicamente con ajuste, retórica o confrontación. Porque si algo dejó expuesto esta última semana es que, detrás del éxito celebrado en Nueva York, la administración libertaria sigue librando una pelea mucho más compleja y decisiva: la de su propia supervivencia política.
